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Martes, 22 Marzo 2016 - 1:45am

Echan para atrás sanción contra exsecretario de Infraestructura del departamento

Por extralimitarse en sus funciones castigaron a Víctor Peña, al igual que a Lucy Urón.

Archivo
Víctor Peña, exsecretario de Infraestructura del departamento. Lucy Elena Urón, interventora del contrato que suscitó la investigación.
/ Foto: Archivo

Al encontrar ambigüedades e imprecisiones en los cargos que se les había endilgado, así como irregularidades que afectan el debido proceso de los investigados, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal decidió anular el proceso que se adelantaba contra el exsecretario de Infraestructura del departamento, Víctor Oliverio Peña, y Lucy Elena Urón.

A los dos, la Procuraduría Regional de Norte de Santander los había sancionado, en primera instancia porque, al parecer, se habían extralimitado en el ejercicio de sus funciones al modificar la  cláusula del contrato 2083 de 2009, e incluir un pago adicional que no  era necesario.

En consecuencia, al exsecretario le había impuesto una destitución e inhabilidad por 10 años, mientras que contra la interventora del contrato, pesaba una suspensión de un año en el ejercicio de sus funciones.

Según la queja que dio origen a la investigación, Peña y Urón habrían autorizado la disminución de algunas de las cantidades pactadas dentro del contrato de suministro de material pétreo para la pavimentación de la red secundaria de Norte de Santander e incluido una cláusula que hacía referencia al transporte de estos elementos, pese a que en el valor del metro cúbico contratado ya estaba contemplado dicho valor.

Sin embargo, al analizar el fallo de la Procuraduría Regional, la delegada del Ministerio Público, María Lorena Cuéllar, encontró que, en el primer cargo que se le atribuyó al exsecretario de Infraestructura, existen irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, toda vez que la descripción de la conducta endilgada resulta defectuosa.

“Se indicó como falta gravísima el desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa en la actividad contractual del Estado, pero la conducta endilgada resulta confusa, porque se señala que el investigado se extralimitó en sus funciones al suscribir los mencionados documentos, cuando en su condición de secretario de Infraestructura, sí tenía competencia para ello”, concluyó la procuradora.

Advirtió que en el cargo señalado se dejó de lado el porqué de la presunta irregularidad en la suscripción de las cuestionadas actas.

Ya en los alegatos de conclusiones, el abogado de los funcionarios, Armando Quintero, había argumentado que existían contradicciones en los cargos formulados y que las conductas endilgadas no existieron.
 
Lo mismo con Urón

Al revisar los cargos atribuidos a la interventora Lucy Elena Urón, la procuradora para la contratación estatal encontró que, si bien se presentaron falencias en el seguimiento y control  por parte de la funcionaria sobre el contrato de suministro de materiales, también es cierto que la primera instancia incurrió en inconsistencias al formular una de las faltas en que habría incurrido la interventora del contrato.

“(...)La descripción de la conducta endilgada resulta defectuosa e imprecisa y, por ende, adversa a las garantías fundamentales del debido proceso que recaen sobre la investigada”, advirtió la procuradora María Lorena Cuéllar.

Aunque sobre los dos funcionarios pesaba un segundo cargo, este no fue analizado, puesto que la delegada de la Procuraduría consideró que la redacción y los verbos utilizados también resultan ambiguos e imprecisos, pues no permiten identificar con claridad las conductas reprochadas.

Piden otra investigación

Pese a que la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal resolvió declarar la nulidad del proceso que adelantaba contra el exsecretario de Infraestructura, Víctor Oliverio Peña, y la interventora Lucy Elena Urón, en el fallo se ordena  una nueva compulsa de copias a la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

Esto para que el titular de ese despacho investigue cuál fue el procedimiento por parte de los encargados del almacén de la Gobernación, una vez entregado el material pétreo que originó la demanda disciplinaria.

Para la procuradora delegada, María Lorena Cuéllar, en el análisis hecho se “advierten presuntas anomalías en el seguimiento y control de la existencia de 8.099 metros cúbicos de material pétreo disponible a retiro en la Trituradora La Roca, entregado por el contratista y recibido por el departamento de Norte de Santander”.

La delegada del Ministerio Público pide que se indague si el departamento ha hecho uso de dicho material para el desarrollo de distintos contratos o si el mismo se encuentra todavía en ese lugar.  

*La Opinión

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