A escasos días de cumplirse el primer mes desde la firma de la paz con las Farc, es posible entender por qué desde distintos sectores se ha manifestado que si llegar a un acuerdo definitivo con la guerrilla fue una tarea ardua, lo realmente difícil se vivirá a la hora de materializarlos y poner a andar los propósitos fijados para los primeros 180 días.

“La experiencia internacional demuestra que los primeros días de la desmovilización son los más críticos para asegurar que los combatientes no abandonen el proceso de paz y para prevenir un aumento de la violencia”, dijo la ONU en referencia a la preocupación que le asiste por la posibilidad de que no se prioricen los aspectos prácticos de la desmovilización y el desarme de los integrantes de las Farc que figuran en el acuerdo.

Hoy es posible apreciar al menos tres flancos que parecieran estar descuidados, o por lo menos en los que se refleja lo que algunos especialistas denominan como la ineficacia del Estado, y otros califican como la ya consabida improvisación de los gobernantes. Se trata de la seguridad, la logística y la política.

Las cifras hablan por sí solas, al punto de compararlas con el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Según datos de organizaciones como Marcha Patriótica, y otros movimientos sociales, las muertes violentas de sus líderes superan los dos centenares de víctimas entre todos los sectores.

“Fueron cinco hace una semana y dos la semana que termina”, dijo Aída Avella, líder de la UP, en referencia a dichas muertes. Martha Díaz, líder de víctimas en el Atlántico, madre de un joven víctima de ‘falsos positivos’, sobrevivió a un ataque sicarial… Marcelina Canacué, murió tras ser impactada a tiros, dijo Avella al recordar tan solo dos hechos.

Desde 2011, hace apenas cinco años, se cuentan 125 integrantes de Marcha Patriótica asesinados. Según Indepaz, 76 de estos casos se presentaron este año, entre los que se destacan líderes comunales, campesinos, indígenas, estudiantes, reclamantes de tierras y víctimas. En este caso la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia documentó 61 asesinatos en 2016 de defensores de derechos humanos y líderes sociales en áreas rurales, 21 de los cuales ocurrieron después de la firma del primer acuerdo de paz, el 26 de septiembre.

Pero esa no es la única piedra en el zapato. A los temas de seguridad se suman los recurrentes llamados de la guerrilla para que se adecúen con prontitud los lugares a los que se movilizarán los guerrilleros, y de los que se dice no cuentan con servicios, ni con albergues. En el marco de esas denuncias por deficiencias se dio a conocer el lunes pasado la muerte de Ramón Antonio Ramírez Moreno, alias Elkin Palacios, un integrante del Frente 57 de las Farc, en uno de los campamentos de preagrupamiento. ¿Qué pasa con la atención que deben tener los desmovilizados? ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria?

Estas preocupaciones son compartidas por la ONU. Luego de dos semanas de iniciado el proceso de desmovilización ninguna de las 27 zonas a las que debe llegar la guerrilla para su desarme y desmovilización están equipadas. “Hay acceso limitado a agua potable, alimentos, servicios de salud y electricidad”, dijo el organismo internacional.

En el escenario político los riesgos no son menores. Hay que ver nada más las reacciones en el Capitolio, hasta donde llegaron esta semana varios miembros de las Farc y sus representantes en lo que se considera el primer paso para concretar su partido político: ‘Voces de paz y reconciliación’. Allí se dejaron ver las complicaciones que se tendrán, más aún cuando en 2017 arranca en firme la campaña por la Presidencia de la República.

Dudas y certezas

Álvaro Villarraga, del Centro Nacional de Memoria Histórica, resalta el cumplimiento que han tenido las partes respecto del cese el fuego, y el acompañamiento de la comunidad internacional, pero fue claro en su preocupación por la violencia contra líderes sociales.

“De manera oculta y simultánea, se está presentando un foco común de ataque sistemático”, dice al señalar que las agresiones se están dando no solo en un espacio de tiempo similar sino en distintas regiones del país.

Para Villarraga, los asesinados tienen un común denominador por sus roles. “Pareciera ser un coletazo de guerra sucia, un sabotaje contra el proceso de paz”, precisa y vincula el tema de las disidencias que se están presentando en las Farc y destaca el que desde la cúpula de la guerrilla se haya expulsado a quienes se han apartado de los acuerdos, cinco casos en la semana que finaliza.

