Los quebrantos de salud sufridos, ayer, por la fiscal Martha Mora durante la audiencia en la que se le iban a imputar cargos y definir la medida de aseguramiento al alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, su secretario de Gobierno, Jeiver Saith Acero, y la representante legal de la Corporación Vida y Progreso, Gloria Inés Soto Martínez, obligaron a aplazar para esta tarde a las 4:00 la diligencia.

En la mañana de ayer, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Cúcuta apenas logró legalizar las capturas de los funcionarios investigados por las irregularidades en un contrato, pues el procedimiento judicial tuvo que ser suspendido por cuenta del simulacro nacional de emergencias que se desarrolló en todo el país y por el que se ordenó la evacuación del Palacio de Justicia.

La audiencia fue reprogramada para las 2:00 de la tarde, pero apenas unos minutos después de que comenzará y cuando la Fiscalía se aprestaba a imputar los delitos a los capturados, la representante del organismo investigador sufrió problemas de salud y tuvo que abandonar la sala.

Así las cosas, solo hasta esta noche o el viernes se conocerá si el mandatario de los pamploneses y su secretario de Gobierno, además de la representante de la Corporación, tendrán que ir a prisión o no, mientras avanza la investigación que les sigue la Fiscalía por  peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

A Soto Martínez también la acusan de falsedad en documento público.

Los hechos por los cuales fueron requeridos por la justicia tienen que ver con las presuntas inconsistencias en la firma de un contrato, en octubre de 2016, por $169 millones, el cual tenía como objeto fomentar la creación de proyectos productivos  entre las víctimas del conflicto armado.

En vista de las irregularidades que se detectaron por parte de la Fiscalía y de que están comprometidos dineros del Estado, la entidad le pidió al Juzgado de Control de Garantías de Salazar de las Palmas proferir las respectivas órdenes de captura, las cuales se hicieron efectivas en Pamplona y Cúcuta.

Hasta el momento, el partido Centro Democrático, al cual pertenece el alcalde Ronald Contreras, no se ha pronunciado sobre la captura de su militante.

Algunos de los principales miembros de la colectividad en el departamento manifestaron que cualquier decisión o pronunciamiento respecto del caso lo deberá hacer o el senador Álvaro Uribe o la veeduría nacional.