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Estas son las propuestas de los sectores que impulsaron el ‘No’

Domingo, 16 de Octubre de 2016
Con el primer documento empezarán a discutir los ajustes con los delegados de la guerrilla.

Contrario al consenso que fue posible entre los líderes del ‘Sí’ en el plebiscito, los del ‘No’ se unieron solo para ganar, pero no para presentar sus propuestas de renegociación. 

Esta semana, cada uno de los sectores que estaba en contra de los acuerdos de La Habana entregó su propio documento y ahora el Gobierno Nacional tendrá que establecer una matriz con las similitudes y diferencias de cada planteamiento, para poder presentárselas a las Farc.

Según se anunció, el martes, el jefe negociador Humberto de la Calle viajará a La Habana con el primer documento, sobre el cual se empezarán a discutir los ajustes con los delegados de la guerrilla.

Para conocer hacia dónde están orientadas cada una de las propuestas de la oposición, se tomaron las sugerencias del Centro Democrático, el expresidente Andrés Pastrana, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, en seis de los temas que más preocupan a quienes rechazaron los primeros acuerdos, para identificar en qué coinciden y si se podrían fusionar. 

EL MODELO DE JUSTICIA

En el acuerdo firmado con las Farc se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se establecen dos caminos: uno para quienes cometieron delitos amnistiables y otro para delitos de lesa humanidad. 

Quienes se sometan al tribunal y digan la verdad recibirán sanciones de restricción efectiva de la libertad entre cinco y ocho años. Penas que tendrán una función esencialmente retributiva y que podrán cumplirse en proyectos como reparación de escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, programas de sustitución de cultivos ilícitos, entre otros. Quienes definitivamente no digan nada podrán recibir penas carcelarias entre 15 y 20 años. 

Este modelo de justicia transicional tiene una serie de salas y mecanismos, como por ejemplo, la Unidad de Investigación y Acusación, así como el Tribunal Especial de Paz, que es el máximo órgano que se conformaría por magistrados, en su mayoría colombianos, y otros extranjeros.

Centro Democrático

El uribismo propone que se establezca en la jurisdicción ordinaria las ‘Cortes para la paz’, las cuales tendrán varias salas. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sería el superior jerárquico, así como la segunda y última instancia de las mismas. 

También pide la creación de una ‘Fiscalía para la paz’, que adelantará la lucha contra los grupos criminales organizados y que tendría la función de investigación, postulación y acusación ante las salas pertenecientes a las Cortes de Paz.

Marta Lucía Ramírez

Para la exministra, lo que se debe hacer es crear la Sala Especial de Paz en la Corte Suprema de Justicia, con jueces nacionales e internacionales. 

Andrés Pastrana

El equipo asesor del expresidente considera que la Jurisdicción Especial de Paz es buena, pero se le debe agregar tres mecanismos para que se articule con la justicia ordinaria así:

1). La última instancia y los recursos extraordinarios deben ser resueltos por una sala especial de la Corte Suprema. 2) Las acciones de tutela serán revisadas por la Corte Constitucional en última instancia. 3) La administración de justicia debe estar a cargo de la Rama Judicial”.

También pone un límite de dos años para que se abran procesos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y plantea que los casos que no se hayan presentado en ese límite, pasarían a ser tratados por la jurisdicción ordinaria. 

Pide que la Unidad de Investigación se articule con la Fiscalía. Y dice que la Comisión de la Verdad está muy bien, pero que se debe especificar que no tendrá implicaciones judiciales. 

Alejandro Ordóñez

El exprocurador  plantea que la justicia transicional tiene que tener controles por parte de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Y pide que solo quienes se comprometan con la verdad y la entrega de toda la riqueza acumulada por parte de las Farc, puedan acceder a la justicia transicional.

LAS SANCIONES

Centro Democrático

Plantean un mínimo de cinco años y un máximo de 20 años de privación de la libertad. Si reconocen la responsabilidad, las sanciones irían de 5 a 8 años, por ejemplo, en granjas agrícolas. Y si no reconocen su autoría las sanciones irían de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad. Incluyen, que las sentencias proferidas por las salas de juzgamiento podrán ser apeladas y que la Cosa Juzgada no se debe modificar.

Proponen que los casos de particulares y miembros de la Fuerza Pública serán competencia de las Cortes solo si se acercan de manera voluntaria. Que los agentes de Estado tendrán un trato diferencial y que en el caso de las Farc no se tendrá en cuenta la responsabilidad según el orden jerárquico como se hace con las Fuerzas Armadas.  

