Las presuntas irregularidades que rodearon la etapa precontractual y contractual de un préstamo para la recuperación de la malla vial de Cúcuta y las posteriores licitaciones para la ejecución de las obras, tienen en apuros a la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, quien estuvo al frente de la administración municipal entre 2008 y 2011.
La Procuraduría General de la Nación resolvió formular pliego de cargos en su contra, al considerar que en el proceso surtido a finales de 2011 se presentaron posibles deficiencias.
La decisión cobija también a los entonces secretarios de Hacienda, Adalberto Palacios Contreras, y de Infraestructura, Leonel Valero Escalante.
Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, “la administración municipal habría suscrito un contrato de empréstito interno y pignoración de rentas con una entidad bancaria, pero en el marco de ese procedimiento, la entonces alcaldesa no habría expedido, dentro de los 10 días pactados, la instrucción sobre pignoración irrevocable de los recursos a favor de la entidad bancaria”.
Esto conllevó a que no fuera posible hacer el desembolso de los dineros, puesto que el banco interpretó que se incurrió en la “cláusula de vencimiento anticipado”.
A pesar de que ya no había crédito, Riascos Rodríguez, al parecer, ordenó la apertura de cuatro licitaciones que habrían sido adjudicadas el 29 de diciembre de 2011, dos días antes de dejar el cargo.
Adicionalmente, la Procuraduría le reprocha que en estos procedimientos para la contratación de las obras de recuperación y mantenimiento de la malla vial se presentaron deficiencias en los estudios previos.
Además, “en los pliegos de condiciones se habría establecido como único criterio de evaluación el valor de la propuesta y no se incluyó el componente de apoyo a la industria nacional”.
En el pliego de cargos se advierte que pese a no contar con los recursos requeridos para iniciar los procesos precontractuales, la exalcaldesa habría ordenado (también el 29 de diciembre de 2011) la apertura de cuatro concursos de méritos que tenían por objeto la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra.
Entre tanto, a los entonces secretarios de Hacienda e Infraestructura se les cuestiona el haber permitido que la entonces alcaldesa de Cúcuta participara en la actividad contractual y precontractual incurriendo en las posibles irregularidades que advierte la Procuraduría General.
La Opinión
