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Lunes, 3 Noviembre 2014 - 2:57pm

“Los críticos de la paz deberían estar dispuestos a analizar los documentos de La Habana”

Archivo
procurador general
/ Foto: Archivo

 


Para el procurador general es hora de llevar el debate sobre el proceso de paz a un escenario más racional que emocional, toda vez que considera que en los diálogos, “ni todo es perfecto, ni todo es perverso”.

Uno de los más duros críticos del proceso de paz, el procurador general Alejandro Ordóñez, estuvo esta semana en Cúcuta para reunirse con los alcaldes e insistir en el acompañamiento preventivo que viene haciendo la entidad para el mejor desempeño de sus funciones.

Durante su visita, el titular del Ministerio Público se refirió a los factores internos y externos que interfieren en el correcto ejercicio de los gobernantes locales y que terminan derivándose en las decenas de procesos disciplinarios que muchos de ellos hoy llevan a cuestas.

En diálogo con La Opinión, Ordóñez también hizo referencia al proceso de paz, sus críticas hacia los diálogos y las razones por las cuales los guerrilleros de las Farc no pueden dejar de pagar un día de cárcel, de lograrse un acuerdo con el Gobierno.

Así mismo, admitió que el debate en torno a las negociaciones debe darse en medio de un escenario de racionalidad y que no hay que escandalizarse con el disenso.

 

 

Un informe publicado recientemente por La Opinión da cuenta de que 29 de los 40 alcaldes de Norte de Santander tienen procesos pendientes en la Procuraduría, ¿a qué se debe esta cifra tan alta?

Eso puede tener origen en varias razones, pero no me refiero solo para los casos de Norte de Santander. Una de las principales, y creo que donde está concentrado el mayor porcentaje, es la falta de preparación y calificación en la administración pública; desconocimiento normativo. Una segunda causa, bastante alta también, son los actos de corrupción. También hay una buena dosis de denuncias producidas por cuenta de la politización de la función pública y hay otra modalidad que cada vez se torna más creciente y es la cooptación que hacen los sectores particulares sobre la administración, para que estas diseñen políticas públicas que los beneficien, especialmente en los sectores de infraestructura y salud.

 

 

 

 

¿Qué tan difícil es controlar que la política y los intereses de terceros se apropien de las administraciones?

Esto se hizo más evidente y dramático con la elección popular de alcaldes y gobernadores, porque los costos de la campaña son cada vez más elevados. Ello ha generado que los carteles de la contratación coopten esos candidatos y terminen comprando secretarías y obliguen al impulso de políticas que los beneficien.

 

 

 

 

Y en cuanto a la falta de preparación, ¿cree que la legislación debería ser más exigente con quienes aspiren a un cargo de elección popular?

En eso hay normatividad suficiente. Particularmente, a los alcaldes se les exige que hagan cursos en administración pública, pero desde luego que no basta con 48 o 72 horas de capacitación. Por eso se han hecho esfuerzos para lograr concentrar la capacitación, hacerla homogénea y ofrecerla donde se sabe que el pie duele, es decir, en materia de contratación, presupuesto, salud, educación. Al respecto, la Procuraduría también está cumpliendo una función preventiva.
 

 

 

 

Pero, ¿sí han logrado que como resultado de esa función preventiva se disminuyan en algo las irregularidades?

Sí, la respuesta es muy satisfactoria. Desde luego que la cualificación que hoy tienen los administradores públicos es sustancialmente superior a la de hace unos 20 años en diversas materias. La disposición que tienen los funcionarios frente a sus deberes es cada vez mejor.

 

 

 

Se acaba de anunciar que el nuevo Gramalote sería inaugurado en diciembre de 2015, ¿ustedes que han sido rigurosos en el seguimiento a la reconstrucción, creen que esto sea posible?

Lo que nosotros vemos como un grave riesgo es que el 31 de diciembre de este año se termina la autorización o el modelo especial creado para la reconstrucción, que permitió que se contratara por el derecho privado y por ende se pudiera agilizar más el proceso. Estamos previendo que, sobre todo los aspectos relativos a la educación, es decir, el colegio, no van a alcanzar a ser tramitados, salvo que los trámites que debe asumir el Ministerio de Educación puedan evacuarse, por tarde, en 10 días. Y sin colegio no se puede inaugurar el pueblo.

