A tres días de vencerse el plazo para que los partidos inscriban sus candidatos ante la Registraduría, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó un informe en el que relaciona el total de elegidos en 2011 que ya han sido sancionados, al menos una vez, penal y disciplinariamente.
De acuerdo con la investigación, en el caso de Norte de Santander, 29 de los aspirantes que ganaron alcaldías o un escaño en concejos y asambleas (3,2%), ya fueron objeto de algún tipo de sanción.
Solo en Cúcuta, en los primeros dos años del actual periodo, tres concejales tuvieron que abandonar sus curules. A Eduardo Antonio Rodríguez y Víctor Jesús Daza, avalados por Cambio Radical, el Consejo de Estado les decretó la muerte política porque estaban inhabilitados al momento de la elección.
El otro munícipe, Julio Vélez González, respaldado por el Partido de La U, terminó involucrado en una investigación penal por la muerte de su esposa María Claudia Castaño, y en medio del proceso evadió la justicia. Hace pocas semanas fue capturado en Venezuela, tras ser acusado de participar en el homicidio del diputado Robert Serra.
Un concejal más, el conservador Víctor Suárez, estuvo suspendido durante seis meses por el caso del malogrado proyecto del Parque Bavaria.
Por los lados de la Asamblea de Norte de Santander, dos de sus integrantes para el periodo 2012-2015 se despidieron tempranamente de sus investiduras, también por decisión del Consejo de Estado.
A la única mujer que hacía parte de esta corporación, la representante de Cambio Radical, Marina Lozano, se le decretó la muerte política por cuenta de una inhabilidad, al haber sido gobernadora encargada 10 meses antes de su inscripción como candidata.
Entre tanto, al exdiputado Francisco Bermont, de La U, le pasaron factura por los aportes hechos a tres candidaturas para las elecciones locales de 2003, siendo integrante de la Asamblea.
En el caso de los alcaldes, en la Procuraduría General de la Nación, hasta finales de 2014, 29 de los 40 alcaldes de Norte de Santander tenían investigaciones pendientes por actuaciones aparentemente irregulares desde que tomaron posesión.
Varios de ellos, incluso, ya han tenido que cumplir suspensiones temporales. Uno más que fue destituido, el de Pamplonita, logró revocar esta decisión y está nuevamente al frente de su municipio.
El propio alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, lleva a cuestas, desde 2012, un proceso de nulidad electoral, por cuanto se le achaca haber estado inhabilitado al momento de su elección.
Aunque este ya había sido fallado a su favor, una tutela ordenó reabrir el caso y volver a tomar una decisión de fondo.
En el país
Según el informe de la Misión de Observación Electoral, de los 15.920 elegidos en 2011 para los diferentes cargos, a 892 (5,6%) ya les han impuesto alguna sanción penal o disciplinaria.
Para la MOE, llama la atención que antes de esos comicios, 586 personas que recibieron avales ya contaban con alguna sanción y aún así se presentaron a las urnas y la mayoría resultaron elegidas.
Los partidos que más avalaron candidatos con alguna investigación y sanción, o que una vez electos fueron sancionados son: el liberal, 186, seguido de La U, 179; el conservador, 173; Cambio Radical, 121; la Alianza Social Independiente (ASI), 54 y la Alianza Verde, 48.
Entre tanto, las regiones donde se concentra el mayor porcentaje de sancionados son: Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Norte de Santander se ubica en la casilla número once.
Otro dato sobre el que alertó la MOE es que en el periodo de 2012 a 2015 se han destituido cinco gobernadores por 16 sanciones disciplinarias, que han generado ya, cuatro elecciones atípicas.
