La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada la columna vertebral del acuerdo de paz con las Farc, pues es allí donde deberán comparecer y responder por sus actuaciones, todos aquellos guerrilleros de las Farc que decidieron desmovilizarse para hacer el tránsito a la vida civil.

Sin embargo, a pesar de que el Congreso ya le dio vía libre a la reforma constitucional que crea este nuevo sistema integral de justicia, y que los magistrados que lo conforman ya fueron seleccionados, la ley estatutaria que lo reglamenta ha empezado a recorrer un verdadero camino de espinas que podría poner en apuros los planes de la implementación.

Las alarmas quedaron encendidas después del primer debate que tuvo lugar el miércoles en las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara, en donde el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó sus reparos hacia la iniciativa, por considerar que la norma contempla una serie de ‘micos’, que podrían propiciar la impunidad, además de premiar a los disidentes que no se desmovilizaron.

En atención a estas inquietudes, Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y uno de los integrantes de la Unidad Nacional que más se ha mostrado resistente al acuerdo de paz de La Habana, anunció que no acompañará la ley estatutaria.

De acuerdo con la colectividad, esta norma premia “de manera significativa” a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

“Cambio Radical considera que la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, como lo consagra todo Estado de Derecho, que debe respeto por las funciones jurisdiccionales ya establecidas, y no entregarle todas estas competencias a una justicia de excepción”, señalaron en un comunicado.

El partido dirigido por el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, también manifestó su desacuerdo con la elección de los 51 magistrados que integrarán las diferentes salas de la JEP.

Para Cambio Radical, con contadas excepciones, los nuevos funcionarios no generan garantías para la sociedad civil “por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado”. 

Lo que llamó la atención es que en medio de la decisión de este partido, el presidente de la Cámara de Representante, Rodrigo Lara, quien hace parte de la misma colectividad, le envió ayer una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en la que explica el avance de la reglamentación de la justicia especial y, en términos generales, defiende el alcance de la JEP.

“Nuestra norma garantiza que la imputación de responsabilidad al superior militar de las Fuerzas Armadas de Colombia se realice conforme al principio de culpabilidad, proscribiendo la responsabilidad objetiva de los mandos en dichos juicios por su mera posición jerárquica, rango o jurisdicción que ejercía al momento de perpetrarse la conducta reprochable. De esta manera, nuestra definición de responsabilidad del mando atiende al llamado que hace el Estatuto de Roma”, señala Lara en la misiva.

No obstante los tropiezos que ha empezado a tener la ley en el Congreso, los ponentes de la norma confían en que la próxima semana se pueda avanzar en la votación del informe de ponencia. Entre tanto, en la segunda semana de octubre, las comisiones estarían votando el grueso de los artículos que han generado polémica, para luego pasar a la plenaria. Esto, si antes no se atraviesa un nuevo obstáculo en el camino.

Uribismo impulsará referendo

Además de la oposición que acaba de anunciar Cambio Radical al proyecto que reglamenta la justicia especial, el Centro Democrático también prepara sus herramientas para impedir el avance de esta y otras normas que ya fueron aprobadas.

Es así como, ayer, varios congresistas del partido del expresidente Álvaro Uribe inscribieron ante la Registraduría un comité promotor para convocar un referendo derogatorio de todas las normas con las que se le dio paso a la desmovilización de las Farc, incluida la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Bajo el nombre de ‘Resistencia civil’, el uribismo espera recoger 1’783.571 firmas, equivalentes al 5% del censo electoral, como lo establece la Constitución, para que los colombianos puedan ir a las urnas nuevamente y decidir en un referendo si dejan sin efecto los actos legislativos de la JEP, el blindaje de los acuerdos y la participación política de las Farc.