En un informe de 20 páginas dirigido a la ministra del interior, Alicia Arango Olmos, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, expuso los riesgos a los que están expuestos los colombianos en varias regiones del país, a causa de la violencia  que continúa a pesar de la cuarentena decretada para enfrentar la expansión de la COVID-19.

El documento fue entregado a la funcionaria el pasado 30 de abril y en este se advierte que las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Los Pelusos y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han cometido alrededor de 72 actos que atentan contra la vida de los colombianos.

El registro que tiene el órgano defensor data del 23 de marzo hasta el 27 de abril, es decir, en la época en la que el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo por cuenta de la pandemia que ya deja más de 13.000 personas infectadas en el país.

“Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de salud con infraestructura y dotación deficientes, o inexistentes, para la atención de posibles casos de infección”, señala la Defensoría.

De acuerdo con el informe, de las 72 acciones, 41 serían desencadenantes de expresiones de violencia, justificadas en la emergencia ambiental y sanitaria, concentrándose el 57,5% de estas en áreas rurales del país, a pesar de que la propagación del virus ha tenido una mayor incidencia en contextos urbanos.

Allí se señala también que al menos 14 acciones se le han atribuido a los disidentes de las Farc, 11 al Eln, seis a grupos desmovilizados de las AUC o sucesores del paramilitarismo, dos a los miembros del Epl o los denominados Pelusos, y uno corresponde al fuego cruzado entre el Eln y el Epl, en donde había presencia de población civil. El resto de acciones son, al parecer, autoría de los grupos armados de delincuencia organizada.

“Durante el período de implementación de las medidas de prevención ante  la propagación del COVID-19, el repertorio de violencia de los actores armados ilegales se ha concentrado en la emisión de amenazas contra la población civil, particularmente en contextos donde su control es hegemónico o bien hay coexistencia”, expresó el defensor en su documento.

La entidad le insiste al Gobierno Nacional que en departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, este material abunda e impone regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio.

Y reseña que en los panfletos difundidos por disidentes de las Farc y el Eln, es común un mensaje imperativo a los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, aduciendo que su presencia permitirá hacer frente a los vacíos del Estado, ubicándose como protectores de la población civil.

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En consecuencia, para la entidad, los grupos armados estarían usando la emergencia sanitaria para emprender acciones que les permita tener ventaja militar en el marco de sus propósitos de dominio, expansión o consolidación territorial.

Los líderes sociales

Del oscuro escenario de violencia no escapan tampoco los líderes sociales. Según la Defensoría del Pueblo, se han registrado estrategias de instrumentalización de defensores en cuanto a la difusión de normas de conducta, así como la puesta en marcha de retenes ilegales, instrumentalizando también a miembros de la comunidad para tal efecto, especialmente en el suroccidente del país.

De acuerdo con el informe entregado al Ministerio del Interior, las afectaciones a los líderes sociales y defensores de derechos humanos por cuenta de la violencia en la actual coyuntura, han comprometido el desarrollo de sus actividades de liderazgo, aspecto que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades que representan ante el accionar de los actores armados ilegales.

Esto llama la atención del órgano defensor por cuanto en más de una ocasión, en las alertas tempranas emitidas se ha dejado claro que la inversión social y la presencia estatal en zonas vulnerables disminuye el riesgo de que las estructuras al margen de la ley tomen el poder y ocupen los escenarios que deben ser del Estado.

En ese sentido, la Defensoría señala que al no contar con esas garantías, las acciones de los grupos al margen de la ley pretenden “adquirir o fortalecer una suerte de legitimidad social mostrándose como protectores de la población, especialmente en áreas rurales con poca presencia institucional, donde ostentan cierto grado de control territorial, por medio de la imposición de normas de conducta y la sanción de quienes las transgredan, además del desconocimiento de medidas oficiales del orden nacional y regional”.

Además de esto, buscan fortalecer el control y su expansión, a partir de la imposición de restricciones a la movilidad y regulaciones sobre la comercialización de víveres para el abastecimiento.

“Esta situación puede presentarse, también, en contextos urbanos de orden periférico, donde es probable la participación de grupos de delincuencia organizada, quienes estarían interesados en fortalecer su incidencia territorial para fines de economías ilegales, motivación a vecinos para robo a mercados locales y amotinamiento”, indica el documento.

En el informe también quedó consignado que si bien el Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego durante el comienzo de la emergencia sanitaria, la Defensoría constató que este grupo al margen de la ley sostuvo combates contra diferentes grupos armados en donde estaba presente la población civil.

Lo que recomienda la Defensoría

Frente al panorama al que están expuestas las regiones con mayor presencia e incidencia de actores armados al margen de la ley, la Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, adoptar las medidas para que las administraciones locales emprendan acciones dirigidas a reconocer el escenario de riesgo que se encuentra identificado en los territorios enunciados por las alertas del órgano.

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Solicitaron, además, focalizar medidas de prevención del contagio y atención en salud a la población en los territorios identificados, así como fomentar medidas de atención a las comunidades, principalmente para el suministro de alimentos, medicamentos y demás bienes.

A la Fiscalía General le pidieron definir un plan que permita investigar de forma rápida las amenazas proferidas por actores armados ilegales en contra de la población civil.

Y  al Ministerio de Defensa le solicitaron que a través del comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía Nacional, identifique al interior de los territorios la presencia de sus unidades para implementar acciones, particularmente, en corredores y otros sectores estratégicos, con el fin de ejercer control en el territorio y evitar la presencia de las estructuras armadas.

Estos hechos ocurrieron, en el departamento del Chocó, particularmente en el municipio de Bojayá, el sur del departamento del Cauca, el Sur de Bolívar y en Norte de Santander.