La referencia está ligada al accionar de las bandas criminales que han llegado a copar los lugares que han ido dejando las Farc. “Perviven agrupaciones herederas de nichos del poder paramilitar”, señala Villarraga en relación a una de las consideradas columnas del punto relacionado con el fin del conflicto en el acuerdo de paz del ‘Teatro Colón’.

“El reto es desalojar las economías ilegales y copar las zonas históricamente abandonadas por el Estado”, precisa, coincidiendo con el llamado de la ONU en cuanto al peligro que representa la falta de seguridad. “Nos preocupa que no existan medidas concretas de seguridad”, considera Naciones Unidas y agrega que a medida de que los miembros de las Farc abandonan áreas tradicionalmente bajo su control, “el Estado aún no ha asumido plenamente sus funciones, dejando un vacío de poder”, y de paso abriendo las puertas para el accionar de los grupos criminales.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señala que en este caso hay que tener presente varios aspectos: Uno es la seguridad de los desmovilizados que van a hacer política, y de quienes liderarán los procesos políticos. “Esto es dramático. En lo que va del año al menos 200 líderes han muerto, y aunque se sabía que iba a pasar, no se adoptaron las medidas respectivas”, y centra su preocupación en la seguridad en las regiones, pues -dice- no ve con claridad la manera como va a actuar el Estado.

El tema de la logística no se puede desestimar si se quiere alcanzar la “paz estable y duradera”. Es necesario que el Estado atienda este punto. “De no atenderse de manera juiciosa se puede menoscabar la aplicación de los acuerdos”, precisa Villarraga, en referencia a las zonas de transición y normalización. 

Esto –considera Ávila- demuestra la negligencia y la inoperancia del Estado. “De haber ganado el Sí el 2 de octubre hubiera sido muy complicado. No se tendría nada”, y dice haber estado hace una semana en una de las referidas zonas en Cauca donde “ni siquiera había una estaca.

“Los tiempos burocráticos no son los tiempos del acuerdo, se están tardando mucho en contratar”, considera Ávila, y señala que esta situación debería resolverse con fondos de respuesta rápida como el ‘Fondo Renace Colombia’, para poder hacer contratación territorial sin trámites de licitación. Estos temas ponen en peligro la implementación.

“Pedimos una acción inmediata, determinada y visible del Estado para proporcionar seguridad y servicios básicos y así comenzar a implementar todos los aspectos del acuerdo que aseguren que se cumpla la promesa de paz para Colombia”, reclama la ONU.

Político

Este es el tema central del proceso, y lo ha sido en muchas partes del mundo donde se han presentado procesos de paz similares. “Es saludable para la democracia que todos entendamos la necesidad de permitir que los desmovilizados se conviertan en actores políticos”, dice Álvaro Villarraga, al recordar el camino que desde mediados de semana empezó a recorrer la guerrilla de las Farc con personas cuyas ideologías son afines, pero quienes no han estado en sus filas.

“El reto es poder brindar las garantías necesarias”, precisa, al recordar que jefes de las Farc ya han dado señales para llegar a acuerdos y convergencias con sectores de izquierda y democráticos de cara a su papel en la arena pública y política.

“La verdadera discusión en el campo político se dará al momento de discutir y aplicar los actos legislativos relacionados con la participación de los desmovilizados en la agenda política”, precisa Ávila.

El 2017 será un punto de inflexión en la historia de Colombia por estar viviendo la realidad de un proceso de paz, tras medio siglo de guerra con la guerrilla de mayores raíces históricas y potencial bélico. En la perspectiva más inmediata es necesario entender que este no es un proceso fácil, y menos lo es pasar de la guerra al entendimiento, y mucho menos a la inclusión.

Sin entrar a descalificar el momento actual del proceso, Ávila reclama del gobierno el poder resolver el “preocupante problema de la inoperancia del Estado en las regiones”.

“Solicitamos al Gobierno que designe un responsable para gestionar la crisis con autoridad ejecutiva, para abordar estos problemas prácticos y así evitar socavar un proceso de paz que promete mucho, si se implementa adecuadamente”, se suma Naciones Unidas.