Cuando apenas se estaba radicando la reforma a la justicia en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional, las críticas a la enmienda constitucional se empezaron a conocer por diversos sectores políticos.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló que la reforma es una oportunidad histórica que convoca el compromiso de las tres ramas del poder y que hace parte “de un conjunto de medidas de un proceso que ya está avanzando y que no se agotará con el sólo acto legislativo. Además se construyó basada en el respeto por la independencia de los poderes y pensando en el bienestar de los colombianos”.
Borrero, quien radicó el proyecto con su colega de gabinete, la ministra del Interior, Nacy Patricia Gutiérrez, tan sólo estuvo acompañada de congresistas de parte del partido Mira, en cabeza de su presidente y senador, Carlos Eduardo Guevara, pero nadie de otros partidos, como el presidente del Senado, Ernesto Macías.
Los cuestionamientos a la propuesta vinieron inicialmente de parte del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, quien declaró que “la carrera en la presentación de reformas tan importantes como la de la justicia, es lo que hace que siempre fracasen, por no tener concertaciones profundas con las instituciones”.
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Sin embargo, fue el partido Cambio Radical desde donde surgió la aseveración más contundente, al señalar que la misma fue un plagio de la reforma a la justicia que esa colectividad ya había presentado.
El exministro Luis Felipe Henao sostuvo que “el Ministerio de Justicia presenta una reforma a la justicia plagiada de la reforma de Cambio Radical y no lo reconoce en su comunicado de prensa”.
Considera que los ejes temáticos que se anuncian son los mismos: transparencia, eficiencia y seguridad jurídica, como también el aumento de requisito de experiencia para ser magistrado a 20 años, creación de la dirección de la rama judicial, obligatoriedad del precedente judicial y limitación de la posibilidad de interponer una acción de tutela solo a los afectados directos.
Al respecto, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez sostuvo que el proyecto busca ser discutido con todos los partidos, y que el mismo, como otras iniciativas, recoge la solución “a todas las enfermedades que tiene la justicia en el país”.
La ministra Borrero declaró, al respecto, que el proyecto fue construido durante más de un mes y medio y se tuvo un “diálogo con la comisión interinstitucional, la rama judicial y con las fuerzas políticas”.
Para el senador Guevara, los colombianos están demandando “celeridad y transparencia”, por eso fue que el partido político Mira decidió acompañar “el trámite del proyecto radicado hoy por el Ministerio de Justicia”.
La reforma
Una de las propuestas que se plantea es eliminar las facultades electorales que tienen las altas cortes para escoger al Procurador, al Auditor y al Registrador Nacional, que serán elegidos por el Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sí elegirá al Fiscal General de la Nación.
También se busca aumentar inhabilidades, por lo que se propone que los magistrados de las altas cortes y los miembros de la Comisión de Carrera Judicial no puedan recomendar a nadie para un órgano de control o la Rama Ejecutiva, con sanción de pérdida del cargo, que sus parientes no puedan trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado y que después de dejar el cargo no puedan litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción durante cuatro años.
Un artículo más busca regular las mayorías y el quórum para elegir en las cortes, en tal sentido, si no se logra la elección en una primera votación, las mayorías requeridas van descendiendo.
También se busca permitir a las Salas Plenas, con mayoría calificada, suspender a los magistrados cuya conducta afecte gravemente la confianza pública en la corte.
Un aspecto más es que aumenta a 20 años el tiempo de experiencia requerido para un magistrado de un alto tribunal.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se busca agilizar los procesos. Para eso se reforma el reglamento del Congreso, para que la Cámara de Representantes y el Senado ejerzan rápidamente la función de acusar o no a los funcionarios aforados.
También se propone la reforma a la Comisión de Disciplina Judicial, que será elegida por la Comisión de Carrera Judicial por concurso de méritos, será independiente del nuevo órgano de gobierno y tendrá jerarquía de Tribunal.
