No cesa la polémica generada por el decreto expedido por el Gobierno Nacional, al amparo de las facultades extraordinarias del Presidente de la República, para que exguerrilleros de las Farc puedan vincularse a la Unidad Nacional de Protección (UNP), como escoltas de sus excompañeros de filas.

El director de la UNP, Diego Fernando Mora Arango, ha explicado que esa iniciativa forma parte del desarrollo de los acuerdos de paz de La Habana. Precisó que quienes aspiren a ser vinculados deben cumplir unos requisitos, que tendrán las mismas armas que los demás escoltas y que recibirán salarios de, máximo, 1,8 millones de pesos al mes, más bajos que los de los demás servidores de esa entidad.

Para ahondar en las implicaciones de esta medida, el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel Suárez y ‘Felipe Torres’, exguerrillero, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional, dieron sus opiniones al respecto.

'Se está rearmando a las Farc'

Alfredo Rangel Suárez, senador del Centro Democrático.

¿Qué opina de este decreto?

Me parece una concesión más, absolutamente unilateral, del Gobierno al grupo terrorista de las Farc. No han entregado todas sus armas, no han desarticulado todas sus estructuras criminales, así que, prácticamente, esto es un rearme. Permitir que miembros de esa organización, con armas del Estado, muy bien pagados por el Gobierno, sirvan de guardaespaldas y de escoltas a los principales cabecillas de esa guerrilla, es una exageración.

Pero si reciben sueldo es porque harán una labor por la que el Estado igual tendría que haber pagado a escoltas de la UNP…

No hay ninguna razón para que personas que han cometido tantos delitos, que no han confesado sus crímenes, que no han reparado a las víctimas, que no se han arrepentido, ahora, financiados por el Estado y armados por el Estado, vayan a hacer de grupo paramilitar defendiendo a los terroristas de las Farc.

El decreto les impone ciertos requisitos, como haber sido amnistiados y no tener proceso penales pendientes…

No parece ser que esas sean las condiciones que establece el Gobierno. De todas maneras, así hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, si no lo han hecho de manera masiva y de manera sistemática, pueden ser objeto de esa amnistía. O sea, un guerrillero que haya asesinado a un policía o que haya secuestrado a un niño o abusado de una niña, perfectamente puede ser amnistiado y ser miembro de ese grupo armado que les va a prestar seguridad a las Farc.

De todas maneras el Gobierno debe brindarles seguridad a los desmovilizados, para que no se repita lo de la UP…

Lo de la UP fue un remolino de violencia originado en la combinación de todas las formas de lucha por parte del Partido Comunista y de las Farc, al mismo tiempo que seguían asesinando, traficando con drogas y secuestrando. Muchos de los principales dirigentes de la UP fueron asesinados por ‘vendettas’ de negocios ilícitos con los principales capos de las drogas. Esperamos que esa no sea la situación que se presente ahora con las Farc, que efectivamente abandonen el narcotráfico, desarticulen todas sus estructuras criminales, desmovilicen a todos sus miembros y entreguen todas sus armas.

¿Estas personas brindarían una mejor protección a esos desmovilizados, que escoltas habituales de la UNP?

No. La razón de ser de la desmovilización, del desarme, de la desarticulación de un grupo terrorista es que el Estado recupere el monopolio de las armas. Aquí no está ocurriendo eso, aquí se está rearmando a una buena parte de ese grupo terrorista para servir de guardaespaldas y de cuerpo de choque a los principales cabecillas de esa guerrilla.

'Es una medida eficaz y a tono con los acuerdos'

Carlos Arturo Velandia, conocido como ‘Felipe Torres’, exguerrillero del Eln.

¿Cómo ve esa propuesta? 

Hace parte de los acuerdos de La Habana, para proveer un mecanismo idóneo y confiable de seguridad para los dirigentes de las Farc que se desmovilicen. Hay que tener en cuenta que aquí en Colombia ha sido casi una costumbre secular asesinar a líderes y a dirigentes sociales. Y por lo general son crímenes que quedan en la mayor impunidad. También es un mecanismo de prevención para que no ocurra lo mismo que pasó con la UP. Las Farc ya han hecho dejación de armas, van a entregarlas todas, y van a pasar a hacer política desde la legalidad. La política la hacen los vivos, no los muertos.

¿Los exguerrilleros van a estar mejor protegidos por sus excompañeros que por escolta particulares?

No me cabe la menor duda. En las Farc hay guerrilleros con mucha experiencia, pero tendrán que ser capacitados en nuevas técnicas, para ser escoltas y dar protección personal.

¿Esas personas tendrán que ser capacitadas?

Si van a pertenecer a un organismo como la Unidad Nacional de Protección, deben ser preparadas y entrenadas en las técnicas y bajo las normas del Estado colombiano, para proveer ese servicio de seguridad. De modo que me parece una medida muy eficaz y muy a tono con los acuerdos que ponen fin a la guerra.

El Gobierno argumenta que con esta decisión las personas protegidas sentirán confianza en sus escoltas. ¿Será así?

Sí, así será. En Colombia hay personas que cuentan con protección, yo soy uno de ellos, porque he recibido amenazas y sufrido atentados. Y me preocupo porque las personas que me cuidan sean confiables. Obviamente me generaría mucha resistencia si esas personas tuvieran antecedentes y problemas penales.

Una de las críticas a este decreto es que se trata de exguerrilleros, pagados con dineros públicos y dotados con armas del Estado. ¿Qué piensa de eso?

Es una crítica totalmente injustificada. Igual, son personas que dejan las armas y se ocupan laboralmente en un servicio desde la legalidad. En otros procesos de paz, los desmovilizados han ingresado, incluso, a las Fuerzas Armadas y de Policía. El problema no es la tenencia de las armas, sino para qué sirven; si sirven para proteger a unas personas que han sacado adelante un proceso de paz, bienvenidas sean.