El secretario de Gobierno de Cúcuta, Francisco Javier Cuadros, remitió copia a la Procuraduría Provincial de los contratos suscritos por su despacho durante las dos primeras semanas de noviembre, con el fin de que se revisen en detalle todos los procesos y se aclare si sobre estos pesa alguna duda.
Esto, luego de que el pasado fin de semana, tras la votación de la moción de censura en su contra, la cual no prosperó por no alcanzar los votos necesarios, algunos concejales denunciaran que horas antes de que se decidiera la suerte del funcionario, se adelantó una millonaria contratación por parte del despacho que dirige.
Ante la plenaria, el concejal Alejandro Castellanos aseguró el pasado sábado que la Secretaría de Gobierno dejó adjudicados 32 contratos, principalmente de prestación de servicios, como antesala a la votación de la moción. Los cabildantes denunciaron que los mismos tenían como fecha de acta de inicio el viernes 13 de noviembre.
“El 12 de noviembre, dos días antes de la moción de censura, se firman 30 contratos OPS entre la 1:50 y las 2:34 p.m., ¿si eso no es corrupción, tráfico de influencias o constreñimiento, eso qué es?”, cuestionó ese día otro de los concejales del bloque mayoritario.
Ante los señalamientos, Cuadros informó esta mañana que en vista de que se han puesto en tela de juicio los procesos contractuales adelantados desde que comenzó el mes, decidió, mediante oficio, remitir copia de los mismos a la Procuraduría Provincial para que estos sean revisados.
“Desde que se generó el cuestionamiento he dicho a medios de comunicación y a la ciudadanía que estos corresponden a procesos que están previstos en el Plan de Desarrollo vigente y el plan anual de adquisiciones. Sin embargo, decidí reforzar el propósito de superar cualquier duda o cuestionamiento, enviando todas las copias de los procesos contractuales a la Procuraduría Provincial. Esto lo hice mediante oficio el día de ayer 19 de noviembre de 2020”, señaló.
El secretario anunció también que solicitó que se tenga en cuenta el poder preferente ante otra investigación que pueda estar adelantando alguna entidad del nivel municipal y provincial por estos mismos hechos. “Que sean los órganos competentes los que revisen en detalle todo proceso y se aclare todo, las dudas y cuestionamientos”, dijo.
Según pudo verificar La Opinión en la página de contratación estatal, Secop, varios de los contratos que se cuestionan tienen que ver con labores de acompañamiento y apoyo logístico para la puesta en marcha de actividades en el espacio público, con las de comunidades, cultura ciudadana, entre otras funciones propias del despacho de Gobierno.
Uno de los contratos que más ruido causó es uno suscrito por $100 millones para el desarrollo de actividades de bienestar animal y control de natalidad de la población canina y felina.
Por tratarse de un tema cuyo abanderado es el concejal animalista Víctor Caicedo, todas las miradas quedaron puestas sobre el cabildante, pues se insinuó que habría sido uno de los favorecidos con la contratación para inclinar su voto a favor de Cuadros.
Al respecto, Caicedo dijo el sábado pasado que la semana previa a la votación tuvo que hacer público en sus redes sociales que querían tapar su voz, afectando su buen nombre, su integridad y el trabajo que viene adelantando. Manifestó que para investigar las acusaciones que se quieren hacer en su contra están las autoridades competentes y que él mismo está listo para pedir que se indaguen las insinuaciones que están haciendo sobre su supuesto proceder.
Por su parte, el secretario de Gobierno aseguró que el contrato de $100 millones corresponde a un convenio suscrito con el Instituto Departamental de Salud para generar un proceso de esterilización propuesto en el Plan de Desarrollo.
