Dos años después de que la Contraloría General de la República iniciara los procesos en contra del entonces gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, esa entidad le imputó ayer responsabilidad fiscal por $274 millones ante el detrimento patrimonial del erario que provocó un convenio para reconstruir un puente dañado por el invierno. Para ello, la Gobernación suscribió un acuerdo con la Asociación Carbonera de Norte de Santander (Asocarbón), para arreglar el puente de Puerto León (en la vía a Puerto Santander), afectado por la ola invernal 2010-2011.
Por esa investigación, 15 días antes de terminar su mandato Villamizar Laguado fue suspendido del cargo.
El proceso se relaciona con la ejecución del proyecto de reconstrucción del acceso y protección de la estructura del puente de Puerto León, con un costo de $1.465 millones. Los dineros fueron aportados por el Fondo Nacional de Calamidades.
En ese entonces, mediados de diciembre de 2011, la Contraloría, al conocerse la suspensión de Villamizar, manifestó que la investigación se había iniciado pues a esa entidad le generaba sospechas el hecho de que la Gobernación hubiera suscrito un convenio de cooperación con Asocarbón, que tenía a su cargo la ejecución de la obra, sin que el contrato correspondiera a los acuerdos que se suscriben por convenios de asociación.
Además, la Contraloría afirmó no tener certeza de la idoneidad del contratista en este tipo de obras.
La contralora Sandra Morelli sostuvo en su momento que la Gobernación no aportó los documentos solicitados sobre dicho contrato, lo que dificultó el ejercicio fiscal de los recursos que se estaban ejecutando.
“No suministraron la información que se les solicitó y hay irregularidades serias en el convenio”, afirmó por aquel entonces la contralora Morelli.
Villamizar Laguado manifestó, en su momento, que había entregado toda la información que la Contraloría le había pedido.
Incluso, hizo pública un acta que hacía referencia a una de las visitas hechas por los delegados de la Contraloría a su despacho, el 16 de septiembre de 2011, y en la que les hizo una completa relación sobre el estado del proceso administrativo de ejecución de los recursos aprobados para las obras de la emergencia invernal, incluidas las del puente de Puerto León.
“Los atendimos, les mostramos 15 A-Z, 361 folios que corresponden a la información solicitada”, aseguró por aquel entonces Villamizar.
En la comunicación entregada ayer por la Contraloría, se pudo leer que esta entidad también le imputó responsabilidad fiscal al actual candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de La U, Wilmer Carrillo Mendoza, secretario de Infraestructura de Norte de Santander para la época de los hechos, “por la estructuración precontractual de la ejecución de las obras ubicadas en el puente de Puerto León, que conllevó a la gestión fiscal antieconómica por suscripción del convenio de asociación suscrito con Asocarbón”.
