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Viernes, 15 Junio 2018 - 5:14am

¿Hasta dónde podría modificar Duque el acuerdo de paz?

“Nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos”, ha reiterado el candidato presidencial.

Archivo
El candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque, ha dicho que sí es presidente hará varias modificaciones al contenido de lo que se pactó con las Farc.
/ Foto: Archivo

Desde que se iniciaron las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la ya desaparecida guerrilla de las Farc, uno de los principales opositores de esa negociación fue el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Su desacuerdo y rechazo a lo pactado se convirtió en la principal arma de batalla de esta colectividad para hacer política y para consolidarse como una fuerza de peso en el escenario electoral. En octubre de 2016 y en medio de la polarización en la que quedó sumido el país por cuenta de la paz, el uribismo logró sentar un primer precedente en ese camino de oposición, al conseguir la victoria del ‘No’ en el plebiscito con el que se pretendía legitimar lo que se acordó en Cuba.

Esto llevó a las partes a volver a la mesa, para hacer una primera modificación a los aspectos frente a los cuales había un descontento. 

Sin embargo, pese a que desde el Gobierno Nacional siempre se aseguró que  los cambios sugeridos por el Centro Democrático y los líderes del ‘No’ se hicieron, este sector no quedó conforme y además de intensificar su oposición en el Congreso,  rechazando las normas que se necesitaban para la implementación, empezaron a labrar el camino que hoy tiene al uribismo nuevamente cerca de la Presidencia de la República, con Iván Duque a la cabeza.

Una posibilidad con la que este partido espera contar, para así tener un margen de maniobra mucho mayor que le permita introducir los cambios que siempre han querido.

Y si bien el aspirante presidencial de la derecha asegura que de ser elegido no “hará trizas” lo que se pactó, como en algún momento lo planteó el exministro Fernando Londoño, uno de los uribistas más radicales, Duque sí ha dejado claro que, sí o sí, hará modificaciones o reformas.

“Nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos. Lo que queremos es dejar claro que la Colombia de paz es la que se encuentra con la justicia. Donde hay verdad, hay reparación, hay cumplimiento de penas y se resarce y se satisfacen los anhelos de las víctimas”, dijo Duque el 27 de mayo, durante la celebración de su triunfo en primera vuelta.

¿Y el blindaje?

En medio de esa incertidumbre que existe frente a lo que pueda hacer Iván Duque con el acuerdo de paz, para muchos, el fallo expedido por la Corte Constitucional a finales del año pasado, en el que avala el Acto Legislativo 02 (blindaje jurídico) y señala que en los próximos tres periodos presidenciales se tienen que respetar los mandatos establecidos en el documento, es una prenda de garantía de que no se podrá alterar lo que se firmó.

Sin embargo, constitucionalistas como Juan Manuel Charry y José Gregorio Hernández, consideran que esta disposición de extender durante tres mandatos el cumplimiento del acuerdo de paz no necesariamente implica que sea intocable lo que allí está consignado.

“Nada impide que, como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, cualquiera de los próximos Congresos, una Asamblea Constituyente o el pueblo mediante referendo, decidan derogarlo. Ni el actual Congreso, ni la Corte, pueden prohibir que reformas futuras de la Constitución puedan modificar o derogar las normas aprobadas, incluido el blindaje contenido en este Acto Legislativo. El “blindaje” no está blindado”, explicó Hernández en una de sus columnas de opinión.

Aun así, para el también exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, quien asuma como nuevo presidente de Colombia no tendrá un camino tan expedito para hacer cambios al acuerdo, pues de por medio están, igualmente, las Farc. “Esto es un acuerdo entre dos actores: el Gobierno Colombiano y las Farc. Respetando la regla de que los contratos son para cumplirlos, una modificación tendría que tener el aval de las Farc y es muy difícil que ellos lo otorguen”, consideró Beltrán.

