Un sentido y urgente llamado, cargado de angustia, preocupación, pero también algo de rabia, le hicieron ayer los líderes y las comunidades del Catatumbo al presidente de la República, Iván Duque, quien clausuró la quinta sesión de la Mesa por la Protección a la Vida, en Ocaña.

Hermides García, de la Playa de Belén, le recordó al jefe de Estado y a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien también estaba presente en la sesión, que él y muchas otras personas han sido desplazadas por el conflicto armado, pues los grupos al margen de la ley se están apoderando de sus propiedades, sin que puedan decir nada, puesto que corren el riesgo de perder sus vidas.

“Por favor, pongan la mano en la región con la seguridad; nos están matando sin razón, por el hecho de defender a una comunidad. Somos despojados y derrotados en nuestros territorios”, manifestó García durante su intervención.

Como él, otros líderes que adelantan algún tipo de trabajo social en los 11 municipios del Catatumbo también le exigieron al Gobierno Nacional garantías para poder continuar con su ejercicio, toda vez que  advirtieron que el miedo los persigue, ante la difícil situación de orden público que se registra en esta zona del departamento.

Denunciaron que las persecuciones, intimidaciones, desplazamientos forzados y los asesinatos selectivos se han convertido en el común denominador en la región y en esa medida se requiere una mayor atención del Estado colombiano, pero no solo con intervención militar.

Los voceros de las distintas comunidades coincidieron en que lo que esperan es la implementación de programas alternativos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, en aras de lograr la convivencia pacífica de los pueblos.

Riesgo inminente

Las preocupaciones de los líderes catatumberos fueron respaldadas por el defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret, quien consideró que es necesario “pensar en voz alta”, frente a la situación que se registra hoy, pues el riesgo es inminente y en ese sentido es urgente implementar programas coherentes para defender la vida, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas.

 “Es la oportunidad que tiene el Estado para frenar la violencia. Los habitantes de la región, a pesar de las arbitrariedades, no han perdido los sueños y esperan mejorar las condiciones de vida”, dijo.

Negret recordó que la Defensoría ha emitido alertas tempranas en Hacarí, La Playa de Belén, Ábrego, El Carmen, Convención, San Calixto y Tibú, en donde se han presentado infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

De la misma forma, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien también estuvo presente en la nueva sesión de la Mesa, reclamó acciones concretas por parte del Estado para ofrecer garantías a los líderes sociales de esta y otras zonas del país.

El coliseo cubierto Argelino Durán Quintero fue el escenario del nuevo encuentro entre las comunidades y representantes del Gobierno Nacional.

“La región del Catatumbo no admite más disculpas. El Estado ha sido insuficiente para impedir el silenciamiento de los líderes sociales. Es nuestro deber como sociedad bajar a cero el cruel peaje que los defensores de derechos humanos están pagando con sus vidas”, dijo Carrillo, al tiempo que insistió en que el combustible de todo este exterminio contra los líderes sociales han sido las economías ilegales, el narcotráfico.

El funcionario anunció que más de 300 agentes especiales han sido dispuestos desde el Ministerio Público para acompañar a los líderes.

El presidente pide ayuda a los alcaldes 

Ante los reclamos que se hicieron durante la Mesa por la Protección a la Vida, el presidente Iván Duque, quien llegó sobre el mediodía a Ocaña, en una visita que duró unos cuantos minutos, les hizo un llamado a los alcaldes de la región para que contribuyan a la protección de los líderes sociales.

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“Cuando miramos las tasas, podemos darnos cuenta de que el trabajo implica también un compromiso de los gobiernos locales”, manifestó y dijo que, como ya lo ha planteado el procurador general en otras oportunidades, “si queremos llegar a la mejor protección, también tienen que estar involucrados en la política pública gobernadores y alcaldes”.

Duque destacó ante los asistentes al coliseo cubierto Argelino Durán Quintero, que entre agosto de 2018 y mayo de 2019 se ha registrado una reducción del 32 por ciento en los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, con lo que intentó matizar las críticas que han llovido en contra de su gobierno, por lo que se cree ha sido un incremento en los homicidios de representantes de estos sectores.

También trajo a colación unas cifras de la Fiscalía, según las cuales, el 56% de los asesinatos de líderes ocurridos en los últimos años ya han sido esclarecidos.

Y dijo que aunque deplora cualquier forma de violencia, también rechaza el “relativismo moral” frente al accionar de los violentos.

“(...) porque en este país pareciera que, para algunos, cuando se cometen asesinatos con orientaciones ideológicas, tienen un tratamiento diferenciado y eso le ha hecho un daño terrible a este país. No existe causa ni ideológica, ni política que justifique el asesinato de un ciudadano”, sostuvo.

En ese sentido, el jefe de Estado insistió en que no se puede permitir que el liderazgo social sea estigmatizado. 

Duque también volvió a enviar un mensaje de tranquilidad a los habitantes del Catatumbo y tras recordar la importancia que, dice, tiene para el Gobierno esta subregión de Norte de Santander, anunció que además del programa Catatumbo Sostenible, se tiene prevista una inversión de $ 19.000 millones para el anillo vial para la paz, entre Hacarí, San Calixto y El Tarra; $10.000 millones para la construcción de placa huellas y $2.400 mejoramientos de vivienda.