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La inseguridad pone en apuros transformación del Catatumbo: FIP

Viernes, 28 de Febrero de 2020
Nuevamente la Comisión de Paz del Senado visita esta zona de Norte de Santander.

La Comisión de Paz del Senado hace presencia este viernes, nuevamente, en el Catatumbo, esta vez en La Playa de Belén, para escuchar a las comunidades de la región que en las últimas semanas se han enfrentado a una grave crisis humanitaria por cuenta del accionar de los grupos armados que hacen presencia en la zona.

La cita será a partir de las 9:00 am en el Centro de Integración del municipio, en donde son esperados alcaldes, concejales, presidentes de juntas de acción comunal, organizaciones sociales y las demás autoridades municipales y regionales.

El senador Edgar Díaz, integrante de la Comisión y uno de los promotores de la visita, manifestó esta semana que es necesario tender una mano a los pobladores de Catatumbo, rodearlos y llamar la atención del Gobierno Nacional frente a los graves problemas que están afrontando, como consecuencia del conflicto que persiste en el lugar.

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Horas antes de la llegada de los congresistas a la región, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió justamente sobre la amenaza que representa para el desarrollo del Catatumbo la violencia que se intensificó en las últimas semanas, por cuenta de los paros armados decretados tanto por el Eln como por el Epl.

En un análisis elaborado por Juan Carlos Garzón, Irina Cuesta y Lorena Zárate, los investigadores consideran que la inseguridad en el Catatumbo, es “el punto débil de la transformación territorial” y lo plantean en los siguientes términos:

“Los recientes paros armados del Eln y del Epl mostraron el difícil momento en el que se encuentra el proceso de transformación territorial en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La falta de una estrategia clara para generar condiciones de seguridad en la etapa de estabilización está pasando factura, con la reconfiguración de las dinámicas de violencia y la degradación de la confrontación armada”.

Aunque la Fundación reconoce que el Estado le ha hecho frente a la situación, considera que la ayuda sigue siendo “fragmentada” y aún no es claro cómo se blindarán las estrategias que se vienen impulsando en el terreno como Catatumbo Sostenible y la hoja de ruta de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

“No es claro cómo los esfuerzos en seguridad están generando las condiciones para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la transformación del territorio. Hay consenso en que la respuesta militar es necesaria, pero insuficiente, especialmente cuando es reactiva e intermitente, y no garantiza la protección de las comunidades”, dicen los investigadores.

En el último consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en Cúcuta, donde se analizó la tensa situación del Catatumbo, se definió la puesta en marcha de un plan fronterizo de seguridad para mejorar los “estándares de seguridad” en el combate de los grupos armados ilegales.

Además, anunciaron que en abril llegarán 360 nuevos soldados para el control de los corredores estratégicos del narcotráfico.

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Impacto humanitario

En su análisis, la FIP insiste que, en la medida que se ha intensificado la confrontación armada, el impacto humanitario es mayor y esto redunda en el desarrollo que buscan las comunidades.

Según la Fundación, solo en los paros que se registraron días atrás, cerca de 20.000 personas se vieron afectadas por la restricción a la movilidad, según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

“Cerca de 675 toneladas de productos agrícolas quedaron represadas afectando el abastecimiento de mercados locales y nacionales, lo que generó, además, el aumento en los costos. A esto se sumó el miedo y la zozobra de la población, que fue evidente con el cierre del comercio, la inactividad del transporte público y la inasistencia escolar”, señala el documento de la FIP.

En este también se advierte que si bien las agresiones contra los líderes que integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no son representativas, es preocupante la radiografía que se presenta hoy, por cuanto es evidente el aumento de los cultivos de coca, así como la presión de los grupos armados contra la población. 

‘Conectar las agendas’

Frente a lo que ocurre en el Catatumbo, los investigadores sugieren que a pesar de que el Estado ha intervenido el territorio y aumentado su presencia, las agendas en materia de seguridad, paz y desarrollo siguen desconectadas.

“En los últimos años, en la región han confluido al menos tres agendas de intervención estatal, aunque de manera desarticulada y fragmentada: las intervenciones en el ámbito de la seguridad, la implementación del Acuerdo de Paz y la atención a la crisis migratoria”, sostienen.

Y agregan: “Hay brechas entre las necesidades inmediatas y la transformación territorial. Si bien en la región se vienen adelantando una serie de acciones en torno al desarrollo territorial a partir de la implementación del Acuerdo de Paz (a través de “Catatumbo Sostenible”), las preocupaciones y demandas de los actores locales se centran en las necesidades más urgentes: crisis humanitaria y escalamiento de la confrontación armada”.

En cuanto a lo que se debería hacer, consideran que es urgente identificar los factores claves que contribuyan a la estabilización del Catatumbo, “generando condiciones básicas de seguridad, reduciendo la violencia y la intimidación e impulsando un proceso amplio e incluyente de participación”.

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Escenarios de riesgo

Reactivación de la disputa entre el Eln y el Epl, con una influencia mayor de las disidencias de las Farc

Aumento de la violencia y la reconfiguración de las alianzas y disputas en los municipios del Catatumbo y la zona de frontera en Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander.

Un aumento  en el impacto humanitario en la población colombiana y venezolana, enmarcado en un contexto de alta volatilidad por la regulación que ejercen los grupos armados ilegales y las facciones del crimen organizado. 

Ruptura del tejido social y afectación de los procesos organizativos, debido a las agresiones a líderes sociales.

Deterioro de las condiciones de seguridad necesarias para la implementación del PDET y la puesta en marcha de su llamada ‘Hoja de ruta’.

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