Así las cosas y a tan solo tres días de definirse quién será el nuevo presidente de Colombia, La Opinión hizo un chequeo sobre los cambios específicos que sugiere el candidato del Centro Democrático y les preguntó a los constitucionalistas qué tan viables son estas reformas y hasta dónde podría llegar Duque en su intención de hacer modificaciones al Acuerdo para la Terminación del Conflicto.

‘El narcotráfico no puede ser conexo al delito político’

Lo que dice el acuerdo

Aunque no existe un aparte del acuerdo de paz que ubique literalmente el delito de narcotráfico como conexo del político, por la interpretación de lo que se plantea en el punto 5 de la agenda se infiere que este es uno de los tantos que podrían ser objeto de amnistía, teniendo en cuenta que las Farc argumentaron que el narcotráfico fue un instrumento para financiar su rebelión.

En ese sentido, el texto señala que: “La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos”.

Lo que quiere Iván Duque

En varias entrevistas Iván Duque ha dicho que si llega a la Presidencia presentará una reforma constitucional, con el fin de establecer que el narcotráfico no es un delito amnistiable y cerrarle así la puerta a otros grupos que quieran valerse de esta figura. “Puede que no tenga efectos retroactivos, pero es importante para el futuro del país”, dice Duque.

¿Viable o inviable?

Es viable mediante reforma, pero solo aplicará para el futuro, por razones del principio de favorabilidad. En ese sentido, no se les aplicaría a los actuales desmovilizados.

‘Sustitución y erradicación obligatoria y no voluntaria’

Lo que dice el acuerdo

El punto 4.1.1 del acuerdo de paz señala lo siguiente: “A partir de la decisión y compromiso de los cultivadores de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria es un principio fundamental del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respetivos territorios”. En casos de incumplimiento de los compromisos, el Gobierno procederá con la erradicación manual.

Lo que quiere Iván Duque

El candidato ha dicho que la sustitución y la erradicación de cultivos ilícitos no deben ser voluntarias sino obligatorias y que se debe retomar la aspersión aérea como un mecanismo de lucha contra el narcotráfico. “Los cultivos ilícitos hay que combatirlos con firmeza”, ha planteado.

¿Viable o inviable?

Una reforma es viable. Sin embargo, ante la sensibilidad del tema, se debería seguir concertando con las comunidades para lograr el convencimiento de los cultivadores, de que sustituyan de manera voluntaria, antes de entrar a la fuerza.

‘Revisión exhaustiva a la jep’

Lo que quiere Duque

El aspirante del Centro Democrático ha insistido una y otra vez en que “la Justicia Especial para la Paz (JEP) tal como está, es un mecanismo de impunidad que permite la elegibilidad política de los criminales de lesa humanidad, y donde quedó claro que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Eso, por supuesto, es una burla a las víctimas y una gran afrenta a nuestro Estado de derecho”. 

En este sentido, ha sugerido los siguientes cambios:

Los exguerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad no podrán hacer política antes de pagar sus penas en prisión, así no sea una cárcel, pero no podrán suplir sus faltas con penas alternativas. 

Armas no entregadas y recursos ocultos para la reparación de las víctimas implican un delito nuevo y los cabecillas perderán todos los beneficios.

Si una persona está en el Congreso y le ratifican una condena por crímenes de lesa humanidad debe dejar la curul y se debe nombrar quien lo sustituya, que no tenga ningún crimen de lesa humanidad.

Civiles y militares no pueden ser igualados con criminales de lesa humanidad.

La JEP no puede poner en riesgo el principio de cosa juzgada de otras instancias judiciales, porque amenazaría la autonomía jurisdiccional de las cortes.

¿Viable o inviable?

Cambiar las reglas de la JEP es alterar de fondo el proceso de paz, pues es su columna vertebral. En ese sentido, una reforma a lo que ya se pactó no podría ser viable porque esta instancia es de creación constitucional.

Lucy Araque

lucy.araque@laopinion.com.co

Redactora Política. Trabaja en La Opinión desde 2007.

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