Las organizaciones sociales, sindicales e indígenas del Cauca se levantan de la mesa de trabajo que adelanta el Gobierno nacional, a través del ministerio del Interior, en materia de construcción de la política pública para la protección de los derechos humanos.
Según Cristian Raúl Delgado Bolaños, vocero de la mesa territorial de garantías del Cauca, la decisión obedece a la contradicción de las autoridades nacionales a la hora enfrentar la grave problemática humanitaria que se vive en el norte del departamento.
“Las organizaciones sociales hicimos un análisis sobre la crisis en la región en materia de derechos humanos y las respuestas que el gobierno nacional anunció, a raíz de la violencia en zonas como el norte del departamento, en ese ejercicio nos dimos cuenta que es éticamente imposible continuar con un diálogo de una política pública en la materia, mientras que a nuestros compañeros los están asesinando”, dijo Delgado Bolaños.
Y es que las dos masacres presentadas en la última semana en Toribío y Corinto, así como el asesinato de dos comuneros en menos de 24 horas en dicha región, llevó a las organizaciones sociales, como Marcha Patriótica, Asoinca, CUT, Cric, entre otras, a declararse en asamblea permanente para consultarle a las comunidades cómo participarán en el paro nacional del próximo 21 de noviembre.
“Que pare la violencia, es necesario que entre todos defendamos la vida, que trabajemos por un país en paz y avanzar en la consolidación de los acuerdos de paz, por eso no hablamos más con el actual gobierno, porque vemos que primero anuncia un incremento militar para la región y luego una serie de medidas sociales que poco impactan, en nuestro criterio, a las realidades de nuestros territorios”, agregó vocero de la mesa territorial de garantías del Cauca.
Esa misma postura la expuso Joe Sauca, coordinador del área de derechos humanos del Cric, al indicar que tanto los sectores indígenas, como campesinos y otros, no creen que la solución a la ola de violencia que se vive en el Cauca sea un incremento en la fuerza pública de la región.
“Históricamente el departamento ha estado militarizado, que hoy pongan más pie de fuerza, es distinto. Cuando esto pasa, en los territorios se agudiza la violencia, Mire el caso de la masacre de Karina García, donde murieron además dos compañeros indígenas. El gobierno hizo un consejo de seguridad, anunció 1.500 soldados, pero uno se pregunta si llegaron o no llegaron porque las muertes continuaron en la región como las dos masacres posteriores a la presentada en Suárez”, puntualizó Joe Sauca.
Para el representante nativo, la solución tampoco es armar a la guardia, aspecto que rechazó tajantemente al considerar que nunca dicha organización se prestará para planes militares.
Continuando con esta postura, el presidente de la regional Cauca de la Central Única de Trabajadores, CUT, Óscar Alirio Sánchez, recalcó que el anunció de más batallones en esta zona de Colombia demuestra la poca voluntad del actual gobierno de dialogar con las comunidades.
“Por eso, acá en el Cauca, nos acogemos al llamado de paro nacional por 24 horas. En Popayán y Santander de Quilichao serán el epicentro de las movilizaciones y estamos prestos para ampliar las jornadas de protesta si es del caso”, agregó Óscar Alirio Sánchez.
El anuncio de no conversar más con el gobierno frente a temas humanitarios se dio tras la visita, en una misma semana, del presidente Iván Duque al departamento, situación que no contrarrestó los homicidios en municipios como Toribío.
Los compromisos de Duque
El lunes festivo, el presidente Iván Duque, junto a los ministros de Defensa e Interior, así como la cúpula de Policía y Ejército, adelantó un consejo de seguridad en Popayán, en donde reiteró su compromiso con el departamento del Cauca, con obras y proyectos en materia social para impactar positivamente en todas las comunidades.
“Reiteramos que este gobierno está comprometido con el Departamento del Cauca. He estado en el Cauca cerca de nueve veces desde que empezó este gobierno y seguiremos haciendo presencia”, manifestó el mandatario al terminar la reunión con miembros de su gabinete en la que se analizaron los hechos violentos de este fin de semana que terminó y los ocurridos en días pasad.
El jefe de Estado adelantó este lunes una jornada de trabajo en el departamento, con el fin de acelerar más el plan social del Cauca, “que hemos consolidado como gobierno desde el comienzo de nuestra administración para atender las necesidades de sus habitantes”.
También señaló que el deseo es afianzar y seguir mejorando los programas para cerca de 207.000 familias en acción en los 42 municipios del departamento del Cauca, así como superar los 9000 jóvenes en acción en el departamento para que también reciban apoyo.
“Tenemos también bajo el programa 'Mi negocio', 300 emprendimientos que queremos habilitar en el distrito y los municipios del departamento que permitan tener ciclos productivos a familias vulnerables”, manifestó presidente Duque.
El mandatario dijo que el programa Familias en su tierra trabaja con población desplazada, la cual se busca que cuente con el plan retorno para cerca de 3447 beneficiarios en municipios como Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Timbío, Timbiquí, Pie Monte y Rosas.
“En el trabajo coordinado de este plan social también juega un papel fundamental el Departamento Nacional de Planeación, y es por eso es que nosotros podemos decir que desde el 7 de agosto hasta la fecha, hay cerca de 160 proyectos aprobados del sistema general de regalías” dijo Duque.
Frente al tema del narcotráfico, Duque señaló que “es el mayor enemigo de los líderes sociales y de los pueblos indígenas”, por lo que “todos los colombianos tenemos que unirnos para enfrentar este fenómeno”.
“Pueden tener la certeza todas las comunidades indígenas que nosotros somos respetuosos de sus creencias, su ancestralidad, pero que estamos también para protegerlos de todas estas amenazas y no dejaremos de hacerlo en ningún momento” enfatizó el mandatario colombiano.
