A pesar de las circunstancias cruciales generadas por la pandemia del coronavirus, en Cúcuta la administración del alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez viene atendiendo los requerimientos propios de esa situación y liderando acciones que le apuestan a la corrección del rumbo de la ciudad.
En diálogo con La Opinión, el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Sergio Andrés Maldonado Huertas, hace un balance del trabajo que se ha adelantado hasta el momento para cumplir con la seguridad alimentaria de los cucuteños y garantizar su prevención, pero también de las proyecciones del despacho que dirige.
¿Cuál es el balance de la ayuda entregada a los sectores que carecen de recursos para alimentarse y atender otras necesidades esenciales?
La administración municipal ha entregado al 7 de mayo, con recursos propios, 35.473 mercados en 68 barrios, para un total de 177.982, que representan el 28,17% de la población total de la ciudad. Además, la Alcaldía de Cúcuta ha gestionado con la empresa privada y la cooperación internacional, 28.000 ayudas más para la población más vulnerable.
¿Se ha afectado el funcionamiento de la administración municipal?
La administración sigue en funcionamiento normal en todas sus dependencias. No se ha parado. Al contrario, hoy se realizan tareas en el marco de la crisis de la COVID-19. La Secretaría de Desarrollo Social tiene a su cargo el seguimiento al abastecimiento y los precios de los productos básicos. Además, tiene la responsabilidad de validar, a través de acciones de vigilancia y control, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para los sectores exceptuados en los decretos presidenciales.
¿Los cambios prometidos y esperados en Cúcuta podrán ejecutarse ante las nuevas circunstancias?
Sin duda. La crisis mundial del COVID va a redireccionar los recursos públicos hacia la atención de la emergencia, la contingencia del virus y el proceso de recuperación económica, ambiental y social. No se puede desconocer esta realidad. Se deben priorizar los esfuerzos hacia la gestión de recursos, atracción de inversión y proyectos estratégicos que representen el avance de la ciudad en decisiones aplazadas históricamente.
¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social que usted lidera?
La Secretaría tiene a su cargo dos grandes retos: desde el sector de la participación ciudadana debemos realizar un trabajo de fortalecimiento a los liderazgos en las comunas, dirigido a la consecución de soluciones desde los barrios, de sus problemas estructurales. Segundo, en lo referente al sector de productividad y competitividad, los retos están dirigidos a mejorar los indicadores económicos que por años nos han definido como ciudad.
¿Esos retos tendrán cambios ante la realidad actual?
La pandemia que ahora nos asedia pone en consideración muchas de esas metas, pero genera otras oportunidades dentro de las que están la formalización del empleo y el fortalecimiento de la producción agropecuaria.
¿Qué medición tiene de las condiciones sociales y económicas de la población cucuteña?
Uno de los indicadores más preocupantes es el de desempleo, que llegó en la última medición reportada por el DANE a 19,8 por ciento, lo que representa un número total de 80 mil desocupados. De igual forma, seguimos siendo la ciudad con mayor informalidad, con un porcentaje de 71,4, lo que nos lleva a tener aproximadamente 230 mil personas en actividades de esa condición. El ingreso promedio de los cucuteños ocupados se calcula en 970 mil pesos. El nivel de pobreza, de acuerdo con mediciones del mismo DANE, se estima en 36,2%. Los indicadores venían presentando mejorías en el trimestre debido a un mayor dinamismo impulsado, en parte, por la demanda de diferentes productos de ciudadanos venezolanos, y por el crecimiento de las remesas que llegaban a la región y que sumaron el año anterior 105 millones de dólares, lo que representaba alrededor de 900 millones de pesos diarios provenientes de países como Estados Unidos, España y Chile.
Justamente, ¿frente a la informalidad laboral y el desempleo se tienen políticas orientadas a promover soluciones?
La situación poscoronavirus prevé la caída histórica de la economía mundial, lo cual evidentemente afectará nuestra ya fracturada economía local. Los indicadores hablan de una caída del 5,5% del PIB nacional y una afectación especial de los sectores que, para el caso de Cúcuta, representan los mayores empleadores como el comercio al por menor, hotelería y restaurantes, manufactura y construcción. La Secretaría de Desarrollo estima, de acuerdo con estudios de la Universidad de los Andes y el DANE, que cada mes que pasa de cuarentena o aislamiento social obligatorio representa un impacto de cerca 155 mil millones solo en salarios de los sectores más representativos de nuestra economía.
¿Cómo se ha pensado mitigar ese impacto?
Estrategias como el impulso de las Zonas Económicas Especiales, la mejora en la productividad agrícola, las líneas de crédito dirigidas a microempresarios, los procesos de acompañamiento y aceleración de sectores que dinamizan la economía local, siguen siendo la línea a fortalecer durante esta primera etapa de recuperación.
¿Cuentan con los recursos para garantizar la ejecución de programas orientados a solucionar problemas que pesan sobre los sectores de menores ingresos?
Las finanzas públicas locales, como todos los sectores, verán afectados sus ingresos. Ante la menor actividad económica se prevé un impacto en el recaudo municipal de impuestos como el de industria y comercio. Adicionalmente, los flujos que llegan desde el Gobierno Central probablemente se verán disminuidos por la desaceleración económica y por la situación mundial del petróleo y el carbón que llevará a una disminución de las regalías y los dividendos que nutren las finanzas nacionales y que además representan la mayoría de las exportaciones de nuestra región. Ante la anterior situación, debe existir una responsabilidad suprema en la asignación de los recursos, dirigidos prioritariamente a la atención de la emergencia en salud, alimentación y a la reactivación económica.
¿Cómo está la situación de los inmigrantes venezolanos en Cúcuta?
En las últimas seis semanas, a través del puente binacional Simón Bolívar, han salido más 14.000 personas migrantes. Otro porcentaje se encuentra a la espera del trámite en el Centro Nacional de Atención en Frontera -CENAF. El gobierno de Venezuela mantiene el servicio de albergue (en escuelas) en el estado Táchira, región que registra un ingreso a la fecha de cerca de 20.000 migrantes retornados desde el interior de Colombia, Ecuador y Perú. Se mantienen flujos pendulares desde Venezuela, cruzando por los más de 150 pasos informales en busca de provisiones, a pesar de la militarización en ambos lados de la frontera. Según la evaluación rápida de necesidades, ante la COVID-19 se logró evidenciar que las tres principales necesidades percibidas por los hogares de la población migrante son alimentación (95%), apoyo de vivienda, por ejemplo ayuda para pagar arriendo (53%) y acceso a empleo o medios de vida (45%).
¿Y en educación y salud, ¿qué reportes tienen?
En el área de educación, el 46% de los hogares no está realizando ninguna actividad con los niños, y una amplia mayoría de ellos (97%) no cuenta con un computador. El 30% de los encuestados menciona haber necesitado tratamiento médico y de este porcentaje, el 67% reporta no recibir una atención adecuada, principalmente debido a las restricciones para salir de sus casas y no estar afiliados al sistema de salud (34%). El déficit en acceso a servicios en salud, en especial la oferta especializada, incluyendo pediatría, ginecobstetricia, siquiatría, entre otras, son factores determinantes para la cronificación de patologías en la población migrante. También contribuye el limitado acceso a procesos de consulta y control, que permiten el avance de enfermedades comunes. Las estadísticas en el área de ginecobstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meoz reportan que siguen en aumento para el caso de partos en migrantes. Entre febrero, marzo y abril de este año se han atendido 1.249 partos, de los cuales 1.040 corresponden a venezolanas. Es decir, que el 83,2% de los partos atendidos son de migrantes.
