Empezó la cuenta regresiva para que se defina la suerte jurídica del exsenador Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía tiene como plazo hasta el 6 de marzo, para aclarar si continúa con el rumbo del proceso o, si por el contrario, lo archiva.
Uribe Vélez se encuentra en calidad de imputado luego de que un juez de la República avalara la indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia en 2019, como imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y soborno.
De ahí que el delegado de la Fiscalía decida si presenta el escrito de acusación en su contra o solicita audiencia para exponer la preclusión.
El coordinador de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, fue quien asumió el proceso, una vez el expresidente renunció a su curul en el Congreso de la República, con la intención de que su caso quedara en manos de la Fiscalía General, porque según sus abogados, la investigación en el alto tribunal no le brindaba garantías.
Pese a que la Corte Suprema ya tenía en contra del exsenador un sinnúmero de pruebas y fueron las que les dio el aval para imponer una medida de aseguramiento en su lugar de residencia, el balón ahora está del lado de la cancha de la Fiscalía, que vienen adelantando una serie de evidencias diferentes a las que había recolectado de manera legal el alto tribunal.
Las pruebas que tenía la Corte
Jaimes, quien asumió el expediente finalizando 2020, tiene la potestad de poner a su consideración y la del juez de conocimiento las pruebas que practicó el alto tribunal, entre ellos, los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, quienes fueron pieza clave en la investigación inicial.
Ante la Corte Suprema, Monsalve entregó chats y conversaciones telefónicas en las que mencionan la manera en la que el abogado Diego Cadena, quien en su momento defendió los intereses del exsenador y es procesado por los mismos hechos, lo presionaron para que se retractara de los supuestos nexos del exsenador y su hermano Santiago Uribe con los paramilitares y su supuesta participación en la creación del Bloque Metro.
Las pruebas que tiene la Corte en su poder, entre otras, son que Monsalve y el abogado Diego Cadena, se reunieron en la cárcel La Picota de Bogotá, y en medio del encuentro el penalista mostró su afán por tener un documento firmado de su puño y letra de parte del exparamilitar con su retractación. Estas pruebas las tiene el alto tribunal en grabaciones que hizo Monsalve a través de un reloj.
Otro de los testigos en contra de Uribe Vélez es Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, un confeso exparamilitar, que en 2017 envió un documento a la Corte en el que mencionaba que había recibido dineros por parte del senador Iván Cepeda, con el fin de que declarara en contra de Uribe, no obstante, en menos de un año este se retractó y entregó una relación de pagos por un poco más de 40 millones de pesos recibidos por parte del abogado Diego Cadena.
Según alias ‘Víctor’, los dineros que recibió del penalista sería la recompensa por salpicar al senador Cepeda y dejar en alto el nombre del excongresista Uribe. El exparamilitar relató que el trato con Cadena era convencer a otros exmilitantes de grupos ilegales para que entregaran información que favorecieran al expresidente. Sobre estos señalamientos, Cadena ha expresado que estos dineros hacían parte de ayudas humanitarias para un hijo de Vélez, no obstante, tiempo después dijo que estaba siendo extorsionado por el exparamilitar.
Interceptaciones
Además de eso, el alto tribunal tiene en su poder cientos de interceptaciones telefónicas entre Cadena y Uribe, en el que dan cuenta que el expresidente tenía conocimiento de las visitas del abogado a la cárcel y de los testimonios que estaba recolectando el penalista.
Pese a que las pruebas de la Corte, que reposan en un fallo de más de 1500 páginas, revelan una posible responsabilidad de Uribe en los ilícitos, el fiscal Jaimes decidió empezar a moverse de otra manera, situación que generó suspicacia y descontento en el senador Iván Cepeda, quien está declarado como víctima en el proceso.
Cepeda, en más de una ocasión, ha mencionado que la imparcialidad y poca independencia del fiscal del caso, no le ha brindado garantías suficientes para confiar en que el expediente se esté moviendo de manera regular, pues a su juicio, Jaimes se ha dedicado a desvirtuar las pruebas de la Corte.
La más reciente jugada de Jaimes en el proceso fue analizar siete sim card que estaban en poder de Monsalve, y que le fueron incautadas el año pasado en medio de una inspección que le hicieron a su celda. Además de eso, el fiscal del caso quiso tener el testimonio del exparamilitar, pero este se negó aduciendo que se siente “acorralado y presionado”, debido a que lo podrían obligar a retractarse de sus señalamientos.
El abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses del exparamilitar, aseguró que en el escenario en el que la Fiscalía lleve a juicio al exsenador, Monsalve estará dispuesto a dar las declaraciones respectivas. “Hoy, bajo el chantaje de la presión, eso es inaceptable”.
Entre otras pruebas, que según trascendió se ha practicado por parte de la Fiscalía, es el estudio técnico a un PC y celular que eran de propiedad de Monsalve y que estaban en manos de la Corte.
Suprema desde que inició la investigación. En este caso, el ente acusador le habría solicitado al alto tribunal entregar los equipos que le decomisó en su momento el Inpec al exparamilitar.
No obstante, según la Corte, una vez perdió competencia sobre el proceso del expresidente, el material “voluminoso” recaudado en su contra fue remitido al ente acusador a través de copias que reposan en el despacho de Jaimes, de ahí que el alto tribunal considere pertinente no entregar los equipos, porque aunque no sigue investigación contra Uribe, sí adelantan, por los mismos hechos, un proceso en contra del representante a la cámara Álvaro Hernán Prada.
Pese a la negativa de la Corte sobre los equipos, el alto tribunal dejó claro que los delegados de la Fiscalía tienen el espacio abierto para que se dirijan a los mismos, las veces que sean necesarias, esto debido a que no quieren impedir la labor de investigación que adelantan en contra de Uribe.
Por último, este miércoles, ad portas de que se registre una decisión por parte de la Fiscalía, trascendió que es posible que se tenga en cuenta una declaración que entregó el hacker Andrés Sepúlveda, quien habría testificado en algún momento en contra del exmandatario.
Pese a que las declaraciones que hizo en su momento vinculan otro proceso, el fiscal analiza, junto con sus 20 investigadores, si es necesario tener en cuenta la declaración del hoy condenado.
Lo que viene
Si bien, aunque el panorama no parece estar despejado debido a la cantidad de pruebas que practicaron ambas entidades, y aún más con los testimonios que se siguen sumando al proceso, la Fiscalía tiene una cuenta regresiva para definir la suerte jurídica del exsenador, y pese a que Jaimes ha dejado clara su postura respecto de la misma, situaciones como solicitar la libertad del expresidente y avalar de alguna manera la tutela que presentó la defensa para tumbar la calidad de imputado, deja desconcierto en el senador Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes también fungen como víctimas en el caso.
Se espera que durante los próximos días Jaimes revele la intención del ente acusador sobre el proceso político-judicial que ha dividido al país durante un poco más de tres años. Si finalmente decide avanzar con la presentación del escrito de acusación, desde ya el expresidente se estaría enfrentando a un juicio, mientras que si precluye, las hipótesis de los testigos ate ea verfera quid quaero blaborum veniendem cus at et uta asimil ipsunt.