 

 

 

 

Proceso de paz

 

 

 

¿Cómo ve usted que la justicia acaba de ratificar la condena contra un general retirado por hechos relacionados con el cumplimiento de su deber,  mientras que muchos de los comandantes guerrilleros, responsables de miles de crímenes, podrían, en el corto plazo, estar legislando en el Congreso?

Independientemente del proceso, vale la pena advertir que la Procuraduría ha sido, dentro de la institucionalidad, una voz crítica, no hostil, al proceso de paz, sobre todo en materia de las pretensiones que las Farc y algunos funcionarios tendrían, de conceder impunidad a la guerrilla. Estas críticas me han valido el estigma de ser enemigo o atravesar palos en la rueda al proceso de paz.

 

 

 

¿Cree que el episodio del general Arias Cabrales puede resultar siendo un mal mensaje para las Fuerzas Armadas, en el sentido de que  no es buen negocio defender al Estado, pero combatirlo sí?

Desafortunadamente ese puede ser un efecto de dicha decisión, pero es indudable que los militares deberán ser beneficiarios de la justicia transicional y eso está previsto en el Marco Jurídico para la Paz. Nadie concebiría, ni sería lógico un tratamiento benévolo y flexible a la guerrilla y un tratamiento rigorista para los militares. El síndrome del general Plazas Vega y del general Arias Cabrales no se puede repetir, eso deslegitima cualquier proceso de paz.

 

 

 

 

¿Cuál sería para usted una pena alternativa razonable para los guerrilleros que decidan acogerse a un acuerdo de paz?

Los colombianos sabemos que para transitar de la guerra a la paz se deben ofrecer atractivos a los alzados en armas, por eso se ha diseñado lo que llamamos la justicia transicional, que no es nueva en Colombia. Esa justicia exige una pena privativa de la libertad, no basta con decir la verdad, no basta con reparar. Es menester una pena privativa de la libertad, reducida sustancialmente, flexible, como se hizo en Justicia y Paz. Eso no es venganza, es un mínimo de justicia para que haya legitimidad en el proceso.

 

 

 

 

El proceso de paz ha quedado en medio de un duro enfrentamiento entre quienes lo apoyan y lo cuestionan, ¿usted no cree que es hora de darle otro giro al debate?

Lo que nosotros queremos es que haya una paz sostenible, por eso debería desaparecer del lenguaje oficial esa estigmatización a los críticos. La palabra ‘enemigos de la paz’ no debería existir, porque en Colombia no hay enemigos de la paz. El Gobierno debe estar dispuesto a escuchar las críticas constructivas, razonables, para lograr legitimar el proceso. Pero los críticos de la paz también deberían estar dispuestos a oír y a analizar los documentos de La Habana, sin emociones, sino razonablemente. Entonces, la posición es clara: actuar desapasionadamente. Ni todo es perfecto, ni todo es perverso. Hay cosas imperfectas que se pueden modificar. Aquí no se puede pretender que haya unanimismo, porque la democracia siempre es plural.

 

 

 

 

¿Hay algún punto de todo lo que se ha acordado y lo que está por estudiarse en la mesa de diálogos del que sea partidario?

Hay una infinidad de aspectos que todavía faltan por concluir. En la agenda hay toda una serie de políticas públicas, pero desde luego que estas son objeto de muchas observaciones. Es indudable que hay que esperar las conclusiones para hacer una valoración final.

 

 

 

 

¿Cuál es para usted el otro gran inamovible dentro de este proceso de paz, además de las penas alternativas?

Las Farc deben entregar las armas, no el sofisma de que las  tendrán y no las utilizarán. Tienen que disolver el aparato criminal y reconocer la verdad, la justicia y la reparación y asumir su condición de victimarios.

 

 

 

 

¿Usted cree que hubiera sido preferible que el Estado continuara replegando a las Farc militarmente bajo la política de la Seguridad Democrática y no en una mesa de diálogo?

Ya estamos dentro de un proceso. Pienso que las Farc se sentaron a la mesa como consecuencia de que nuestro Ejército las debilitó, las redujo y esa fue la condición necesaria para sentarse a la mesa.

 

 

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