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Las marrullas electoreras para hacerse congresista

“Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI”, dijo el fiscal.

Dos meses después de que estallara el escándalo de corrupción electoral que mandó a la cárcel a la representante conservadora, Aída Merlano, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló detalles del entramado que se orquestó en las pasadas elecciones legislativas para sacar victoriosa no solo la candidatura de la congresista por el Atlántico, sino la de varios aspirantes más en diferentes regiones del país.

Según los datos que publicó ayer el ente acusador, la estrategia para sumar votos  llegó a niveles tan extremos que, en algunos casos, personas de muy escasos recursos, en condición hasta de marginalidad y con bajos niveles de escolaridad, fueron subordinadas con falsas promesas y pagos.

“Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI”, aseguró el fiscal, durante la rueda de prensa en la que entregó detalles de la investigación.

Martínez dijo que durante el proceso se encontró que más de 2.000 intermediarios ayudaron a favorecer a varios candidatos al Congreso de la República, entre los que se cuentan funcionarios de diferente nivel.

Señaló que en todos los casos, los fiscales y los investigadores pusieron al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático.

A raíz de estos hechos, además de Merlano, los electos congresistas Margarita Restrepo (Centro Democrático) y Fabián Castillo (Cambio Radical), quedaron bajo la mira de las autoridades y la propia Fiscalía  decidió remitir copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue las actuaciones de los dirigentes políticos.

Hasta el momento, las investigaciones se han concentrado en los casos de la Costa Atlántica, Magdalena, Medellín, Caucasia (Antioquia) y Bogotá,  pero no se descarta que los sabuesos puedan llegar a otras regiones en donde también se han hecho denuncias sobre presunta manipulación de electores y sistemas de contratación, con fines políticos.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, así se habrían orquestado los planes en las diferentes zonas del país para comprar votos y sacar provecho político: 

Reacciones

“Todos estos años el Centro Democrático denunciando corrupción, mermelada y que aparezcan candidatos nuestros en compra de votos, qué daño hacen si esto fuera verdad”, Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático.

“No tengo un solo contrato, puesto o entidad que esté al servicio de mi causa y públicamente he rechazado la forma vulgar cómo la ‘mermelada’ degradó la política. No puedo aceptar que se enlode ni mi nombre, ni mucho menos el de un partido que, como el Centro Democrático, ha dado una lucha sin cuartel contra la corrupción”, María Fernanda Cabal, representante del Centro Democrático.

“Lo que reveló el fiscal nos deja ver cómo funciona la relación entre política, corrupción y procesos electorales. Esto nos permite avanzar hacia unas mejores reformas políticas electorales. Hacemos un llamado muy serio, también, a los partidos políticos, que siguen privilegiando la obtención de los votos, sobre candidaturas transparentes”, Alejandra Barrios, MOE.

Operación Casa Blanca: Barranquilla

Esta investigación fue la que destapó la red de compra de votos que impulsó la suspendida congresista barranquillera, Aída Merlano, y por la cual ya hay varios capturados, además de la dirigente.

Según la Fiscalía, más de 2.112 horas de video y audios recaudados permitieron descubrir que detrás de este caso existía una completa organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas, la cual ya había intervenido en las elecciones locales y regionales de 2015 y después de las legislativas de marzo pasado, se empezaba a preparar para los comicios de 2019, en donde aspiraban implementar “un nuevo sistema”.

“La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas”, señaló la Fiscalía.

El organismo reveló que al frente de la organización estaban: la senadora electa Aída Merlano, la candidata a la Cámara Lilibeth Llinás; además de los diputados Jorge Rangel y Margarita Belén; los concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, junto con los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, quienes eran apoyados por 2.323 líderes locales y barriales.

Para su funcionamiento, contaban con administradores, encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros; punteadores, encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras; pagadores, encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes; coordinadores, entregaban contraseñas en casas de apoyo, y los didactas, que tenían la función de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales.

La Fiscalía reprochó que, en muchos casos, estas personas reclutaban abuelos, quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños, para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.

