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Jueves, 8 Octubre 2020 - 4:42am

¿En qué va la implementación de la paz en el Catatumbo?

Fundación Ideas para la Paz presentó informe sobre los avances del acuerdo con las Farc en esta zona del país.

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Serios problemas de violencia, seguridad, impacto humanitario, sustitución de cultivos y atención a las víctimas, entre otros, son algunas de las conclusiones que deja el más reciente informe ‘¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo?, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) como parte del proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’, que lidera la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.

Los datos recopilados responden al testimonio de líderes comunitarios, reincorporados, autoridades locales y víctimas de la zona, quienes entregaron sus percepciones, inquietudes y preocupaciones sobre el cumplimiento de lo que se  pactó hace cuatro años con la extinta guerrilla de las Farc, en Cuba.

En el informe, de 26 páginas, también se entregan algunas ideas, sugerencias y recomendaciones  hechas por los mismos actores del proceso y los integrantes de la Comisión de Paz, con el fin de garantizar una mayor efectividad de la implementación.

El propósito es que estas puedan ser tenidas en cuenta para no retroceder en el objetivo de alcanzar la paz en uno de los territorios más afectados por el conflicto.

Mejorar en seguridad

Uno de los aspectos en los que insiste el informe de la FIP, es en avanzar en la implementación efectiva del punto 3.4 del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con las garantías de seguridad desde una lógica integral, territorial y participativa, a fin de que se pueda articular con el punto 4.3 y la lucha contra el crimen organizado.

Los investigadores recuerdan que la Defensoría del Pueblo ha advertido ya en varias oportunidades la situación de riesgo potencial en la región, a través de alertas e informes en los que se da cuenta de que el desarme y desmovilización de las Farc en la zona generó un vacío de regulación que no fue llenado oportunamente por el Estado. Esto, en consecuencia, favoreció la expansión de estructuras ilegales preexistentes como el Eln y el Epl, así como el surgimiento de la disidencia del frente 33, además de grupos de delincuencia organizada.

“Para esto es importante, en primer lugar, fortalecer instancias e instrumentos existentes como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y ajustar y fortalecer técnica, financiera y operativamente aquellos que estén activos, como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Policía. Esto, con el fin de avanzar en temas identificados como críticos en el territorio, como el desmantelamiento efectivo de las organizaciones criminales”, dice el informe.

En el caso de la UNP, la queja persistente es sobre cómo se asigna un esquema de seguridad, pues varios desmovilizados, líderes sociales y miembros de la población aseguran que sus solicitudes no han sido escuchadas, y cuando se aplican, estas no cumplen con su verdadera función, debido a que no se contemplan las diferentes clases de riesgo que hay.

La sustitución de cultivos

Otro de los grandes interrogantes que surgió durante el seguimiento a la implementación de la paz en la zona, es la forma en la que se están sustituyendo los cultivos ilícitos en la región del Catatumbo.

 La semana pasada, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, reveló que en lo que va corrido del actual gobierno se han erradicado voluntariamente 765 hectáreas de cultivos ilícitos en Sardinata y Tibú.

Aunque se reconocen avances al respecto, la conclusión es que no se está teniendo el impulso requerido, toda vez que, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en 2019 subieron a  41.749 las hectáreas de coca sembradas en el Catatumbo, de las cuales 20.000 aproximadamente se encuentran en Tibú.

Frente a esto, la FIP considera clave que haya claridad sobre cómo las rutas de sustitución se articulan con los PDET, los planes de desarrollo municipal y demás iniciativas territoriales, “ya que esto permitiría focalizar mejor los esfuerzos en términos de aprobación y ejecución de proyectos productivos con circuitos económicos claros para garantizar su comercialización, rentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo”.

En el informe  se pide, igualmente,  aclarar y dar a conocer los criterios bajo los cuales la Fuerza Pública está llevando a cabo operativos de erradicación forzada en el territorio, teniendo en cuenta que se están adelantando en zonas donde las comunidades han expresado su intención de avanzar con la erradicación voluntaria.

Acceso a tierras

Los investgadores concluyeron también que urge acelerar los procesos de acceso y formalización de tierras en la región, así como priorizar la ejecución de las iniciativas del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR).

“Es necesario aclarar los mecanismos que tienen las personas en el proceso de reincorporación para acceder a la tierra, y facilitar el trámite de dichos procesos, con el fin de que los excombatientes que lo deseen puedan formular y ejecutar proyectos productivos colectivos”, indican.

Así mismo, recomiendan dejar claro a las personas en proceso de reincorporación del antiguo ETCR Caño Indio, la situación jurídica en la que se encuentra dicho Espacio, y buscar soluciones participativas con los excombatientes a los problemas que representa la imposibilidad de adjudicar el predio.

De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a corte de junio de 2020, en Norte de Santander hay 632 personas en proceso de reincorporación, 66 de las cuales se encuentran en el ETCR Caño Indio, en Tibú.

Otras recomendaciones

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) requieren de un fortalecimiento en el proceso de socialización de  resultados de la hoja de ruta, con el propósito de que adquieran legitimidad entre la población civil. También urge acelerar la reparación integral a las víctimas del conflicto en el territorio, priorizando y fortaleciendo la implementación de Planes de Retorno y Reubicación, y los Planes Integrales de Reparación Colectiva.

Para la FIP es muy importante, además,  que se brinde la atención necesaria y las garantías de no repetición de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, al igual que medidas ante la presencia de minas antipersona en los municipios.

La Opinión

@laopinioncucuta

Medio de Comunicación de los nortesantandereanos.

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