Jairo Yáñez, con dos secretarios suspendidos y otro demandado

El inusitado interés que se despertó en los últimos meses por parte de la Personería  Municipal y de algunos sectores políticos de la ciudad frente al cumplimiento de los requisitos para ocupar uno de los cargos en el gabinete de Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, produjo ya las primeras consecuencias.

 

En las últimas horas se conoció la suspensión por parte de esa delegada del Ministerio Público del secretario privado de la administración, Abraham Ararat; y del secretario de Prensa, Carlos Díaz, así como la admisión de una demanda de nulidad electoral en contra del titular de la Secretaría de Tránsito, Jorge Mayid Gene Beltrán, en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

 

Particularmente, a los tres funcionarios les achacan presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para asumir los cargos que les fueron encomendados, en lo concerniente a la formación académica y la experiencia.

 

En el caso de Ararat, quien tiene un pregrado en Finanzas y Administración de empresas del Mercer University (Atlanta, Estados Unidos) y una maestría en Negocios y Administración del mismo centro educativo, la Personería  decidió abrirle una investigación disciplinaria, de oficio, porque sus títulos obtenidos en el exterior, al parecer, no cumplen con las formalidades legales.

 

“De lo que antecede se infiere que Abraham Ararat Mafla se posesionó y ejerce el cargo de secretario privado de la Alcaldía sin cumplir con la exigencia de formación académica”, señaló el personero Martín Herrera en la Providencia que ordenó la suspensión  por tres meses del funcionario.

 

Herrera resolvió que el suspendido secretario debía apartarse del cargo temporalmente, puesto que su permanencia en el mismo “posibilita seguir cometiendo la falta disciplinaria o que la reitere”.

 

Sobre la decisión de la Personería, Ararat manifestó que si bien no ha concluido el proceso de homologación de sus títulos, un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública señala que quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de posgrado en el exterior y vayan a tomar posesión de un empleo público, podrán presentar inicialmente  los certificados expedidos por la institución de educación.

 

Dijo que el mismo documento es claro en que los funcionarios tendrán hasta dos años para entregar los títulos debidamente homologados, mientras se surte el respectivo trámite, pues este es dispendioso.

 

También al de prensa

 

Como muy pocas veces ha ocurrido en la ciudad, la Personería le puso freno a un segundo nombramiento: el del secretario de Prensa, Carlos Alberto Díaz, a quien también le ordenaron una suspensión de tres meses. 

 

En su caso, al igual que en el de Ararat, la decisión obedeció a que su maestría en Democracia y Buen Gobierno la adelantó en una universidad del exterior, y aunque ya cuenta con la respectiva certificación, no tiene la homologación, pues la Universidad de Salamanca todavía no expide la documentación que requiere para iniciar el trámite ante el Ministerio de Educación.

 

A Díaz le reprochan, también, que su título de comunicador social no apareció en la carpeta que presentó, a pesar de que él asegura que sí lo incluyó, y no le validaron dos certificaciones laborales.

 

La Opinión conoció que en total serían cinco los secretarios de la administración de Yáñez que están bajo la lupa de la Personería, por presuntos incumplimientos en los requisitos.

 

La última vez que se produjo la suspensión de un funcionario por parte de esa entidad del Ministerio Público fue en 2013. 

 

En esa oportunidad en quien recayó la sanción fue en Hernando Mora, entonces director de Imsalud, por presuntas irregularidades en los procesos de contratación.

 

Buscan tumbar al de tránsito

 

El activismo que se despertó en la ciudad frente a la conformación del equipo de trabajo que acompaña al alcalde Jairo Yáñez, tiene en la mira también al secretario de Tránsito, Jorge Mayid Gene Beltrán, a quien le demandaron su nombramiento.

 

Según el demandante, Osney Adolfo González Amaya, el titular de este despacho no cuenta con los requisitos exigidos por la ley y por el Manuel Específico de Funciones de la Alcaldía de Cúcuta para ocupar el cargo que le correspondió.

 

Para sustentar su tesis, González trajo a colación el artículo 8 de la Ley 1310 de 2009 que establece que para ser director o secretario de tránsito se necesita “acreditar formación profesional relacionada y experiencia en el ramo de dos años, o en su defecto estudios de diplomado o posgrado en la materia”.

 

En ese sentido, alega que Gene Beltrán no tiene formación académica relacionada con el cargo ni experiencia en ese tipo de empleo, como lo exige la norma.

 

En la hoja de vida del secretario de Tránsito se puede leer que es: ingeniero civil, especialista en Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente. Magíster en Ingeniería Ambiente, así como en Ingeniería Civil con énfasis en Manejo Sostenible de Recursos Hídricos e Hidroinformática. También dice que ha sido consultor del Ministerio de Transporte, de la Presidencia de la República y supervisor del Ministerio de Vivienda.

 

El funcionario demandado manifestó que en este momento se encuentra reuniendo todas las pruebas para despejar cualquier duda que exista acerca de su nombramiento.

 

En vista de que son pocas las veces que en Cúcuta se ha puesto contra la pared el nombramiento de un secretario de despacho, La Opinión revisó el historial y la hoja de vida de los últimos dos secretarios de Tránsito de la ciudad y encontró que en ninguno de los casos acreditaban el perfil al que se refiere la Ley 1310 de 2009.

 

Rodolfo Torres, titular del mismo despacho hasta el 31 de diciembre, también es ingeniero civil, especialista en Gestión Pública, en Gerencia Financiera y en Gerencia Ambiental. Su experiencia la ha hecho en el Concejo, la Secretaría de Agua Potable y en Prosperidad Social.

 

Entre tanto, José Luis Duarte Contreras, quien lo antecedió, es abogado y especialista en Gestión Pública. Su desempeño profesional ha estado ligado a Indenorte y al DANE.

 

En el caso de Gene no hay suspensión, por lo que el secretario podrá continuar al frente de su cargo mientras avanza el proceso en su contra.

 

Martín Santos.

‘Es evidente el acto político’

 

Sobre la situación que enfrentan hoy el secretario privado, Abraham Ararat, y el de Prensa, Carlos Díaz, suspendidos por no tener la homologación de sus títulos adelantados en el exterior, el abogado Martín Santos consideró que es evidente que hay una decisión política de por medio.

 

“Las leyes 190 de 1995 y 909 de 2004  establecen que quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de posgrado en el exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior”, señaló.

 

Y coincidió con lo dicho por Ararat, en el sentido de que esta misma norma les da un plazo de dos años para presentar los títulos debidamente homologados.

 

“En consecuencia, el doctor Abraham Ararat al posesionarse como secretario privado de la Alcaldía, cumple el requisito de formación académica si al momento de su posesión presenta un título obtenido en el exterior sin convalidar u homologar por el Ministerio de Educación Nacional”, sostuvo Santos.

 

Dijo que es una “enormidad” la decisión adoptada por el personero de Cúcuta, de suspender al funcionario, bajo la supuesta violación de la Resolución 10.547 de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

“El personero disparó primero y sale a preguntar después. Es un evidente acto político más que disciplinario que amerita la revocatoria por parte de la Procuraduría, al resolver el grado de consulta que establece la ley disciplinaria para esta clase de medidas cautelares”, explicó el abogado.

 

Dijo que efectivamente lo que procede frente a este tipo de decisiones, es una consulta que se puede elevar ante la Procuraduría Regional, la cual se puede tardar hasta 15 días.

 

Como las suspensiones son de inmediato cumplimiento, el alcalde Jairo Yáñez deberá nombrar encargados en las dos secretarías mientras tanto.