Según la JEP acordada entre el Gobierno y las Farc, esta mantiene “una relación estrecha con la justicia ordinaria y los procesos y condenas existentes”.
La Jurisdicción Especial para la Paz que acordaron el Gobierno Nacional y las Farc en el punto de Justicia Transicional, establece penas efectivas de prisión de entre cinco y ocho años, y en otros casos de hasta 20 años.
El acuerdo señala que quienes reconozcan su responsabilidad por delitos graves tendrán penas restricción efectiva de la libertad de cinco a ocho años. “Será un sistema de restricción de la libertad austero bajo un régimen de vigilancia y control pero con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos”, dice el documento.
Una pena similar, es decir de entre cinco y ocho años de prisión, cobijará a quienes “reconozcan su responsabilidad tardíamente”, con la diferencia de que la pena privativa de la libertad “deberá ser cumplida en el régimen”.
También establece el acuerdo que quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, serán condenados hasta 20 años de prisión efectiva en establecimientos carcelarios.
El acuerdo es claro en que aún no están acordadas los lugares y condiciones para el cumplimiento de las sanciones de restricción efectiva de la libertad.
De otro lado, en el caso de delitos atroces cometidos en el contexto y en razón del conflicto pero que hayan reconocido responsabilidad deberán cumplir una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, que será definida por el Tribunal para la Paz.
Y quienes no reconozcan responsabilidad o lo hagan tardíamente, deberán cumplir con penas privativas de la libertad en establecimientos carcelarios ordinarios.
