La pandemia por el coronavirus, el incumplimiento de los acuerdos de paz y la falta de presencia del Estado, en ciertos territorios, han jugado una mezcla desfavorable para los líderes sociales y miembros de grupos vulnerables en Colombia. Los homicidios han experimentado un aumento dramático en lo corrido del 2020.
En abril se registraron en promedio alrededor de seis asesinatos de líderes y miembros de grupos vulnerables, cada semana, reveló un estudio publicado en el blog de LSE Latin America and Caribbean realizado por Carolina Castro, María del Pilar López Uribe, Fernando Posada, Bhavani Castro y Roudabeh Kishi, docentes universitarios, investigadores y analistas en asuntos internacionales.
Dicho estudio relaciona que el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc colmó de expectativas los avances en materia de seguridad y protección de la vida en áreas rurales donde dicha guerrilla mantenía una fuerte presencia y control territorial.
Aunque inicialmente ello fue una realidad, tras la firma de los acuerdos de paz y se redujo considerablemente el número de homicidios, los problemas de implementación de los acuerdos y la presencia de otros actores armados trajeron nuevas amenazas para los líderes sociales y los grupos vulnerables. Dichas intimidaciones solo se han agudizado durante la crisis de la COVID-19.
El análisis explica tres hipótesis en torno a ello. La posesión de los territorios dejados o abandonados por la guerrilla (que entraron a disputarse los grupos armados), la vulnerabilidad de los habitantes rurales involucrados en programas gubernamentales que buscan frenar el narcotráfico y las disputas ambientales.
Según un reciente informe de Defending Tomorrow de la ONG Global Witness, Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en asesinatos de líderes ambientales, con 64 muertes reportadas en 2019.
María del Pilar López Uribe señaló que para Norte de Santander existen otros factores adicionales como el tema de frontera y la migración.
“No solamente el Estado no está llegando sino que esta discusión se está perdiendo de la importancia de proteger a los líderes sociales, en el debate público. Toda la atención está enfocada en temas de salud (coronavirus), economía y la atención de recursos por parte de organizaciones de derechos humanos. El Estado debe llegar, pero no solo a través de más militares sino con mayor provisión de bienes públicos (…)”, dijo.
Según la investigación, al comprometerse con la paz, los líderes se convirtieron en el rostro visible de sus comunidades. “Este confinamiento ha facilitado la intimidación por parte de grupos armados, quienes conocen bien la ubicación y vulnerabilidad de los líderes sociales”.
Los hechos analizados incluyen también otros grupos a los que se ataca con frecuencia, como miembros actuales y anteriores del gobierno, partidos políticos, periodistas, mujeres, profesores, estudiantes y personas LGBT. En el contexto del proceso de paz, los excombatientes de las Farc y Eln que decidieron reintegrarse a la sociedad.
Los datos de la ACLED (proyecto de datos de ubicación y eventos de conflictos armados) indican que en abril de 2020 se registraron en promedio alrededor de seis asesinatos de líderes sociales y miembros de grupos vulnerables cada semana. “Este promedio había aumentado a más de diez por semana a fines de agosto de 2020 (…)”, precisa el informe.
Dicha estadística se consolidó con reportes de los medios locales e incluye información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), una ONG colombiana que monitorea el conflicto en Colombia, así como de Front Line Defender.
“A pesar del reconocimiento de que el aumento de la violencia contra líderes sociales y grupos vulnerables es un problema grave en el contexto del posconflicto de Colombia, se han hecho pocos esfuerzos para descubrir vínculos entre asesinatos sistemáticos y grupos armados específicos”, detalla.
Para los eventos en los que grupos vulnerables son el objetivo de un perpetrador conocido, la participación de miembros de las Fuerzas Armadas es cada vez más común: “estos casos representaron el 18 por ciento de esos ataques antes de la pandemia, aumentando al 50 por ciento después de su inicio. La mayoría de estos eventos están directamente relacionados con las operaciones militares de erradicación de la coca”.
En los seis meses posteriores al inicio de la pandemia, casi un tercio (28%) de los ataques a grupos vulnerables con un perpetrador conocido fueron perpetrados por grupos disidentes de las Farc.
“El estado también se ha dedicado a la erradicación mediante fumigación dirigida por militares en lugar de centrarse en programas voluntarios. Al centrarse en el eslabón más débil de la cadena de actividades del narcotráfico, los cultivadores de coca y marihuana, el gobierno expone a la población rural a la violencia de los grupos armados que obtienen la mayor parte de las ganancias del negocio”.
El actual proceso de restitución de tierras en territorios en disputa pone en riesgo a los agricultores que regresan después de haber sido desplazados por el conflicto. En 2020, nueve víctimas fueron parte del proceso de restitución de tierras.
Alternativas
En primera instancia, -dice el estudio- el Estado debería estar investigando activamente estos asesinatos y adoptando medidas que salvaguarden los derechos de los líderes sociales y grupos vulnerables.
A largo plazo, estas disputas deberán abordarse de manera integral y conjunta, “con un enfoque renovado en los actores más fuertes de las cadenas de producción y distribución ilícitas.
Este tipo de enfoque integrado podría finalmente ayudar a proteger a esos pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes cuya defensa de sus tierras con demasiada frecuencia les cuesta la vida”, concluye.
