Después de una larga batalla que comenzó con la fallida Consulta Anticorrupción, finalmente en Colombia fue posible hacer obligatoria la publicación de la declaración de renta de los funcionarios del Estado y garantizar así mayores estándares de transparencia por parte de quienes se desenvuelven en sectores de gran interés para el país y las regiones.
El pasado 30 de diciembre, cuando estaba a punto de expirar el año, el presidente Iván Duque le dio vía libre a la Ley 2013 que establece que, a partir de esa fecha, los servidores elegidos por voto popular, empezando por el propio jefe de Estado, congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales deberán divulgar y dejar disponible para el acceso de los ciudadanos, su declaración de bienes y rentas, así como sus conflictos de interés y los aportes que les hicieron en la campaña que resultaron ganadores.
En el listado entran también magistrados, líderes de organismos de control, el registrador, ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes públicos y rectores de universidades públicas.
Así mismo, el gerente del Banco de la República, directores de Corporaciones Autónomas Regionales, directivos de entidades adscritas y vinculadas a ministerios y departamentos administrativos, al igual que embajadores y cónsules.
La norma estableció que la publicación de esta información es un requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo. De la misma forma, que se debe actualizar cada año y lo más importante, que su publicación en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) es de carácter obligatorio, pues de lo contrario, los funcionarios se podrían ver expuestos a investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La entrega de la información no tiene plazos o fechas de vencimiento, toda vez que la orden fue que una vez entrara en vigencia la ley debía cumplirse inmediatamente con este trámite.
Juanita Goebertus, representante a la Cámara y quien fue la ponente del proyecto en el Congreso, dijo en su momento que la aprobación de la Ley 2013 era un gran paso para Colombia, en la medida que los ciudadanos, las veedurías y los periodistas podrían rastrear la variación del patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, para de esta manera tener un indicio de si existen riesgos de hechos de corrupción.
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Lo que se encontró
Luego de casi dos meses de que la norma entrara en vigor, La Opinión se dio a la tarea de consultar cómo va el cumplimiento de la obligación por parte de algunos de los funcionarios de mayor nivel en Cúcuta y Norte de Santander y la conclusión es que la mayoría de quienes deben cumplir con el requisito sigue estando esquiva a hacer pública su información.
En el caso de las alcaldías, por ejemplo, de los 40 elegidos para el periodo 2020-2023, apenas 7 han hecho sus reportes, esto es apenas un 17,5%.
De los principales municipios del área metropolitana solo han hecho pública la información los mandatarios de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez; y de Villa del Rosario, Eugenio Rangel Manrique.
En ambos casos solo aparece el formulario único de la declaración juramentada de bienes y rentas que ofrece la Función Pública, más no la declaración como tal que es reportada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Declaración de renta Gregorio Angarita Lamk, director de Corponor 2114609057938_1.pdf
Concejales, diputados y congresistas
En la revisión se detectó que hasta el viernes en la mañana los 19 concejales de Cúcuta, elegidos para el actual periodo, no han cumplido con la obligación, a pesar de que debían hacerlo de forma inmediata desde el momento en que tomaron posesión.
En el caso de los diputados, La Opinión encontró que de los 13 miembros de la Asamblea de Norte de Santander, siete ya están al día con su deber, lo cual representa un cumplimiento del 53,8%.
Otro dato que arrojó la revisión es que la bancada de congresistas de la región también está en mora de hacer las respectivas publicaciones, toda vez que de los nueve senadores y representantes a la Cámara elegidos en 2018, tan solo dos han subido al SIGEP su información, para que pueda ser consultada por la ciudadanía.
Hasta el 17 de febrero, según el balance hecho por el departamento de la Función Pública, en Colombia este era el balance sobre el acatamiento de esta obligación:
-141 senadores y representantes a la Cámara subieron al SIGEP sus formatos, de los 280 que integran la corporación.
-291 concejales hicieron el registro de las declaraciones de renta y conflictos de interés. En Colombia actualmente hay 12.063 concejales.
-102 alcaldes han cumplido la obligación de hacer los reportes. En total son 1.102 alcaldes.
-36 diputados ya tienen su información publicada en el SIGEP. Sin embargo, las 32 Asambleas del país están integradas por un total de 418 diputados.
-6 gobernadores, de los 32 elegidos para el actual periodo, están al día con su deber, incluido el de Norte de Santander.
-1 solo edil había reportado hasta el 17 de febrero sus declaraciones, de los 6.814 elegidos el año pasado.
-9.792 servidores públicos de las distintas entidades adscritas a la Rama Ejecutiva han cumplido con el deber de publicar en la plataforma de la Función Pública sus declaraciones de bienes y renta, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto a la renta y complementarios.
-242 reportes de las entidades pertenecientes a la Rama Judicial también fueron hechas hasta el 17 de febrero.
-9 curadores y 113 notarios también publicaron ya su información.
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Tampoco han publicado
La Ley 2013 de 2019 establece, igualmente, que hay otros funcionarios o personas naturales públicas o privadas que prestan algún tipo de función pública, que también deben publicar su declaración de bienes y rentas y registrar sus conflictos de interés.
Entre ellos se cuentan los directores de corporaciones autónomas, directores de las Cámaras de Comercio, gerentes públicos, curadores urbanos y los rectores de las universidades públicas, entre otros.
Sin embargo, al hacer la consulta, hasta el viernes en la mañana estos funcionarios no habían cumplido con el requisito:
-Héctor Jesús Santaella: presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
-Ivaldo Torres: rector de la Universidad de Pamplona
-Héctor Miguel Parra: rector de la Universidad Francisco de Paula Santander.
-Juan Agustín Ramírez: gerente del Hospital Erasmo Meoz.
-Martha Liliana Nieto Estévez: curador urbano No.1
-Carlos José Martínez Velasco: curador urbano No.2
Para tener en cuenta
-La declaración de renta es el documento donde se consignan los ingresos, egresos e inversiones de una persona.
- Están obligados a declarar renta, hoy, quienes registraron un patrimonio bruto igual o superior a $149’202.000. También, quienes hayan recibido ingresos superiores a $46’418.000 o hayan hecho compras o consumos con tarjetas de crédito por este mismo valor. Igualmente, aquellos que hicieron movimientos financieros, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones por esta misma cifra.
-El patrimonio líquido es con lo que en realidad cuenta una persona después de descontar todas las deudas.
-A quienes en la declaración de 2018 les apareció un saldo a pagar de $ 0 esto no quiere decir necesariamente que no pagaron impuestos. En algunos casos, los declarantes tienen saldos a favor por retenciones que les hicieron durante el año gravable, saldos a favor del año gravable anterior o por los anticipos de renta. Así las cosas, si al cruzar los montos estos igualan o superan el impuesto neto a pagar, el saldo es descontado de allí.
