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En la Cámara revivirá, esta semana, la discusión sobre el voto obligatorio

La reforma política entra a su tercer debate y hay varios puntos que ya generan controversia.

Mañana comenzará la discusión, en tercer debate, de la reforma política impulsada por el Gobierno Nacional y esta promete ser mucho más intensa que en el Senado, por cuenta de varias propuestas que fueron revividas para el trámite en la Cámara, o que habían pasado inadvertidas hasta ahora.


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Una de ella es la obligatoriedad del voto en los diferentes procesos electorales que se desarrollan en el país, idea que ya había sido rechazada en el Senado y que el propio Gobierno no acompañaba.

La propuesta pretende que durante dos periodos consecutivos los colombianos tengan que acudir a las urnas no de manera voluntaria sino obligatoria, como una forma de fortalecer la cultura democrática y electoral. Con ese fin, el Estado debe garantizar la gratuidad en el servicio público de transporte para la movilización de los votantes.

Aunque en la Comisión Primera de la Cámara intentarán revivirla, esta llega sin mucho ambiente, toda vez que en las dos discusiones anteriores se insistió en los riesgos que representa su implementación.


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El ministro del Interior, Alfonso Prada, había explicado ya que el Gobierno es partidario de crecer más la participación, pero no obligando a la ciudadanía a votar, sino mejorando la calidad de los partidos, democratizándolos, vinculando a la mujer y a los jóvenes en los procesos políticos.

Procuraduría, sin poder de sanción

El otro artículo que, sin duda, agitará el debate, es el que sugiere que la Procuraduría no tenga las facultades para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, tal y como ocurrió en 2015 cuando el hoy presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.

“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, es la modificación que se propone.


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Al respecto, el representante a la Cámara Heráclito Landínez, uno de los ponentes de la reforma, aseguró que esta propuesta no es ningún ‘mico’, como se ha cuestionado en los últimos días.

“La propuesta de proteger los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente ya estaba incluida en el proyecto cuando se radicó. Los invito a que hagamos un debate serio, con argumentos.

Días atrás, durante una audiencia pública en la Cámara, el ministro Prada señaló que el tema de las sanciones era una competencia única de los jueces y no de funcionarios administrativos, teoría que no funcionó en la discusión en el Senado, por lo cual aseguró que se volverá a insistir en el tercer debate.

Verdes tienen serios reparos

La ponencia mayoritaria para votar en tercer debate la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara tendrá como uno de los principales opositores a los congresistas de la Alianza Verde.

Un grupo de representantes de este partido y de la Coalición Centro Esperanza, en cabeza de Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Katherine Miranda, Julia Miranda, Carolina Giraldo, Cristian Avendaño, Daniel Carvalho y Alejandro García, condicionó la votación del proyecto al replanteamiento de cuatro puntos que, en su criterio, son fundamentales.


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Uno de ellos es el que tiene que ver con cerrar las listas para aspirar a corporaciones, pues aseguran que no es claro cuáles serán los mecanismos de democracia interna que deberán utilizar los partidos para la conformación de esas listas e insisten en que esa falta de claridad “expone a los partidos y candidatos a someterse a la dictadura del bolígrafo y reduce que haya nuevos liderazgos”.

Consideran, además, que la reforma no deja claro si la financiación de campañas será preponderantemente estatal o privada, porque la redacción incluye ambas.

“También vemos con preocupación que se eliminan los topes de financiación de campañas y, por ende, desaparece la sanción de pérdida de investidura por violación de topes”, dice el grupo en una carta dirigida al jefe de la cartera política y a los ponentes del proyecto.


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Sobre el transfuguismo, advierten que se permite a partir de 2026, pero sin establecer un plazo específico para hacerlo, y señalan que la eliminación del conflicto de interés de los candidatos frente a sus financiadores privados, así como la obligación de los candidatos y partidos de rendir de cuentas, es muy preocupante.

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Lunes, 21 de Noviembre de 2022

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