Este jueves y viernes será la cumbre de los delegados de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, comunales y estudiantiles de todo el país que hacen parte del Comité de Paro con el fin de definir cuáles serán sus posturas frente al Gobierno por la negativa a negociar los 104 puntos del pliego de peticiones.
Serán cerca de dos mil personas las que se darán cita en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, para definir también la fecha de la nueva jornada de paro nacional que, inicialmente, se estaría llevando a cabo en la última semana del próximo marzo.
“Durante las deliberaciones de la cumbre, los delegados expresarán su inconformismo con el Gobierno porque ha pretendido deslegitimar las exigencias del comité de paro plasmadas en el pliego de peticiones, dándole carácter de simples charlas o conversaciones a una mesa que debe ser de negociación”, señaló el presidente de la Confederación General de Trabajo, Julio Roberto Gómez.
“El aspecto principal de esta reunión dado que el gobierno a pesar de la fuerte movilización social no ha querido negociar con el comité nacional de paro - los tres ejes temáticos y los 104 puntos - vamos a buscar un plan de acción encaminado a responderle al gobierno esa indiferencia en el cual profundizaremos la movilización y un gran paro nacional en este primer semestre”, dijo, por su parte, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias.
Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, recalcó que se continuarán con las movilizaciones ya que el Gobierno Nacional decidió aprobar la reforma tributaria a espaldas de la ciudadanía que participó activamente en las manifestaciones.
A su vez, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, convocó al Comité Nacional del Paro a una reunión esta semana, con el fin de presentar el resultado del análisis realizado por el Gobierno de los 104 puntos del pliego de peticiones recibido en diciembre.
"Ya tuve una conversación con el Comité Nacional de Paro para buscar un punto de acuerdo y poder tener la conversación nacional y estamos esperando que ellos den respuesta, frente a la solicitud de una reunión", afirmó en entrevista con Caracol Radio.
Además, enfatizó que el Gobierno sigue manteniendo la conversación nacional para discutir y avanzar con otros sectores de la vida nacional, como la que se tuvo este martes de Paz con Legalidad.
Según el análisis realizado a las peticiones, el Gobierno Nacional determinó que el 6 % de esos puntos no corresponden a competencias del Ejecutivo.
Se estima que el 20 % de los puntos se consideran inviable en el aspecto fiscal, pues en el caso de que Ecopetrol fuera 100 % estatal, podría costarle al Estado $15 billones de pesos. En cuanto al desmonte del impuesto del 4 por mil tendría un costo de $8 billones de pesos y la realización de un nuevo censo valdría $580 mil millones de pesos.
Hay algunos puntos con una viabilidad del 65 %, ya que corresponde a temas que el Gobierno considera que ya ha venido atendiendo y un 10 % que considera que podría atender.
Molano recalcó también que debe respetarse el derecho a la protesta social, siempre y cuando las movilizaciones no afecten el trabajo o el calendario de estudios a terceros.
