Cuando fue sancionada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en 2011, se convirtió en una victoria con un halo de esperanza para quienes sufrieron en carne propia los embates del conflicto. 

Hoy, a dos años y medio de terminar la vigencia de la norma, son muchos los logros y aprendizajes, pero también los pendientes y los retos que plantea esta política.

Desde uno de los frentes de la ley, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, quien asumió el cargo el pasado mes de octubre, reconoce que son varias las regiones donde el proceso aún no logra avanzar,  principalmente, por la presencia de grupos armados ilegales, pero destaca que existen muchos lugares donde la restitución y el acompañamiento con proyectos productivos han logrado transformar la vida de las comunidades.

Sobre el presente y futuro de esta histórica norma, habló Castro Forero.

Le quedan dos años y medio para terminar la tarea…

La vigencia de la ley va del 2011 al 2021, exactamente el 11 de junio. Yo diría que la primera etapa, que es la administrativa, que es cuando se recibe una solicitud de restitución y el trámite, nosotros tenemos que culminar a 2021 con esa etapa. Ya lo que pasa desde el punto de vista judicial y del acompañamiento que hace la unidad,  diría que eso tomará más tiempo. Pero mi objetivo es terminar al 2021.

¿Qué papel juega la restitución en las políticas del gobierno del presidente Iván Duque?

Legalidad, que tiene que ver con aclarar todos esos procesos donde hubo despojos, destierros, compras ficticias, todo ese tipo de figuras a través de las cuales a la gente se le quitó la tierra, y esto termina en una sentencia judicial. El segundo pilar de emprendimiento es muy claro. Diría que ahí nos inscribimos mucho en eso. 

Recientemente se revivió el debate sobre los  segundos ocupantes, pues la senadora María Fernanda Cabal presentó un proyecto para modificar la Ley 1448 al respecto. ¿Qué posición tiene el Gobierno?

Sobre este tema uno puede señalar que a través de una sentencia de constitucionalidad de la ley se resolvió. En la sentencia C330 de 2016, la Corte Constitucional atendió el tema de segundos ocupantes, cuando se trata de campesinos, población vulnerable. Entonces, a través de esa sentencia y desde el 2016, se reconocen a los segundos ocupantes cuando son población vulnerable y ellos no tienen que demostrar la buena fe exenta de culpa sino buena fe simple. Para ellos, los jueces ordenan compensaciones, es decir que a esas personas se les va también a reparar. 

Entonces, en su opinión, ¿el proyecto de ley no sería necesario?

Podría decir, y eso es lo que les hemos dicho al ministro y al Gobierno, que hoy en día los segundos ocupantes están atendidos. Llegar faltando menos de tres años a hacer una modificación de la ley casi que termina desnaturalizando el proceso.

El pasado 11 de octubre venció el plazo para las personas que querían inscribirse en los procesos de restitución. ¿Es posible que se amplíe?

Ese es un decreto que viene desde el Gobierno anterior y nos vimos avocados a ver qué manejo se le daba a esta situación. Aquí hay varias posibilidades: una es derogar el decreto, si se considera que vulneró la ley, porque la ley no establece un plazo para el cierre de la presentación de las solicitudes. Lo otro es ampliar el plazo que da el decreto mismo. Lo otro es simplemente lograr que a través de un decreto posterior le demos posibilidad a la gente de que presente las solicitudes hasta la vigencia de la ley.

¿Cuál es el panorama actual de la restitución de tierras en el país?

Uno lo que ve a nivel de territorio es que la dinámica del mercado de tierras, el tema de los negocios sobre la tierra, donde hay microfocalizaciones, es decir donde hay procesos de restitución, está totalmente parado. Y esto ya lleva siete años, por lo que muchos inversionistas, mucha gente interesada, tienen interés en que se cierre el tema para poder hacer un negocio. Eso lo hemos oído en el territorio. No solo desde la gente interesada sino también desde las autoridades.

¿Qué zonas están pendientes?