Marta Lucía Ramírez

Propone que los responsables de delitos de lesa humanidad deberán tener penas de reclusión en “colonias penales agrícolas”. En estos lugares se harían efectivas las penas de 6 a 10 años “de los cuales serán efectivos entre 3 y 5, siempre y cuando confiesen la totalidad de las conductas y satisfagan los derechos de la víctimas y cumplan la totalidad de las condiciones del acuerdo”. Si los miembros de las Farc no confiesan su responsabilidad serán juzgados por la jurisdicción ordinaria con las penas previstas en el régimen penal general.

Andrés Pastrana

Está de acuerdo con que los responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra que se sometan a la justicia transicional no paguen sus delitos en cárceles y que se aplique el artículo 77 del Estatuto de Roma que obliga la imposición de penas que impliquen la reclusión, pero en unas ‘zonas rurales de transición’. Plantea que, excepcionalmente, las penas también podrían ser cumplidas en el exterior.

Alejandro Ordóñez

Pide que las sanciones sean adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.

EL NARCOTRÁFICO

El acuerdo suscrito en La Habana le da una mirada diferente a los  campesinos que se han visto involucrados en la cadena productiva de los cultivos ilícitos, y establece Planes Integrales de Sustitución de Cultivos, que liderará la Presidencia de la República, y que tendrán que integrarse con la Reforma Rural Integral.

El objetivo es que toda la sustitución sea voluntaria y que las propuestas de sustitución sean construidas entre las mismas comunidades. 

Plantea un cambio de enfoque para el tratamiento de los consumidores de drogas y establece que la erradicación manual es la prioridad.

Propone renunciar a la acción penal o desaparecerla, contra los pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con los cultivos de uso ilícito y propende por la consolidación de estrategias para la lucha contra la corrupción.

No es un delito conexo

Para todos los líderes del ‘No’, en el acuerdo debe haber una mención explícita o cerrar cualquier posibilidad de que el narcotráfico sea visto como un delito conexo con el político.

Las Farc deben entregar toda la información

Para el Centro Democrático y el expresidente Andrés Pastrana, las Farc deben entregar toda la información sobre el negocio ilícito, incluyendo las rutas de distribución.

Otros aspectos

La exministra Marta Lucía Ramírez señala que el acuerdo debe expresar que la actividad política de las Farc no se podrá desarrollar con los dineros ilegales del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, ya que estos deben destinarse exclusivamente para la reparación a las víctimas.

El uribismo plantea que debe mantenerse el enfoque que ha tenido la lucha contra las drogas, pues para ellos se pueden buscar alternativas que garanticen la salud pública y los derechos humanos. Creen que se debe insistir en la aspersión aérea y que no se deberá abrir la posibilidad de que se renuncie a la acción penal contra los cultivadores.

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA

El acuerdo firmado  por el Gobierno y las Farc establece la creación del Estatuto de la Oposición, para dar garantías a todos los partidos. Crea el Sistema Integral de Ejercicio de la Política, que tendrá como función fomentar el respeto a la diferencia y prevenir la violencia, además de otros mecanismos de protección. Contempla una serie de garantías para la movilización y plantea el impulso de los medios comunitarios y el acceso en general a los medios de comunicación, así como una reforma al sistema electoral. 

Crea 16 circunscripciones especiales temporales para las zonas más afectadas por el conflicto que no podrían ser ocupadas por candidatos de los partidos políticos con representación en el Congreso. 

De la misma forma, garantiza un mínimo de 5 curules en Senado y 5 en Cámara para quienes participen por el partido que conformen las Farc, así como financiación estatal para la constitución de este movimiento.

Centro Democrático

Para este partido es necesario que en el acuerdo se incluya que las garantías son para la protesta social y política pacífica con fines de expresión ciudadana.

Consideran que la participación política de las Farc es posible, pero que el partido político  debe contar con los mismos recursos y herramientas de los demás.

Además, que esta colectividad no debe tener un asiento en el Consejo Nacional Electoral porque muchos otros partidos no lo tienen. 

En cuanto a las Circunscripciones, el uribismo cree que en la disputa por los 16 escaños que se crearán durante dos periodos consecutivos deben  poder participar todos los partidos y se podría exigir que los candidatos sean víctimas de la violencia en esas zonas.

Plantean que en el Estatuto de la Oposición debe cambiarse la redacción para que se vea como prioridad nacional y no como un documento que gradúa a las Farc de legítimo opositor del Gobierno. También, creen que se deben mantener los umbrales mínimos en procesos electorales. 

