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Lunes, 20 Enero 2020 - 3:26pm

¿Contralorías y personerías fomentan la corrupción?, se abre el debate sobre su elección

Se estudia si existe amiguismo político y corrupción en ambas entidades.

Colprensa
esta limitación en las funciones de control por parte de los contralores regionales genera mayores posibilidades de corrupción en los territorios y añade que la vigilancia que hacen ha perdido eficacia.
/ Foto: Colprensa

La suspensión de la elección del Contralor Departamental de Antioquia y los cuestionamientos por politiquería en la de Santander y la del Valle del Cauca, volvieron a abrir el debate sobre si estas entidades deben permanecer como una herramienta de control fiscal, o si deben ser eliminadas y mejor buscar robustecer la Contraloría General.

Esta no es la primera vez que se discute en el país la posibilidad de acabar con ellas en las regiones. En septiembre del año pasado, un grupo de 30 congresistas impulsó una iniciativa que buscaba eliminar las 65 entidades territoriales que hoy existen, porque se consideró que se han convertido en fortines políticos que permiten corrupción.

El proyecto no prosperó en el Legislativo, pero hoy está de nuevo en el centro del debate, justamente por casos de amiguismos políticos y corrupción.

¿Qué está pasando?

Expertos en análisis político coinciden en que, tal vez, la problemática que más afecta a las contralorías territoriales es la influencia de intereses de sectores políticos, que terminan, en muchos casos, por incidir en la elección de estos funcionarios, buscando que sean cercanos política e ideológicamente a ellos.


Por eso, están de acuerdo en que uno de los cambios radicales que deben incorporarse a la elección de los contralores regionales es, precisamente, el método como son elegidos para que se garantice que quien llegue a la corporación lo haga por su hoja de vida y experiencia y no por apoyos de mandatarios o políticos de la región.

Y es que la elección de estos funcionarios en los departamentos se da después de que presentan pruebas de conocimiento ante universidades y luego son escuchados por los concejos municipales o las asambleas departamentales -según sea el caso- y, en no pocas oportunidades, prima la política por encima de la experiencia en control fiscal.

Jaime Bernal Cuellar, quien fue procurador de la Nación y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sugiere que “hay que modificar el sistema de elección para que sea verdaderamente por un concurso de méritos, que puede estar reglamentado por la academia, pero esto debe darse no solamente en contralorías departamentales, sino en todos los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía”.

El exprocurador asegura, además, que “desafortunadamente la justicia se politizó, “en esto el país tiene que ser consciente y cambiar el sistema de elección. Cuando hay influencias políticas se desnaturaliza el control fiscal”.

Bernal añade que de no solucionar estas situaciones irregulares, en el futuro se enfrentarán problemas que hoy ya sufre el país y que no han sido atendidos.

“Sé de los problemas en contratación, la corrupción en esos procesos, falta de control en la ejecución de las obras, los elefantes blancos que están denunciando, las obras que han dejado a medias”.

Por su parte, el docente de la Universidad Externado Isidro Hernández dice que, aparte del problema de que la decisión final la toman políticos de las asambleas o concejos, es que los candidatos usualmente provienen de la Rama Judicial y en algunos casos no son expertos en temas de control fiscal.

“La mayoría de contralores no saben realmente de control fiscal. No todos los municipios tienen contralores; solo hasta municipios de tercera categoría tienen posibilidad de tener Contraloría; en los de cuarta, quinta y sexta el control lo hace la Contraloría Departamental. Pero ni los municipios eligen contralores que sepan de control fiscal, así como tampoco lo hacen los 32 departamentos del país”, explica.

Además, Hernández advierte que el control fiscal en las regiones del país ha sido limitado a acciones de auditoría. “Lo que dice la Constitución del 91, más el acto legislativo cinco, es que las contralorías deben hacer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado. La auditoría es apenas una acción, su labor es más integral”, explica.

El experto asegura que esta limitación en las funciones de control por parte de los contralores regionales genera mayores posibilidades de corrupción en los territorios y añade que la vigilancia que hacen ha perdido eficacia, pero no es partidario de que sean eliminadas, como se propuso en 2019 en el Congreso.

Quien sí cree que la solución a los problemas de las contralorías territoriales es eliminarlas es el excontralor Edgardo Maya Villazón, quien insiste en que solo debería existir una contraloría para todo el país. Considera que solo de esta manera podrá fortalecerse el control fiscal en el país.

“No hay razón para que un país como el nuestro tenga 65 contralorías, donde cada una actúa autónoma e independientemente, con distintos orígenes. Eso se presta para que la lucha contra la corrupción no se haga desde una única Contraloría. Desde hace mucho tiempo se debieron a abolir las contralorías territoriales, que son las departamentales y las municipales”, dice el excontralor.

Además, Maya añade que los escándalos y las irregularidades presentadas a nivel de las contralorías regionales continuarán indefinidamente hasta que no cambie la estructura de control fiscal en el país.

¿Y las personerías?

Es necesario mencionar que en el caso de las personerías, el proceso de elección es también llevado a cabo por el Concejo de cada ciudad. La Procuraduría, mediante un documento referente a los concursos de selección de personeros establece que:

“De acuerdo con las normas que se han dejado indicadas, el Concejo Municipal es el que tiene la competencia para elegir, mediante concurso de méritos, al Personero del respectivo municipio; por ello, en criterio de esta Dirección Jurídica, el Concejo Municipal es el llamado para adelantar el concurso y de acuerdo con la sentencia C-105 de 2013, podrá contar con el apoyo técnico y organizacional de entidades e instituciones especializadas en la estructura, organización y realización de concursos de méritos...”.

El analista Isidro Hernández, sin embargo, establece que “todo lo que pasa por un Concejo tiene necesariamente un sello político porque el Concejo es la instancia política por excelencia de un municipio”. En ese orden de ideas, los riesgos de lo mencionado en el caso de las contralorías se reflejaría también en las personerías municipales.

Colprensa

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