Por considerar de impacto nacional toda la contratación que por más de $1,1 billones han celebrado desde 2014 las cuatro firmas que integran la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados, protagonista del escándalo de los $70.000 millones de anticipo para el proyecto de internet en las zonas rurales que se respaldó con pólizas falsas, la Contraloría General de la República decidió entrar a revisar por lo menos 234 de estos negocios.
Una de esas firmas a la que el ente de control fiscal le pondrá la lupa es a la Fundación de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), ahora denominada Novotic, la cual ha tenido una importante actividad en Norte de Santander durante los últimos años.
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Como se recuerda, esta fundación se convirtió en el socio estratégico del Instituto Financiero de Norte de Santander (Ifinorte), para la conformación de la empresa pública de economía mixta Niu Telco S.A.S. , la cual terminó envuelta en un escándalo por las presuntas irregularidades que rodearon un contrato de bilingüismo por más de $11.900 millones.
Por estos hechos, el entonces gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación, en la recta final de su segundo periodo, en 2019.
En ese momento, se alertó que Niu Telco se había convertido en una poderosa aliada de la Gobernación de Norte de Santander para ejecutar proyectos, al punto de que en unos cuantos meses firmó contratos y convenios por más de $39.000 millones, en los que tenía una importante participación Funtics.
Ante la polémica que estalló en el departamento, varios de los millonarios contratos que se habían suscrito con dicha empresa de economía mixta terminaron suspendidos.
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No obstante, como lo contó La Silla Vacía en agosto de 2019, en un artículo sobre Juan Carlos Cáceres Bayona, fundador y representante de Funtics, la injerencia de esta fundación en la contratación del departamento viene de tiempo atrás.
Según se reseña allí, desde que fue creada, en 2011, Norte de Santander se convirtió en una de las regiones en donde Cáceres Bayona centró sus negocios.
“El 2013 marcó el despegue de Funtics como una megacontratista pública del país. De acuerdo con registros públicos, su ascenso estuvo ligado principalmente a Norte de Santander, departamento en el que se ganó cinco de los siete contratos que firmó ese año (los dos restantes estuvieron en Maicao y en Arauca)”, dice el artículo.
Y agrega que para 2017, cuando el entonces gobernador Villamizar empezó a barajar la idea de conformar la sociedad de economía mixta (Niu Telco), de la cual terminó haciendo parte, Funtics “ya había ejecutado 12 contratos por $41 mil millones para instalación de redes y suministro de internet”.
Muchos de esos contratos serán los que, posiblemente, entre a revisar la Contraloría General, con el fin de determinar si se pudieron presentar irregularidades durante su ejecución.
“El despacho del contralor general de la República adoptó la decisión de declarar de impacto nacional los hechos relacionados con la planeación, ejecución, así como la supervisión e interventoría de los contratos en los cuales, en calidad de contratistas, se encuentran directamente o a través de consorcios y uniones temporales estas empresas que son miembro de la UT Centros Poblados”, informó el ente de control mediante un comunicado.
Ya tienen procesos encima
De acuerdo con el vicecontralor General, Julián Ruiz, Funtics, ahora Novotic, afronta ya procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $12.000 millones.
Y es que en enero de 2020, el organismo de control reveló el descubrimiento de “mega irregularidades” en proyectos de conectividad escolar, con hallazgos fiscales por encima de los $55.195 millones en seis departamentos, y alertó que el 80% de esas presuntas inconsistencias correspondía a una sola empresa: Funtics.
Ese fantasma de las investigaciones que llevaba a cuestas la fundación fue el que le reprocharon a Ifinorte al momento de crear la empresa de economía mixta Niu Telco, pero la respuesta fue que era la que mejor idoneidad y capacidad tenía para convertirse en el socio estratégico que buscaban, además de que no registraba sanciones.
El vicecontralor manifestó que la decisión de ponerle la lupa a los contratos de las cuatro firmas que integraron la Unión Temporal Centros Poblados no obedece a ninguna persecución.
“No se puede hablar de persecución cuando se está frente a un presunto detrimento de $70 mil millones. Lo que creo es que esta es una actuación oportuna y eficiente por parte del órgano de control fiscal para revisar que los demás contratos se hayan ejecutado bien”, dijo Ruiz.
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