La decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aceptar la solicitud de sometimiento del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo a esta justicia, revelada en exclusiva por La Opinión, le imprimió un nuevo tinte a la campaña para las elecciones del 27 de octubre, en Cúcuta.

Además de la expectativa que quedó servida tras su anuncio de esclarecer toda la verdad sobre los dos homicidios en los que está involucrado, el del exasesor Alfredo Enrique Flórez y el veedor Pedro Durán Franco, y otros tres de los que asegura tener información relevante (Carlos Duarte, Ramiro Agudelo y su esposa), en la ciudad ya se empieza a hablar sobre el inminente regreso de Suárez y su participación activa en la puja por la Alcaldía de Cúcuta.

Como se sabe, el exalcalde tiene nuevamente la mira puesta en esta competencia, pues su objetivo es repetir lo hecho en 2015 con César Rojas, pero esta vez con Jorge Acevedo como candidato. 

“Los seguidores de Ramiro Suárez celebran la decisión de la JEP y según, si todo sale como lo tienen pensado, estaría en octubre en Cúcuta, impulsando la candidatura de su pupilo Jorge Acevedo”, fue uno de los menajes que circuló en las redes sociales, el fin de semana, luego de conocerse la admisión de Suárez Corzo en la JEP.

Aunque es un hecho que su caso será analizado por la justicia especial, teniendo en cuenta que existen elementos que permiten inferir que, como agente de Estado, tercero civil no combatiente, “participó en acciones delictivas violatorias del Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto armado”, esto no implica necesariamente que tenga el camino expedito para dejar atrás la condena de 27 años que pesa en su contra por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez.

Una muestra de que lo que sigue no es tan fácil como se cree, es que la Jurisdicción Especial para la Paz no accedió a una de las principales pretensiones de la defensa de Suárez, como lo era el beneficio de la libertad condicionada, tras advertir que ese privilegio no es automático “e inmediato por la suscripción de un acta de sometimiento a la JEP”.

“En principio, hay elementos de juicio que permiten admitir que sí estuvo asociado con unos actores del conflicto y que probablemente eso le da la entrada, pero ahora estando adentro tiene que cumplir una cantidad de condiciones. Tiene que aportar pruebas, delatar a los demás, decir toda la verdad, y no cualquier verdad; la verdad detallada de quiénes participaron en los delitos, además de reparar a las víctimas”, explicó un magistrado que conoce de la estructura y funcionamiento de la justicia especial.

Dijo que si bien la solicitud del exalcalde fue aceptada, esta decisión puede ser objeto de apelación por parte de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros interesados, por lo que será la Sala de Apelación la que tendrá la última palabra.

Revisión de la sentencia por parte de la corte

El otro muro de contención que deberá derribar Ramiro Suárez Corzo si quiere reducir su pena y recibir una alternativa, a cambio de contar la verdad y reparar a las mil víctimas del conflicto armado en condición de vulnerabilidad que prometió, será la revisión de la sentencia condenatoria de 27 años  que pesa en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia.

“A petición del condenado, la JEP podrá revisar las decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República y las sentencias proferidas por otra jurisdicción por: variación de la calificación jurídica conforme al artículo transitorio 5° y al inciso primero del artículo transitorio 22; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior, por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto”, señala el Acto Legislativo 01 de 2017 también conocido como Ley Estatutaria de la JEP, tras advertir que la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido.

En plata blanca, lo que esto quiere decir es que, el exmandatario le puede pedir a la Corte que revise su caso, a la luz de la nueva jurisdicción especial, para corroborar si los hechos que se comprometió a esclarecer y asumir hacen parte del conflicto y se configuran para optar por el beneficio de la pena alternativa que confiere la JEP. 

Dudas frente a la sanción

En la medida que el exalcalde Suárez es apenas el segundo agente de Estado no combatiente que admite la justicia especial, así mismo son muchos los vacíos y las dudas que persisten no solo frente al futuro de la condena que ya pesa en su contra, sino sobre la sanción con la cual  podría reemplazarla, en caso de que se compruebe que dijo toda la verdad.

