La Procuraduría General de la Nación decidió suspender dos procesos de contratación de la Registraduría que ascendía a un monto de casi $300.000 millones. El primero tiene un presupuesto de $206.0000 millones y el otro por $93.000 millones.
La determinación se produjo después de las alertas emitidas desde el Congreso de la República y en medios de comunicación sobre las posibles irregularidades que podían salpicar ese proceso de adjudicación.
Se trata del contrato para prestar la solución tecnológica y logística para la implementación y puesta en marcha del proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco para las elecciones regionales de 2023 y otro para implementar un sistema de ciberseguridad para la infraestructura tecnológica de la organización electoral.
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El Ministerio Público apuntó que en los documentos del contrato no se advirtió “de la diferenciación de los costos de los distintos insumos u objetos que se incluyen en el objeto contractual”, de ahí que el ente de control envió diez preguntas a la Registraduría para poder continuar con el proceso que hace parte de las gestiones para los comicios en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales el año entrante.
La oficina que lidera Alexander Vega aseguró que alista un pronunciamiento sobre el caso, pues el proceso de adjudicación de los contratos finalizaba el pasado miércoles 21 de diciembre y fue ese mismo día que el Ministerio Público emitió la comunicación pidiendo suspender el proceso.
La orden del procurador delegado para la vigilancia preventiva de la Función Pública, Gabriel Del Toro Benavides, es suspender la adjudicación hasta que la Registraduría responda las preguntas enviadas por la Procuraduría sobre ese proceso de licitación que está en el Secop.
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En el documento expedido por el funcionario se lee lo siguiente:
“...Para establecer el presupuesto oficial requerido (…) La Entidad tomó el valor histórico del servicio contratado en la vigencia 2018 de inscripción de ciudadanos”. No obstante, en lo consignado en los documentos contractuales no se advierte la diferenciación en los costos de los distintos insumos u objetos que se incluyen en el objeto contractual. Por tanto, ¿La Entidad efectuó la estimación del valor a partir de valores de indexación genéricos? ¿Se llevó a cabo un estudio pormenorizado de cada uno de los sectores que comercian los diferentes bienes que se requieren para el cumplimiento del objeto contractual? 1.4 Teniendo en cuenta que: “no es viable comparar el servicio contratado en la vigencia 2018 versus el proceso actual, por cuanto hay servicios adicionales que no estaban contemplados en la citada vigencia”. ¿Qué porcentaje del valor del contrato corresponden a los denominados servicios adicionales?”.
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Una de las primeras en reaccionar fue la congresista Catherine Juvinao. “Por cuenta de nuestras alertas sobre dos procesos de contratación que adelanta la Registraduría y que suman casi $300.000 millones, la Procuraduría solicita suspender adjudicación programada hasta tanto no se resuelvan los requerimientos del ente de control”.
Varias inquietudes
A la Procuraduría no le han quedado claras diversas actuaciones de la Registraduría en torno a este proceso de contratación, entre los que el registrador Alexander Vega debe de explicar:
-Cuál es la relación que dicha contratación tiene con la defensa y la seguridad nacional.
-Explicar los criterios de selección.
-Precisar el análisis elaborado por la Registraduría para llegar al millonario costo previsto a pagar.
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