La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, vulnerabilidades que han aumentado durante la emergencia sanitaria actual.
El Ministerio Público aseguró que las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 hicieron énfasis en que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza.
Por ello, a juicio de la Procuraduría, se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.
“La pandemia en los territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado”, señala el documento conjunto presentado.
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La Procuraduría tiene claro que entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del acuerdo de paz y la emergencia por la COVID-19, generaron un crecimiento de desplazamientos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.
Faltan recursos
Los órganos de control también insistieron en que, pese a los reiterados llamados, el Gobierno Nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el acuerdo de paz.
“El esfuerzo fiscal del Gobierno de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas que hoy supera los 9 millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la Ley”, dicen los entes.
Según cálculos de la Contraloría, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva: $48,7 billones de vivienda urbana y rural, $26,2 billones alimentación, $24,8 billones para retornos y reubicaciones, $20,5 billones de educación y salud, entre otros.
“La materialización del derecho a la restitución presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces. Durante 2018 y 2019, por ejemplo, no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda”, advirtieron.