Así lo admiten algunos expertos en el tema, quienes consideran que el régimen sancionatorio que impone la justicia transicional no es el mismo para todos.

De acuerdo con la Ley Estatutaria, las sanciones en esta instancia podrán ser propias, alternativas u ordinarias. Al respecto, en el artículo transitorio 13 de dicha norma se advierte lo siguiente: 

“Las sanciones que imponga la JEP tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad”.

Y agrega: “Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años”.

También precisa que: “El periodo máximo de cumplimiento de sanciones propias, por la totalidad de las sanciones impuestas,  será de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición”.

No queda inhabilitado políticamente

El otro interrogante que ha surgido tras el aterrizaje de Ramiro Suárez Corzo en la JEP es, si en caso de que su situación sea definida por este tribunal y reciba una pena alternativa, el condenado exmandatario puede recuperar sus derechos políticos. 

Como es bien conocido,  a pesar de su condición de presidiario, Suárez es considerado hoy como uno de los barones electorales más influyentes de la región y su organización política una de las más activas, electoralmente hablando.

Sobre este particular, la respuesta que entregó el magistrado consultado por La Opinión y que se puede leer claramente en el Acto Legislativo 01 de 2017, es que sí recupera su derecho a elegir y ser elegido.

“Artículo transitorio 20. Participación en política. La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”, señala la norma.

El magistrado, sin embargo, precisó que a pesar de que la sanción que imponga la JEP, en caso de cumplirse todos los requisitos, no inhabilita a Suárez hacia futuro, mientras la sentencia que pesa hoy en día en su contra no sea modificada, la inhabilidad se mantiene.

En ese sentido, concluyó que la admisión por parte de la justicia especial “no necesariamente pone al exalcalde del otro lado del río, ahora él tiene que pasarlo”.

Wilfredo cañizares, director  de la Fundación Progresar, anunció que solicitarán a la JEP que los reconozcan como parte dentro del proceso contra Ramiro Suárez.

Fundación Progresar busca ser parte del proceso

El camino que le espera a Ramiro Suárez Corzo en la JEP no parece ser tan fácil, pues su principal defensa en busca de la pena alternativa, la verdad, debe ser rigurosamente confirmada.

Así las cosas, su versión tendrá que ser corroborada y contrastada con muchas fuentes de información que tiene la justicia especial, incluidas las propias víctimas y organizaciones de la sociedad civil que quieran hacer parte del proceso.

Al respecto, uno de los primeros en manifestar esa intención fue Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien reveló que desde hace un año se venía preparando para este momento.

“Procedimos a recaudar la información de hechos de violencia que tienen relación con Suárez Corzo y de sentencias de Justicia y Paz en las que es nombrado por terceros”, reveló.

Anunció que una vez quede en firme la citación para la comparecencia del exgobernante de Cúcuta, Progresar le solicitará a la JEP que se le reconozca como parte dentro del caso relacionado con el exmandatario, en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de este tribunal.

Dijo que se trata de un paso muy importante, “siempre y cuando Ramiro Suárez cumpla con los estándares de verdad total en la JEP”, toda vez que por primera vez la región daría un salto en cuanto al conocimiento de lo que realmente sucedió en hechos atroces que se cometieron hace 20 años.

Explicó que Suárez Corzo tendría derecho a quedar libre después de entregar su versión en la JEP si refiere y explica lo ocurrido en cientos de acontecimientos de desapariciones y asesinatos, “de las campañas políticas del presidente Álvaro Uribe, de la campaña de Manuel Guillermo Mora y de las que vinieron luego”, del paramilitarismo y del narcotráfico, del despojo de tierras en el distrito de riego del río Zulia, en Buena Esperanza, en Guaramito.

“Si él cuenta, eso sería un verdadero terremoto político en la región”, consideró.