La vida de Jaime Buenahora Febres-Cordero es la suma de actividades irrigadas por el conocimiento y el ejercicio de la política. Es un intelectual con quehaceres de interés general.
Nació en Cúcuta. Estudió Derecho y Economía en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Cursó una maestría en Sociología del Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de La Sorbonne, en París.También estudió historia en la Universidad Heidelberg de Alemania.
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Ha estado vinculado a la academia durante 30 años como catedrático en las facultades de Derecho de las universidades Javeriana, Externado y Libre. En la actualidad es director académico de la maestría en Global Affairs de la Universidad Fairleigh Dickinson, de Estados Unidos.
Es autor de los libros La democracia en Colombia, El proceso constituyente de 1991, La generación del terremoto, Los procesos electorales y Prevalencia del interés general.
Su participación en el sector público le ha permitido ser elegido representante a la Cámara y desempeñarse también como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, viceministro del Interior, secretario de Gobierno de Bogotá y cónsul General de Colombia en Nueva York.
En diálogo con La Opinión, Buenahora se refirió a los 30 años de la Constitución de 1991, al acontecer de la política en general y a sus próximos planes.
Usted considera que la Constitución de 1991 fue un abono importante a la esperanza de los colombianos, agobiados entonces por una profunda crisis institucional, ¿cuál fue el resultado?
Desde el punto de vista institucional, el salto fue inmenso porque se pasó del Estado de Derecho, en donde la libertad y la igualdad son apenas abstracciones, al Estado Social de Derecho, en donde tienen que concretarse o materializarse. Ese cambio era necesario, dadas las inmensas desigualdades. Lo anterior suponía ajustar el modelo económico y todas las políticas públicas para alcanzar de manera progresiva inclusión y oportunidades para todos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales, como los de educación, salud, y vivienda. No se trataba de abandonar el capitalismo, o sea la iniciativa privada y la libre competencia; se pretendía controlar el mercado, frenando su voracidad y sus distorsiones, que generalmente crean más pobreza e inequidad. Se quería construir socialdemocracia, o sea, un modelo de capitalismo social, con rostro humano. La herramienta era el intervencionismo de Estado, usándola cada vez que fuera necesario.
¿Qué debe ofrecer un Estado Social de Derecho?
Supone solidaridad y prevalencia del interés general. Por lo mismo, debe ofrecer plenas garantías para que derechos como los de educación, salud y otros, no se conviertan en mercancía y negocio. El resultado hasta ahora no se ha logrado, porque todos los gobiernos que hemos tenido desde 1991 han sido neoliberales, y han defendido el capitalismo salvaje, es decir, lo contrario a lo que predica la Constitución.
El paro, la movilización de los jóvenes, la protesta social generalizada, ¿es una señal de cambio posible en Colombia?
El paro es un claro reflejo del descontento y las desigualdades, de las dificultades de grandes sectores. Los jóvenes son un segmento vital. La población menor de 24 años representa el 40 por ciento del total, y parece no tener futuro. Quienes amplifican la pandemia como causa, están equivocados. Es cierto que ha exacerbado los problemas, pero las verdaderas causas ya existían y eran inocultables: pobreza, marginalidad y falta de oportunidades. Las movilizaciones son una advertencia seria. Se necesitan cambios estructurales en todos los temas sociales y estos cambios se hacen con poder, y desde el poder. El Gobierno tiene que interpretar la dura realidad, y actuar en consecuencia. Si no se da un giro en las políticas públicas, seguiremos de mal en peor.
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¿Cómo ve al Congreso de Colombia respecto a sus responsabilidades políticas?
Del Congreso se ha apropiado la élite política del país. No representa a amplios sectores de la sociedad colombiana y no los interpreta. Todo se distorsiona desde el comienzo, por los mecanismos para financiar las campañas, que impiden una competencia limpia e igualitaria. El dinero va ligado a la ambición de poder, no al deseo de servir. Los costos de las campañas manipulan la democracia.
Salvo contados miembros del Congreso, que son valiosos, diría que la representación del pueblo está secuestrada por una clase política mayoritariamente corrupta. En consecuencia, el Congreso no puede cumplir sus responsabilidades políticas.
La región
Venezuela y Colombia han llevado sus relaciones a una ruptura extrema, ¿le ve correctivo a esa situación?
