En medio de sorpresas, críticas y hasta cobros de cuentas por la falta de apoyo a la paz, terminó este jueves la vigencia que tuvo por un año el llamado Fast Track, o conocido como el mecanismo legislativo especial con el cual en el Congreso de la República se aprobaron las normas legislativas fundamentales para implementar los acuerdos a los que se llegó con las Farc para terminar el conflicto armado.

El Fast Track se gestó gracias a una reforma constitucional que se aprobó el año anterior en el Congreso, en la cual se determinó que el mismo ayudaría a recortar los tiempos de trámite de los proyectos, tanto de ley como de acto legislativo en sus diferentes momentos en ambas cámaras.

Esa agenda inicial la lideró el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien tramitó, en cuestión de un mes, una de las leyes iniciales que eran clave para que las Farc se desmovilizaran: la ley de indulto. Beneficio judicial que no incorporó a aquellos (entonces guerrilleros) que hayan cometido delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra.

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Pasó igualmente una ley de tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en el marco y con ocasión del conflicto armado. 

En medio de unas sesiones extras, el Congreso aprobó la creación de la Justicia Especial de Paz, la cual fue la base jurídica para que se haga todo el procedimiento de los jefes de las Farc, como de aquellos exguerrilleros que debían ir allí, pero también miembros de la fuerza pública o agentes del Estado que hayan cometido delitos. También se aprobó, en ese momento, la presentación de terceros financiadores o promotores de violencia.

Una ley que también pasó en la primera etapa del Fast Track fue la que avaló la participación de seis voceros en el Congreso del movimiento político ‘Voces de Paz’, que representaron políticamente a las Farc, con voz pero sin voto. Salió también aprobada la creación de las Farc como partido y la entrega, por dos periodos legislativos (2018-2022 y 2022-2026), de cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara.

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Una reforma constitucional más que salió fue la referente a blindar los acuerdos de paz, lo que obliga a que los próximos tres gobiernos no puedan tramitar su reforma. En otras palabras, se cerró la puerta a volver trizas los acuerdos.

Salió además la ley que establece en el país el Estatuto de la Oposición, el cual desarrolla derechos que garanticen la plena participación de los partidos minoritarios.

También salió la reforma constitucional de cambios en el sistema general de regalías, con la cual se garantizó el traslado de al menos un billón de pesos para la construcción de vías terciarias, a la vez que se aseguró que haya recursos de forma anual durante los próximos 20 años para financiar la paz.

Una ley más tramitada y aprobada fue la que modificó la estructura de la Unidad Nacional de Protección, esta con el fin de permitir contratar nuevo personal, entre ellos exguerrilleros, para que sirvan en la protección de los jefes de las Farc que requieran esquemas de protección.

En los últimos cuatro meses se tramitó la llamada segunda ola del Fast Track. Logró pasar la reforma constitucional que asegura el monopolio de las armas por parte del Estado y combate a grupos armados ilegales como los paramilitares.

También, y en medio de muchos debates, se aprobó la ley estatutaria de la justicia especial de paz, norma que ya le da vía libre a la operatividad de la JEP, la cual ya tiene sus magistrados. La ley debe ser previamente avalada por la Corte Constitucional para que quede en firme.

Ya en el remate de la legislatura del Fast Track, esta semana, se dieron los principales reveses. Por un lado, el miércoles el Senado hundió la reforma política, proyecto de enmienda constitucional que se había radicado desde mayo, pero que se fue modificando y terminó disgustando a muchos sectores.

En un limbo jurídico en el último día del Fast Track quedó la reforma constitucional que creaba las 16 circunscripciones de paz, estas pese a que fueron aprobadas en la Cámara, su conciliación en el Senado tuvo problemas. En su votación final tuvo 50 votos, pero se consideró como inválida para lograr pasar la reforma. Por ahora hay dudas sobre si ese era el límite de votos requeridos o no.

Se aprobó la ley del sistema de innovación agropecuaria, la cual igualmente hace parte de los acuerdos de paz en el tema agrícola, pero se quedó en el camino (aprobada en comisiones), la ley del sistema de adecuación de tierras.

Se hundieron en el marco del Fast Track los proyectos de la adjudicación de baldíos, la ley del sistema nacional catastral multipropósito, el proyecto que buscaba reformar la ley de garantías en época electoral, la ley que buscaba dar un tratamiento jurídico especial a los pequeños cultivadores y la ley que daba un marco especial de sometimiento a las bandas criminales.

Este viernes, el Gobierno presentará un balance de la figura del Fast Track y espera definir cuáles proyectos llevará la otra semana al Congreso, bajo la figura del mensaje de urgencia, y esperar que sean aprobadas las leyes antes del finalizar el año.

Durante cuatro décadas los primos Falla gozaron de gran reconocimiento como empresarios arroceros y propietarios de tierras en Huila y Caquetá, sus inversiones y riqueza acelerada nunca pasaron desapercibidas y los posicionaron en los círculos sociales más prestantes de la región.

Luego de varias operaciones contra la desmovilizada organización de las Farc y las declaraciones de varios de sus exintegrantes, la Fiscalía tiene evidencias sobre el presunto origen de los bienes y sociedades que Hernando Falla Duque y Ricardo Falla Ferro adquirieron y que, preliminarmente, ascenderían en valor comercial a $105.000.000.000.

Adicionalmente, Hernando Falla Duque habría movido años atrás, algo más de 2.5 billones de pesos en diferentes transacciones bancarias que nunca reportó en sus declaraciones de renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y que sí contrastan con los informes recibidos por la banca nacional y otras diversas empresas con las que hacían negocios.

Las declaraciones recibidas por las direcciones de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía revelaron que los dos hombres habrían sostenido vínculos con las Farc desde la década de los ochenta, época en la que presuntamente comenzaron a ocultar los dineros que esa organización recibía por el tráfico de cocaína, el secuestro, la extorsión y otras actividades ilícitas.

Los elementos obtenidos dan cuenta que Hernando Falla era conocido en las Farc con el alias de ‘Gan Gan’, mientras que su primo Ricardo recibía el alias de ‘el Loco’ o Gasolino.  Al parecer, los dos tuvieron una gran cercanía con los entonces cabecillas del Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero, y legalizaron los recursos de estas estructuras a través de la compra de fincas, casas, apartamentos, lotes urbanos, establecimientos comerciales y oficinas en varios municipios de los departamentos de Huila y Caquetá; y constituyeron la concesionaria de vehículos Inversiones Inmobiliarias – Inverautos.  Un juez de control de garantías de Bogotá otorgó órdenes de captura contra ambos. Los primos fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en Neiva  (Huila) y Bogotá y en las próximas horas, serán presentados en audiencia pública. La Fiscalía les imputará los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación al terrorismo, también solicitará medida de asegura
miento en centro carcelario. 

Paralelo a la captura  avanza la acción de extinción del derecho dominio que involucra la adopción de medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 31 bienes, 27 inmuebles (19 predios, 1 casa, 3 apartamentos, 3 oficinas y 1 garaje) ubicados en Neiva, Tello y Aipe (Huila), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Bogotá; y una sociedad con tres establecimientos de comercio ubicados en Neiva y Pitalito (Huila), y ganado.