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Miércoles, 13 Abril 2016 - 2:17am

Falta de garantías de seguridad impide la restitución de tierras en el departamento

El Catatumbo es una de las zonas donde más se ha presentado este problema.

Archivo
En Norte de Santander las solicitudes de restitución de tierras se cuentan en miles, pero las demandas que han llegado a feliz término, permitiendo que los despojados recuperen sus bienes, son escasas, en razón a diferentes factores.
/ Foto: Archivo

Norte de Santander, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, fue de los primeros en soñar con el proceso de restitución de tierras que puso en marcha el Gobierno.  Sin embargo, la falta de garantías de seguridad, especialmente en la zona del Catatumbo, se ha convertido en uno de los principales factores que ha impedido el avance de la política, en estos cuatro años.

La presencia de los diferentes grupos al margen de la ley como las Farc, el Eln y recientemente las bandas criminales en El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y el norte de Tibú, ha generado serias dificultades para la implementación de la norma.

“El narcotráfico y contrabando por los pasos fronterizos, han incrementado el contexto de violencia en esas regiones que impiden la implementación del proceso, la microfocalización de zonas y, en suma, las condiciones de retorno para los beneficiarios”, informó la Unidad de Restitución de Tierras en Norte de Santander.

Es por esta razón que más de 1.500 reclamaciones que se han recibido en Tibú, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Teorama, desde que se puso en marcha el proceso en 2012, siguen en veremos, puesto que los conceptos de seguridad que entrega la fuerza pública no son favorables aún.

De ahí que una de las principales preocupaciones de las víctimas por el estancamiento de la Ley de Restitución de Tierras, es que el conflicto que aún se libra con intensidad en el departamento lleve al traste la norma.

“El grueso de la restitución está en el Catatumbo y allá difícilmente va a llegar pronto la restitución. Por eso, se ha empezado a desatar una desconfianza de los reclamantes toda vez que no ven resarcidos lo daños”, manifestó Juan Carlos Torrado, miembro del plenario de la mesa municipal de víctimas.

Escasez de jueces

El otro gran obstáculo de la implementación de la política de restitución de tierras en Norte de Santander es el escaso número de jueces y magistrados que están a cargo de los procesos.

Actualmente, para estos trámites solo se cuenta con dos jueces civiles del circuito que conocen inicialmente las demandas y agotan toda la etapa probatoria. Cuando se presenta oposición, las demandas son remitidas a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cúcuta, conformado por tan solo tres magistrados.

La poca disponibilidad de funcionarios judiciales para asumir este tipo de casos en el departamento se refleja en el hecho de que, en los cuatro años que lleva en ejecución la histórica norma, tan solo 45 sentencias han sido proferidas en favor de los reclamantes, de las cuales 24 ordenan restitución del mismo predio y 21 compensación “por equivalencia”.

En total, a la fecha, la Unidad de Restitución ha recibido 4.693 reclamaciones, las cuales se han traducido en 270 demandas.

En poder de los jueces siguen 202 demandas que corresponden a 472 reclamaciones.

De los 24 fallos proferidos, 13 bienes han sido devueltos a sus beneficiarios, en zonas como Tibú, Cúcuta, El Zulia y Ábrego.

La OEA apoya el proceso

En medio del debate que se ha desatado por cuenta de la efectividad en la implementación de la política de restitución de tierras y las fallas que estaría dejando en evidencia su ejecución, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), reiteró su respaldo a este proceso que se puso en marcha en 2012.

“La MAPP/OEA reconoce el esfuerzo del Gobierno Nacional en la restitución de tierras y territorios de las víctimas del conflicto armado que, según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, ha permitido que cerca de 22.000 titulares hoy puedan ejercer su derecho de propiedad, gracias a las más de 1.650 sentencias proferidas por los jueces y magistrados de restitución”, manifestaron los representantes de la organización en Colombia.

Hicieron un llamado a todas las instituciones públicas y privadas que tengan sugerencias frente a la norma, a discutir con las entidades responsables sobre las posibles falencias identificadas y a construir de manera conjunta y concertada, las medidas y correctivos a que haya lugar.   

*La Opinión

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