La Procuraduría General de la Nación advirtió que los funcionarios públicos que incurran en favorecimiento de campañas políticas, de cara a la contienda electoral del 27 de octubre, a través de las redes sociales, serán objeto de acciones disciplinarias.

En caso de detectarse situaciones de este tipo, el ente de control iniciará las investigaciones correspondientes. Serán sujetos de control alcaldes, gobernadores o funcionarios del Estado en ejercicio y podrán ser acreedores de sanciones disciplinarias, de comprobarse que utilizaron las redes sociales con mensajes proselitistas en esta época electoral.

Para la procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño, la implementación de vigilancia y alerta por parte del Ministerio Público será pionera para garantizar que no se cometan fraudes de parte de quienes tienen entre sus deberes no promover ninguna campaña política. 

El hecho de que un funcionario utilice una red social para hacer campaña será suficiente para ser investigado por la Procuraduría, con las respectivas indagaciones. Además, la injerencia va en contra de la democracia y del derecho a elegir libremente.

La Procuraduría anunció que vigilarán redes sociales como Twitter y Facebook e invitó a los ciudadanos para que denuncien ante el ente de control si conocen que algún funcionario público está haciendo estas maniobras, bien sea por estos canales o por chats de difusión, porque con esa evidencia será suficiente para iniciar las investigaciones.

Cumplimiento de servidores

El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, expidió hace unos días la Directiva 08, sobre el cumplimiento de reglas de participación en política de los servidores públicos en las elecciones que se avecinan  y la Circular 07, que hace recomendaciones para los procesos electorales de autoridades locales y territoriales, convocados para el 27 de octubre. 

Carrillo recordó que en participación en política todos los servidores públicos están sometidos a los límites establecidos en la Constitución Política y en las previsiones contempladas como infracciones o prohibiciones de las leyes 734 de 2002 y 996 de 2005. 

Recordó que en aplicación de las normas vigentes, ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas, salvo que esté autorizado legalmente, podrá participar en política ni utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular.

De acuerdo con el procurador, la ciudadanía es clave para detectar casos de participación en política por parte de funcionarios.

Por ello, los invitó a vincularse como veedores del proceso electoral y denunciar hechos que comprometan la conducta de quienes ejercen funciones públicas. 

Los canales habilitados para tal fin son el correo electrónico: control.electoral@procuraduria.gov.co y las líneas telefónicas en Bogotá 2848229 y 5878750 extensión 10868.