Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la desaparecida guerrilla de las Farc, el ritmo en la ejecución de los recursos para la implementación del pacto que puso fin al conflicto  con este grupo no solo avanza lentamente, haciendo que el proceso pueda tardar hasta 25 años, sino que son varios los riesgos que se evidencian en sus fuentes de financiación.

Esta es una de las principales conclusiones del cuarto informe de seguimiento a los dineros destinados para el posconflicto durante la vigencia 2019, que la Contraloría General de la República le acaba de entregar al Congreso.

“En ninguno de los años de implementación se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos por año en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, gualmente, en que menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), “por debajo de las expectativas de financiación contempladas en el Marco Fiscal y en el Plan Plurianual de Inversiones, PPI de Paz del PND 2018-2022”. 

MFMP, (65% ejecución entre 2017 y 2019)”, señala el documento.

En este se hace énfasis, iAllí también se advierte que hay un riesgo importante de sostenibilidad financiera del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pese a que se mantienen los compromisos con 82.240 familias inscritas.

Esta es una de las iniciativas del acuerdo que mayor expectativa generó en departamentos como Norte de Santander, que encabeza la lista de regiones con más área sembrada de coca, y en donde decenas de familias se acogieron a los beneficios, pero persisten los incumplimientos frente a lo prometido.

El ente de control explicó que al respecto encontraron un desbalance en la ejecución de recursos para algunas de las necesidades más urgentes de la implementación, pues para este año es muy baja la asignación de los dineros orientados hacia la implementación del punto 4, que tiene que ver con la Solución al Problemas de las Drogas: apenas 2% del total.

Esto, en consecuencia, podría acarrear un retraso mayor en el cumplimiento de los compromisos establecidos con las familias inscritas al programa y un riesgo más alto de resiembra de los cultivos ilícitos.

“Adicional, se indican retrasos en los pagos de la Asistencia Alimentaria Inmediata”, dice el informe.

La Contraloría también agrega que: “se reitera el riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que el proceso de formulación de iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se surtió sin la aprobación de la mayoría de los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.

Dice el organismo que, tras cuatro años de la firma del acuerdo, prevalece el riesgo de que no haya un cálculo de la totalidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo pactado, debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales.

Déficit de la Reforma Rural Integral

En el seguimiento hecho por el ente de control fiscal a los recursos de la paz, también encontró que es probable que se pueda presentar un déficit en la financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral, uno de los puntos más importantes para la transformación de los territorios duramente afectados por el conflicto, como el Catatumbo.

“Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017, la Contraloría identifica un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones”, dice el informe.

Sobre este mismo punto, la entidad detectó que hay una limitada formulación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, demoras en la implementación del Catastro Multipropósito, pocos avances en el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional, rezago en la meta de elaboración del inventario de la red vial terciaria, al igual que en los planes de vivienda y agua potable, entre otros proyectos claves que se contemplaron.

“Se aprecia una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 sin tener en cuenta que el punto 1 (Reforma Rural Integral) es el que más supone inversiones de acuerdo al Plan Marco de Implementación”, concluyó la Contraloría.

Sin tierras para la reincorporación

Si bien la Contraloría señala que hay avances en materia de reincorporación social y económica de los exintegrantes de la guerrilla que decidieron dar el salto a la legalidad, también indican que hay demoras en los procesos de adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos que hacen parte de ese mismo proceso.

“La no adjudicación de tierras con fines de reincorporación y la inestabilidad jurídica de algunos de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación (ETCR), deben ser de especial cuidado, de acuerdo con el Decreto 902, para la implementación e inversión de los diferentes procesos de reincorporación”, señala el informe.

Y agrega que para la vigencia 2019 y el primer trimestre de 2020 no encontraron evidencia de que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos encaminados a la reinserción de los excombatientes.

El ETCR de Caño Indio, en Tibú, fue uno de esos lugares en los que el año pasado el Gobierno y los líderes de las Farc acordaron formalizar el proceso de compra de uno de los dos predios que componen el Espacio Territorial, con el fin de poner a rodar los proyectos productivos por parte de los exguerilleros.

El Gobierno anunció, igualmente, la compra de un segundo predio fuera del ETCR para desarrollar los proyectos de vivienda de los 84 desmovilizados que aún permanecen en la zona.

Sin embargo, un año después, Karina Galván, enlace de reincoporación y líder de la cooperativa que conformaron los excombatientes del frente 33, asegura que, aunque ya entregaron unos documentos, hace mucho no saben en qué etapa se encuentra el trámite

‘Hemos ido mucho más allá’

Aunque por ahora el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, no se ha pronunciado sobre el informe entregado por la Contraloría, como parte del balance de los dos años del gobierno de Iván Duque, el funcionario manifestó que el resultado de la implementación hasta el momento es positivo.

“Tenemos las planeaciones a largo plazo, hemos focalizado los recursos y hemos avanzado en estos 20 meses mucho más de lo que proporcionalmente nos corresponde, dentro de un programa que es de implementación a 15 años”, dijo. 

En materia de recursos, dijo que el Gobierno y el Congreso de la República vienen trabajando, “en modo de urgencia”, para expedir la reglamentación de la reforma a las regalías, por la importancia que representa el adelanto del 7% que está destinado al cumplimiento de los PDET.

“En este momento ya hay 651 proyectos estructurados, por $5,8 billones, y unos que estamos terminando de estructurar, 600, por $2 billones”, dijo Archila.