La Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años y 7 meses de prisión al suspendido gobernador de Amazonas Manuel Antonio Carebilla Cuéllar por corrupción.
La condena se da por hechos cometidos cuando Carebilla hacía parte de la Cámara de Representantes. La decisión contra el excongresista además lo sanciona con el pago de una multa equivalente a 648 salarios mínimos de multa y al pago de 611.437.246 de pesos por indemnización de perjuicios.
La Sala Penal de la Corte estableció que Carebilla Cuéllar se convirtió en un “mercader” de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a su cargo, al utilizarla como una “empresa particular” cuyo único objetivo fue su propio lucro, haciendo a un lado los deberes legislativos.
“Tareas que debió enaltecer, máxime cuando era uno de los dos únicos Representantes de la comunidad amazonense en el poder legislativo”, dice la sentencia.
Por esa razón, la Sala Penal lo condenó por los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.
“Ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos; certificó falsamente cumplimiento de labores que nunca desempeñaron; solicitó indebidamente a sus subalternos de hecho el pago de obligaciones contraídas por él ‘por interpuesta persona’ así como el arreglo de su vehículo automotor oficial y la financiación de gastos de campañas políticas en las elecciones locales del año 2007 en el departamento del Amazonas”, dice el fallo.
Según el pronunciamiento de la Corte, Carebilla Cuéllar concibió la UTL como un medio para pagar favores políticos y promesas de campaña, permitiendo inclusive que miembros de una sola familia heredaran los cargos una vez se retiraban de la misma.
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Además, dice la sentencia, que en época preelectoral Carebilla Cuéllar suscribió un pacto para comprometer salarios asignados a servidores que la integraran, incluso con personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos.
Para la Sala Penal es claro que Carebilla cometió conductas que constituyen corrupción al “vender” la UTL, postular a personas para que pudieran tener una mejor mesada pensional, falsear la realidad para favorecer a sus amigos y cumplir acuerdos políticos anteriores a su elección como congresista.
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Igualmente, por “posibilitar la apropiación del erario por particulares así como de quienes hizo nombrar, y derivar provecho indebido, con abuso de función pública, al solicitar dinero para financiar campañas políticas locales, pagar cuotas de una motocicleta y gastos del valor del daño de la camioneta asignada por el Congreso de la República”.
La Sala Penal además compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes contra allegados de Carebilla Cuellar, así como a la Unidad Nacional de Gestión y Parafiscales –UPPG– respecto a dos pensiones, al parecer, reconocidas ilegalmente, y al Ministerio del Interior, para que disponga lo pertinente respecto a la gobernación del departamento de Amazonas.
