El jueves, pasaron tres aspectos importantes luego de que se conociera la entrevista con Juan Carlos Vélez Uribe: el Centro Democrático, en cabeza de su líder Álvaro Uribe, rechazó las afirmaciones de Vélez, las empresas aclararon su participación financiera, y la Fiscalía General de la Nación recibió dos denuncias por dichas declaraciones.
Según la entrevista, la corporación ‘La paz es de todos’ y el Centro Democrático recibieron $1.300 millones de 30 empresas y 30 personas naturales.
De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, una de las cifras más importantes fue dada por el Banco Davivienda por $175,2 millones, perteneciente a Seguros Bolívar que también aportó $116,8 millones. El conglomerado manifestó mediante un comunicado que efectuaron donaciones de manera equitativa tanto en favor de la campaña que apoyaba el Sí al acuerdo como de la que apoyaba el No. “El Grupo Bolívar, Seguros Bolívar y Davivienda se permiten informar que tradicionalmente han apoyado la democracia, respaldando la libertad de expresión y respetando la diversidad de opinión, agregó.
La Organización Ardila Lülle (OAL) también fue nombrada por Vélez pero no aparece en los archivos del CNE como aportante del No. De hecho, en un comunicado indicó que “Son incorrectas las declaraciones de Juan Carlos Vélez Uribe y explicaron que fueron “uno de los más grandes aportantes a la campaña del Sí”, manteniendo su compromiso por la paz de Colombia.
“La única relación que la OAL ha tenido con esa campaña ha sido la de conceder un plazo para el pago de las cuñas del No en los canales de la Organización, como se ha hecho con diferentes comités promotores del Sí, y como lo han hecho otros medios de comunicación en esta y en todas las campañas”, señalaron en la misma comunicación.
Finalmente, el Grupo Uribe también mencionado por el gerente del No, expresó que ninguna de las marcas asociadas al mismo “han aportado recursos propios para las campañas originadas en el plebiscito” y se remiten al informe del CNE.
Codiscos ($33 millones), Asociación de Bananeros de Colombia ($33 millones), Tronex SAS ($33 millones), Alfredo Diez Ramírez ($33 millones), Manuel Mejía Correa ($25 millones), Fueltrans SAS ($20 millones), Corporación para el Desarrollo ($17 millones) y Fundación Social Banafrut ($10 millones), también están en el top 10 de aportantes, según el CNE.
El Centro Democrático tambén reaccionó ante la viralidad en redes sociales que generó la entrevista. Luego de que el expresidente Álvaro Uribe publicara en su Twitter que “hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”, el partido del Centro Democrático remitió un comunicado en el que aclara que “la estrategia de publicidad se basó en argumentos: dar a conocer a los colombianos los contenidos de lo firmado en La Habana, lo que sucedería si se aprobaba el Plebiscito y el mensaje de la necesidad de corregir los acuerdos”.
Juan Carlos Vélez, y #UribismoMintioParaGanar fueron las tendencias que más perduraron en Twitter tras estallar la polémica. Aunque el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, pidió a Vélez que “se someta a la prueba del polígrafo y publiquen sus resultados”, la Fiscalía General de la Nación expresó que dispuso la apertura de la investigación correspondiente, con el fin de establecer si sus afirmaciones constituyen una conducta punible a la luz de la legislación nacional.
En concreto, la senadora del Partido Verde, Claudia López, reveló en su cuentas de redes sociales que radicó ante la Fiscalía General de la Nación una petición para que se investigue a al comité ‘La paz es de todos’ “por la presunta comisión del delito de fraude al sufragante”. El codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa, también pidió a las autoridades investigar el caso dicho por Vélez Uribe. “De nada valdrán las explicaciones de uribistas sobre fraude electoral, pues las denunció su propio gerente. ¡Horror!”, expresó en su cuenta de Twitter.
El codirector del Partido de la U, Armando Benedetti, criticó las declaraciones y volvió a pedir a la Corte Constitucional que se vuelva a realizar el plebiscito.
Piden sanción
Aunque el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado hasta el momento, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, presentó una queja ante la entidad para que sea la misma quien determine si se cometió alguna irregularidad en la campaña del No e instaurar sanciones de tipo jurídica ante lo dicho por su gerente Juan Carlos Vélez Uribe a este medio de comunicación.
