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Justicia Especial no llamará a empresarios que fueron objeto de ‘vacunas’

Jueves, 1 de Septiembre de 2016
En Norte de Santander es conocido que muchos empresarios fueron sometidos a pagar sumas de dinero a los grupos de autodefensa.

El grupo de investigación ‘Estado, conflictos y paz’ de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, publicó a mediados de julio un informe en el que abrió el debate sobre los alcances y los límites de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), frente a las empresas que, presuntamente, participaron de manera directa en el conflicto armado.

El artículo fue acompañado de un listado de empresas y empresarios, varios de ellos de Norte de Santander, que han sido mencionados en las sentencias de Justicia y Paz, como supuestos colaboradores de grupos al margen de la ley, principalmente de los paramilitares, pero de los cuales todavía no hay plena certeza de su complicidad o culpabilidad.

Aunque para ese entonces, el punto 5 del acuerdo de paz con las Farc, que hace referencia a las víctimas y la justicia transicional, ya había sido pactado, fue hasta esta semana que el tema cobró vigencia y agitó el ambiente entre el gremio, además de que se convirtió en el nuevo argumento para los opositores al proceso de paz.

Esto, en razón a que varios medios de comunicación pusieron a circular la misma lista, y anticiparon que esta habría sido enviada a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hubo o no responsabilidad  en los hechos en los que se les menciona. Información que, a futuro, podría ser llevada a la JEP.

Las alarmas de inmediato quedaron encendidas en el sector, por lo que en el primer encuentro que tuvieron con el presidente Juan Manuel Santos, el martes de esta semana, los empresarios no dudaron en  manifestar su preocupación frente a la posibilidad de que sean llamados a responder ante la Justicia Especial que crea el acuerdo de paz.

Sin embargo, el jefe de Estado trató de calmar los ánimos al advertirles que solamente aquellos terceros, empresarios o no, que en forma habitual y determinante sean responsables de crímenes de lesa humanidad, podrían ser juzgados por la justicia especial.

Ayer, Santos reiteró lo dicho en el Congreso Nacional de Exportadores, e insistió en que quienes fueron sometidos a pagar las llamadas ‘vacunas’ no serán procesados por la JEP.

“Entonces, lo que hay aquí es una gran oportunidad para los que en alguna forma sienten que pueden ser vulnerables ante la justicia, limpien totalmente su situación”, precisó el mandatario.

'No será una cacería de brujas'

Y es que si bien el artículo 32 del punto 5 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, es claro en que, “También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares”, en este se especifica que solo serán incluidos los casos que no hayan sido producto de la coacción por parte de los actores armados ilegales, sino aquellos en los que se compruebe que los involucrados tuvieron una participación determinante y habitual.

Al respecto, el exmagistrado Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y asesor del proceso de paz para el capítulo de justicia, hizo varias precisiones del debate que se ha desatado sobre el futuro que les espera a los empresarios, por cuenta de los acuerdos de La Habana.

“Uno de los argumentos erróneos que se ha dado es que esto se va a volver una cacería de brujas y que todo el mundo se va a delatar con todo el mundo, que se va a acusar a todos los empresarios, a los terceros. Eso no es cierto y se lo digo claramente a los empresarios, que los tuvimos muy en cuenta, entre otras cosas, gracias a Gonzalo Restrepo que en toda la negociación estuvo en representación de la empresa privada”, aseguró Henao.

El jurista explicó que durante la discusión del punto sobre justicia se establecieron varios aspectos fundamentales como:

-La delación, que es la acusación que se hace para obtener un beneficio de quien acusa, está proscrita o excluida en la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea que no va a haber delación. 

-En el artículo 32 de la Jurisdicción quedó claro que los terceros no van a ir a esta instancia. Quien haya pagado una vacuna o una extorsión queda exculpado del sistema de la Jurisdicción Especial. 

“Este es un primer frenazo grande, para que la gente no se asuste. Si a usted lo vacunaron, si a usted le tocó pagar ‘impuesto’, eso va a quedar excluido y va a quedar perdonado en términos de derecho penal”, aseguró el exmagistrado.

Henao sostuvo que para que un tercero pueda llegar a ser vinculado en la Jurisdicción Especial para la Paz, se tiene que probar, primero, que actuó libremente, por voluntad propia, sin ningún tipo de coacción, y lo segundo, que además debe haber actuado en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad de una manera habitual y determinante, es decir, no con cualquier tipo de ayuda.

‘Empresarios también han sido víctimas’

Ante la preocupación que surgió entre los empresarios por la circulación de la supuesta lista de posibles colaboradores de los grupos paramilitares, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, rechazó la intención de enlodar el nombre de algunas de las empresas más importantes del país.

“Los empresarios, al igual que la mayoría de los ciudadanos colombianos, han sido víctimas del conflicto armado durante los últimos 52 años. Algunos de ellos han sido víctimas de extorsión, de secuestro e incluso de actos terroristas”, dijo.

Mac Master hizo un llamado a no propiciar juegos políticos que terminen convirtiendo a las víctimas en victimarios.

“La justicia transicional deberá garantizarles a todos los ciudadanos, dentro de ellos los empresarios, un sistema confiable, justo y equitativo”, consideró.

Casos de Norte de Santander

En Norte de Santander es ampliamente conocido que muchas empresas y empresarios fueron sometidos a pagar altas sumas de dinero a los grupos de autodefensa que operaron en Cúcuta y el departamento entre 1999 y 2004, para garantizar su sostenimiento, a cambio de evitar ser asesinados.

Sin embargo, así como se propagaron las llamadas ‘vacunas’ entre los comerciantes, los paramilitares encontraron aliados que, voluntariamente, establecieron contactos con los líderes de este grupo para garantizar su seguridad y alejar a otros actores que los acechaban. Otros simplemente se convirtieron en sus colaboradores.

Armando Alberto Pérez Betancourt, conocido en el mundo paramilitar como ‘Camilo’ y temido comandante militar del Bloque Catatumbo que durante cinco años sembró el terror en La Gabarra, relató en sus declaraciones de Justicia y Paz cómo, por ejemplo, el ingeniero Juan Carlos Chamorro, de Ecopetrol, contribuyó con el accionar de los paramilitares en la zona del Catatumbo.

“Ayudaban moviendo armas, un enfermo, un herido (…) Esas personas fueron claves porque tenían un manejo en el batallón de Contraguerrillas 46 Héroes de Saraguro, con sede en Tibú”, sostuvo el excomandante paramilitar en sus declaraciones.

De no existir condena en la Fiscalía contra el ingeniero Chamorro, este podría ser uno de los casos que eventualmente llegue a la Jurisdicción Especial para la Paz, por cuanto no se habría tratado de una coacción sino de una participación voluntaria del contratista en actos ilegales. 

La Opinión