Sobre la reforma al Sistema Electoral advierten que esta tiene que recaer en el Congreso, y si hay una comisión de expertos debe ser constituida por el Legislativo. 

Marta Lucía Ramírez

La excandidata presidencial sugiere que en relación con las garantías para la protesta, al texto del acuerdo se le debe agregar que: “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”.

En materia de participación política para las Farc, considera que está bien que el partido que conformen después de su desmovilización reciba los mismos beneficios que los demás y plantea que quienes cometieron delitos de lesa humanidad no puedan ser ni congresistas, ni presidentes.

Alejandro Ordóñez

El exprocurador únicamente expresó en su documento: “Participación política sometida al cumplimiento de la pena y a la satisfacción de los derechos de las víctimas”.

TIERRAS

El acuerdo de paz propone una Reforma Rural Integral que incluye la creación de un Fondo de Tierras que le dará tres millones de hectáreas a los campesinos que no tienen tierra o tienen, pero insuficiente. Promueve la producción para los campesinos y pequeños productores, habla de la protección a la semilla nativa y plantea todo un desarrollo de infraestructura y servicios públicos para mejorar la vida rural.  Así mismo, un catastro rural multipropósito que permita regularizar con transparencia la propiedad de la tierra, incrementar el recaudo del impuesto predial en los municipios y propiciar su uso adecuado, productivo y sostenible. 

Fondo de tierras

Centro Democrático 

Para los uribistas, los beneficiarios del Fondo de Tierras y subsidios no pueden ser elegidos por las Farc. Las tierras baldías ocupadas de buena fe, no podrán ser parte del Fondo de Tierras y en el acuerdo se debe precisar que las tierras de las Farc serán para las víctimas. 

Dicen también que se debe revisar la restitución de tierras y la figura de “compradores de buena fe no exentos de culpa”.

Marta Lucía Ramírez

Plantea que la tierra “no se reproduce” y que se deben buscar nuevas formas para fomentar la producción, como, por ejemplo, experiencias internacionales en las que la propiedad de algunas tierras rurales y urbanas se mantiene en cabeza del Estado, “y se asigna mediante contratos de comodato a agricultores que mediante cooperativas u otras formas asociativas, sean los propietarios de la producción que se desarrollará con financiación, apoyo de asistencia técnica e insumos por parte del Gobierno”. 

Andrés Pastrana

Acepta el Fondo de Tierras, pero pide que se añada, “de conformidad con la Constitución” en las formas de adquirir las hectáreas para el mismo. Sobre la formalización de tierra, dice que se debe comprometer a los propietarios a que no se usarán para cultivos ilícitos, y que no se formalizarán las hectáreas que se dedican a eso.

Alejandro Ordóñez

Considera que debe haber plenas garantías para la propiedad privada, para no promover un nuevo conflicto por la tierra. Sugiere que la selección de los beneficiarios de tierra gratuita debe obedecer a criterios objetivos definidos en la ley. “En ningún caso las Farc, utilizando organizaciones en los territorios de su influencia, debe decidir quiénes son los beneficiarios”.

El avalúo catastral

Andrés Pastrana y el Centro Democrático no están de acuerdo con el avalúo catastral. Consideran que el impuesto se lo pondrían las comunidades a sí mismas, y no las autoridades. 

Consultas a comunidades

Los cuatro líderes del ‘No’ consideran que debe haber límites en las consultas a las comunidades, pues para ellos, se les preguntaría sobre temas que hacen parte de las decisiones de los alcaldes y gobernadores.

Ordóñez y Ramírez piden que se ponga en el acuerdo de manera explícita la responsabilidad de las Farc en el desplazamiento y apropiación forzada de terrenos.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO

El único que se refirió en los documentos presentados al Gobierno a la supuesta “ideología de género” fue el exprocurador Alejandro Ordóñez. 

Aunque en el acuerdo se hacen constantes menciones sobre el enfoque de género para el reconocimiento de derechos que incluyen, por supuesto, a la comunidad LGTBI, el exfuncionario insiste en que se debe ‘purgar’ el texto de aquellas expresiones que, en su opinión, promueven conductas contrarias a la familia y la niñez

Ordóñez quiere que no exista “ninguna ambigüedad que permita someter a la sociedad colombiana a la llamada ‘ideología de género’”; que se reconozca  la importancia de las mujeres en la construcción de la paz y el pleno ejercicio de sus derechos, y  que se adopte el enfoque de familia.

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Colprensa
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