Norte de Santander es una de las regiones de Colombia que más ha sufrido los coletazos originados por la migración venezolana. Las cifras, reveladas esta semana por el centro de investigaciones del Instituto Republicano Internacional (IRI), confirman esta tesis: cerca de 31.000 personas están ingresando al país diariamente por los puentes internacionales de Norte de Santander y un promedio de 2.700 se está quedando en el territorio.
La organización internacional, con sede en Washington, aseguró que un total de 81.000 extranjeros se está asentando mensualmente en la zona fronteriza, planteando un gran desafío a los gobiernos locales, que se eligen en la contienda del próximo 27 de octubre.
A pesar de su importancia y las dimensiones de lo que ocurre, este fenómeno se ha convertido en el tema marginado del debate electoral, especialmente entre quienes pretenden dirigir las riendas del departamento.
Prueba de este desinterés por parte de los candidatos a la Gobernación de Norte de Santander y a la Alcaldía de Cúcuta se evidenció en la presentación de este preocupante diagnóstico, en el marco del IV Encuentro de Municipios de Frontera, donde las sillas de los aspirantes a estos cargos públicos quedaron prácticamente vacías.
A este evento solo asistieron Jairo Yáñez y Carlos Mayorga, candidatos a la Alcaldía de Cúcuta por el Partido Alianza Verde y por la Colombia Humana-UP, respectivamente; y Martín Martínez, aspirante a la Gobernación por el movimiento ciudadano El Norte que queremos. Otros de los participantes fueron representados por sus asesores.
Esta ausencia también está reflejada en los planes de gobierno con los que los aspirantes buscan hacerse elegir. Solo tres de los cuatro candidatos a la Gobernación hacen mención del tema, algunos muy superficialmente, y entre sus propuestas sugieren aspectos como: la creación de una política pública migratoria, conformar una gerencia para la población retornada y extranjera y proponer al Gobierno Nacional una migración controlada y selectiva.
Sin embargo, en los documentos no entregan mayores detalles sobre la ruta de acción que implementarían en sus eventuales administraciones para materializar estos objetivos.
“Es desacertado que ellos no hayan asistido, porque estos escenarios se deben aprovechar por la información brindada y porque les permite comprender la magnitud de este problema. En últimas, quien va a dirigir la Gobernación o la Alcaldía de Cúcuta se va a tener que enfrentar a esta realidad y debe saber qué hacer. La construcción de la política pública a largo plazo no se podría hacer sin incorporar este fenómeno migratorio”, explicó Mario Zambrano, coordinador de cohesión social de la Fundación para la Participación Comunitaria (Parcomún).
Improvisación
Zambrano afirmó que la improvisación en el manejo futuro que se le daría a la llegada masiva de ciudadanos venezolanos a la región, ya se empieza a vislumbrar en las propuestas hechas por parte de algunos de estos aspirantes.
Así, por ejemplo, señaló que la formulación de una política pública migratoria, como lo plantea el candidato a la Gobernación por el Partido Conservador, Silvano Serrano, no tiene nada de novedoso, porque el Gobierno Nacional radicó una iniciativa similar el pasado 20 de julio en el Congreso de la República.
Asimismo, el vocero de Parcomún cuestionó que la propuesta de Martín Martínez encaminada a conformar un órgano gerencial para la población retornada y extranjera está desconectada de la estructura administrativa del departamento, que es el único en la frontera con Venezuela con una secretaría para abordar estos asuntos.
Por otro lado, algunos candidatos a la Alcaldía de Cúcuta se quedan solo en la reflexión y análisis de los efectos humanitarios del éxodo venezolano. Este es el caso de Jairo Yáñez, quien aseguró, al término del Encuentro de Municipios de Frontera, que este tema propone “tareas urgentes”, sin profundizar en acciones claras.
Si bien es cierto que gran parte de las medidas empleadas para mitigar los efectos de la migración se diseñan desde las entidades del orden nacional, no se puede desestimar el papel que ha entrado a cumplir la Secretaría de Frontera y Cooperación Internacional de Norte de Santander, desde el nivel territorial.
Según la rendición de cuentas de este despacho, en los últimos años han logrado una designación presupuestal de $1.236 millones y han gestionado otros $9.289 millones más, a través de organismos internacionales, para atender a más de 42.100 ciudadanos, procedentes del vecino país, por medio de 18 proyectos.
En ese sentido, el secretario de Fronteras, Juan Carlos Cortés, fue enfático en advertir el rol que deberán asumir los nuevos mandatarios de los municipios fronterizos y del departamento frente al tema migratorio, para que sea un asunto prim+ordial tanto en su plan de desarrollo como en la definición de líneas específicas.
“Es primordial el trabajo que se haga desde las regiones, articulado con organizaciones y el sector privado, porque somos nosotros quienes le decimos al Gobierno Nacional y a las organizaciones internacionales, para dónde llevar el enfoque migratorio”, precisó.
Lo dicho por Cortés es ratificado por el IRI, pues en sus recomendaciones sugiere que los actores locales deberían ser consultados por el Gobierno Nacional y estar involucrados en la formulación de políticas y de iniciativas que afectan de manera directa a sus municipalidades.
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Los retos
El centro de investigaciones del Instituto Republicano Internacional (IRI) reveló que entre el 7 de junio y el 31 julio de este año hubo un incremento de tres puntos porcentuales en el movimiento migratorio, frente al flujo que se presentaba antes del cierre de frontera del 23 de febrero.
Durante este periodo de tiempo, 1’441.084 personas entraron a Colombia; 1’317.498 han salido; y 123.586 venezolanos se quedaron en Norte de Santander y no tienen intención de retornar.
Ante este panorama, IRI arrojó siete recomendaciones que están orientadas al fortalecimiento institucional por medio de mecanismos locales de gobernanza, así:
-La planeación estratégica, para identificar soluciones a largo plazo y mitigar las tensiones entre comunidades.
-Creación de espacios para el diálogo, donde se eviten puntos de vista polarizantes.
-Formulación de políticas y de iniciativas por parte de actores locales que afecten de manera directa las administraciones municipales.
-El gobierno debería mejorar la coordinación con socios internacionales, con los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad, para armonizar la consecución de recursos.
-Proveer ayuda sicosocial y de protección a los migrantes que han sido víctimas de violencia.
-Impulsar iniciativas de educación cívica para los venezolanos migrantes.