Su financiación provenía de fuentes públicas y privadas, pues según las investigaciones, “habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la Casa Blanca”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos a más de 40 personas, incluidos los concejales, exconcejales, la excandidata Lilibeth Llinás y  compulsó copias a la Corte contra la electa senadora, Aída Merlano, por un nuevo delito: violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Compra de votos en Ciénaga

El otro caso de presunta corrupción electoral que dejó al descubierto la Fiscalía, se presentó en Ciénaga (Magdalena) e involucra al representante y senador electo por Cambio Radical, Fabián Castillo, a quien le acaban de compulsar copias para que la Corte Suprema lo investigue por supuesta compra de votos.

La investigación comenzó durante las pasadas elecciones legislativas, cuando fue detenido en esa región del país un hombre identificado como Sergio Andrés Lora, a quien le incautaron $7 millones en efectivo, un listado de votantes y propaganda alusiva a Fabián Castillo. 

El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, una vez conoció el caso, se dirigió al Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Marta y solicitó hablar con el director seccional de la Fiscalía para interceder por la libertad de Lora.

También está documentado en el expediente, que el electo senador Castillo habría visitado al detenido en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido.

En el proceso de investigación, Lora Ávila justificó la tenencia del dinero que le encontraron, con un contrato de prestación de servicios de transporte para el día de las elecciones, pero el ente investigador determinó que el objeto de dicho convenio nunca se llevó a cabo.

Por estos hechos, el acalde de Ciénaga será imputado por el delito de tráfico de influencias.

Compra de votos en Medellín

Este caso involucra a la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, a quien señalan de haber ofrecido a sus votantes, de manera subsidiada, viajes a San Andrés Islas por un valor $120.000, tabletas a $30.000 y televisores de 49 pulgadas a $350.000, siempre y cuando se comprometieran a votar por ella.

“Las evidencias materiales probatorias recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes $136’000.000, en una cuenta particular. Así mismo, la campaña les condicionó la entrega de las ofertas a la comprobación de que hubiesen votado por la congresista”, señaló el ente acusador.

En el proceso de investigación se determinó que 55 de los votantes efectivamente viajaron a la isla y tres personas más recibieron los televisores. Sin embargo, varios de los ciudadanos que no recibieron nada se acercaron a la Fiscalía a denunciar la supuesta estafa. 

Las personas comprometidas en los hechos fueron identificadas como Alejandro Cuartas Rodas, gerente de la campaña, y Elizabeth Jaramillo Rico, quienes al parecer habrían hecho la oferta a más de 400 electores que asistían a reuniones de la entonces candidata. 

La Fiscalía también dice tener pruebas que demostrarían que Cuartas Rodas, igualmente, compró votos a $80.000 el día de las elecciones.

Por esta razón, Cuartas y Jaramillo fueron capturados, mientras que la Fiscalía compulsó copias a la Corte en contra de la congresista Restrepo.

Corrupción en Caucasia

El subdirector del Sena en Caucasia (Antioquia), Braulio Suárez, fue capturado y presentado ante un juez para la imputación del delito de corrupción al sufragante.

Al funcionario lo señalan de haber reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos, para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora senador electo, Julián Bedoya Pulgarín, del Partido Liberal.

Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido al Congreso, el subdirector del Sena se encargaría de mantenerles y adjudicar nuevos contratos a quienes ayudaran con la causa política.

Constreñimiento y corrupción en Bogotá

El ente acusador también determinó un caso de presunta corrupción electoral en Bogotá contra profesoras de los jardines infantiles que tiene la Secretaría de Integración Social en la localidad de Kennedy, a las cuales Julián Gutiérrez, contratista de la entidad, les manifestaba que para mantener sus puestos de trabajo debían votar por el candidato a la Cámara Diego Caro y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. 

No conforme con el voto de las profesoras, el contratista les exigió elaborar un listado con los nombres de 10 familiares, con números de cédula y dirección de residencia. Estas personas también debían favorecer a los dos aspirantes del uribismo. 

La Fiscalía, incluso, encontró evidencia de que a algunas profesoras les habrían dado $200.000 como reconocimiento por su ‘colaboración’. 

Debido a estos hechos, el ente investigador imputará cargos por constreñimiento y corrupción al sufragante contra Gutiérrez y Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración.

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Viernes, 22 de Junio de 2018
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