Las zonas que no están microfocalizadas son aquellas donde hoy en día el conflicto se ha reavivado. El Catatumbo, Tumaco, el bajo Cauca, toda la cuenca del Pacífico, el Urabá, algunos territorios en los llanos orientales, una parte del Casanare, el Caquetá, una parte del Tolima y el Huila, el sur de esos departamentos. Son como ocho zonas donde hoy en día todavía hay presencia de grupos alzados en armas.

Regiones donde antes hacían presencia las Farc…

No necesariamente, pueden ser las disidencias de las Farc, Epl, Eln, Bacrim, donde hay estos grupos no se puede hacer restitución. Ese es un elemento clave de este proceso. Solo se puede llevar a cabo la restitución donde la fuerza pública da el aval de que se puede ingresar. 

¿Serán suficientes los dos años y medio que quedan de esta ley para avanzar con todas las restituciones?

Si no se logra hacer ese avance en temas de seguridad y orden público, es obvio que la restitución tiene que seguir, pero será a través de una figura específica que permita decir que las zonas que no han sido microfocalizadas se van a atender o se van a seguir atendiendo. Pero todo lo que ha sido microfocalizado y se ha atendido, eso tiene que terminar. 

¿Tiene algún cálculo de qué tanto falta y qué tanto ya se cumplió?

Con sentencias, tenemos 330.000 hectáreas que se han restituido. De esas, 210.000 son restituciones étnicas. Ahora, frente a lo que está solicitado, se han presentado prácticamente 200.000 solicitudes de restitución; validadas nos quedan como unas 90.000 para tramitar. Cuando uno suma las pretensiones que hay, está en el orden de 1.500.000 hectáreas. Eso no quiere decir que todas vayan a ser restituidas, porque esto es un proceso que define un juez, pero ese es el orden de magnitudes: 330.000 hectáreas restituidas, frente a 1.500.000 hectáreas que están pendientes.

Hay una negación alta de solicitudes…

Ha habido un cuestionamiento frente a los temas de restitución que tiene que ver con que cerca del 64% de las solicitudes se han negado. ¿Qué es lo que niega la Unidad? El registro o la inscripción en el registro de predios abandonados y despojados, que es la base para la presentación de la demanda de restitución ante los jueces. Ese volumen tan alto tiene que ver con que revisado el proceso se define si hay mérito o no hay mérito para pasar eso a un juez. Lo que estamos haciendo en este momento, es revisando por qué el volumen tan alto de negaciones.

¿Qué tipo de problemas se están presentando a la hora de reclamar los predios?

Hay que hacer un esfuerzo por articularse con las demás entidades. Porque muchas veces estamos, por ejemplo, en Ocaña (Norte de Santander) donde empieza el Catatumbo, y nuestra oficina queda en Cúcuta. Un campesino para llegar de Ocaña a Cúcuta se gasta mínimo cinco horas, o sea que en un día no logra hacer la diligencia. Organizaciones de víctimas han calculado que una persona que va a Cúcuta a presentar su solicitud se gasta $1’200.000, que es lo que vale el transporte, el alojamiento, la alimentación.

¿En qué regiones el proceso ha avanzado más?

Toda la costa norte, desde La Guajira hasta abajo en Córdoba, pasando por Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar, Bolívar.

¿Qué tan relacionada está la persecución a los líderes sociales con la restitución?

Muchos casos tienen que ver con la restitución de tierras. Cuando uno se pone a ver, el conflicto armado en el país era el tema del territorio, era la presencia en el territorio, quién domina el territorio, y obviamente eso se materializa en el tema de la propiedad de la tierra.

En términos generales, ¿cree que la restitución ha funcionado en el país?

Esto ha funcionado muy bien porque es un proceso eminentemente técnico, esto no está politizado y tiene una misión muy clara. Uno ve dentro de la Unidad un personal con un compromiso muy grande por sacar esto adelante. Pero esto tiene que terminar y terminar bien en el tiempo, porque es de justicia transicional.