Es absurdo no tener relaciones con Venezuela y ver la frontera cerrada. En algún momento, el comercio binacional superó los 8.000 millones de dólares. Todo es voluntad política, esfuerzo e inteligencia diplomática, respeto recíproco por el modelo o la ideología del otro. No se es demócrata cuando se rechaza al otro porque piensa distinto y menos cuando se producen provocaciones. El daño a la frontera es inmenso, casi irreparable.
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Los gobiernos de Bogotá y Caracas tienen que pasar la página. No olvidemos que los Estados Unidos y la Unión Soviética pudieron negociar cuando la crisis de los misiles en Cuba, en 1962; y que Reagan y Gorbachov también se sentaron a dialogar en 1986. La dirigencia regional y local tiene que ser creativa, proponiendo ante los dos gobiernos un plan serio de recuperación gradual de las relaciones binacionales. Más que un reto, es una obligación.
¿Qué importancia le asigna al proyecto que busca convertir a Cúcuta en Distrito?
No demerito el esfuerzo de quienes promueven la idea, pero lo que se lograría es muy poco y beneficiaría a algunos grupos, y no al conjunto regional. “De noble y valerosa Villa” ahora a “Distrito”, o sea, otro título rimbombante. También nos llaman “Perla del Norte”. Más que títulos y formalismos, necesitamos infraestructura y, sobre todo, la reapertura de frontera, porque donde hay barreras y prohibicionismo absurdo, se abre paso la ilegalidad. Ojalá esas tareas recibieran la energía de quienes promueven el “Distrito Múltiple”.
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Se habla de una posible candidatura suya a la Alcaldía de Cúcuta, ¿le suena?
La ciudad es todavía transformable, como la mayoría de las ciudades intermedias del país. La Alcaldía es un instrumento de servicio, siempre y cuando se construyan tejido social y compromiso ciudadano. Ser alcalde es un honor, y trabajar por el interés general, muchísimo más. Personalmente tengo otros compromisos. En Cúcuta hay gente muy valiosa, que tiene experiencia, y puede orientar la ciudad con criterio, planeación, y transparencia.
Y, entonces, ¿qué otros proyectos tiene?
Tengo varios, relacionados con la academia y la investigación. Estoy actualmente escribiendo sobre las implicaciones constitucionales del proceso de paz con las Farc-Ep, que fueron muchas. Tengo también una responsabilidad alta como director académico de varias maestrías. De todas formas, sigo a diario el acontecer del país. Probablemente surjan otros proyectos. Ser colombiano se engrandece cuando se está por fuera.
Situación del país
¿Cree posible un nuevo Acuerdo de Paz que le ponga fin al conflicto armado en su totalidad?
Es muy difícil, pero no imposible. Es lamentable que el proceso de paz suscrito con las Farc no hubiera involucrado al Eln. Se perdió esa oportunidad, a pesar de algunos intentos. Un nuevo acuerdo necesita férrea voluntad política del gobierno que lo propicie. Para comenzar, hay que entender que los actores armados son muchos y que la confrontación no es solo ideológica, entre una guerrilla marxista y el establecimiento. La violencia se incrementó mucho por cuenta del narcotráfico, que actualmente es su principal combustible.
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El gobierno culpa, justamente, al narcotráfico de los males de Colombia, ¿cómo lo analiza usted?
Es un cáncer espantoso que ha dejado miles y miles de víctimas, que ha incidido en los sectores público y privado, y que ha erosionado los valores individuales y colectivos. Esto es innegable, pero no tanto como para amplificar sus consecuencias y adjudicarle todos los males del país. Hemos marchado 30 años en contravía de la Constitución, regalando nuestros recursos naturales, incrementando sin ningún control la deuda externa, debilitando nuestra pequeña capacidad industrial y exportadora con algunos Tratados de Libre Comercio; permitiendo que la educación y la salud sean más mercancía que derechos, y viendo crecer la impunidad en todos los niveles, en particular frente a la corrupción.
Aún imaginando un país sin narcotráfico, los problemas no desaparecerán. Injusticia social, pobreza y marginalidad también existían antes de 1970, cuando no teníamos semejante flagelo. Los problemas son estructurales.
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