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Política
Francisco Bermont no logra recuperar sus derechos políticos
El Consejo de Estado rechazó una segunda tutela con la que buscaba anular la sentencia.
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Lunes, 7 de Agosto de 2017

El nuevo intento que hizo el exdiputado Francisco Bermont por recuperar sus derechos políticos, luego de que el Consejo de Estado le decretara la pérdida de su investidura, en 2013, volvió a resultar fallido.

El alto tribunal rechazó una segunda tutela con la que el actual secretario de Agua Potable del Departamento buscaba anular la sentencia  proferida hace más de tres años en su contra y que lo apartó de la escena electoral, por considerar que había trasgredido la Constitución, al hacer aportes económicos a otras campañas siendo diputado.

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Aunque Bermont ya había intentado en 2015 que el Consejo de Estado no desconociera sus derechos y le restituyera la investidura como diputado, pero el fallo le resultó adverso, decidió intentarlo de nuevo, amparado en una sentencia proferida a finales de 2016 por parte de la Corte Constitucional en la que se estableció un precedente judicial según el cual, en Colombia está prohibida la aplicación de la responsabilidad objetiva.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que su recurso era improcedente, toda vez que no se acreditaba “el cumplimiento del requisito de inmediatez”, pues la tutela se presentó el 17 de mayo pasado, es decir, luego de más de tres años de haber quedado ejecutoriada la sentencia que decretó su muerte política.

“(...) respecto de la solicitud del accionante que se le aplique lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 424 de 2016, es necesario anotar que la misma Corporación ha señalado que el hecho de que se emita una sentencia que trate una cuestión similar a otra, no implicaría, prima facie, un hecho que justifique la interposición de una nueva acción de tutela”, señaló el Consejo de Estado.

Los hechos por los cuales perdió su investidura como diputado Francisco Bermont se remontan al periodo 2001-2003, cuando era integrante del Partido Liberal. La demanda fue interpuesta en 2012 por el abogado José Antonio Quintero.

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