El nombre de Luis Fernando Páez Carrascal viene sonando con insistencia desde comienzos de este año y no precisamente porque sea uno de los candidatos que se le anticipó a la contienda para Congreso de la República, la cual tomará fuerza después de mediados de 2017.

El gerente de la ESE Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular de Norte de Santander hasta comienzos de este año, se encuentra en la mira de los diferentes órganos de control e investigación, por los manejos que durante su administración le dio a la entidad y que han desencadenado una serie de denuncias y acciones judiciales.

Si bien, desde antes de que Páez Carrascal se pusiera al frente del Centro este ya atravesaba una difícil situación, pues a partir de 2011 su calificación de riesgo pasó a ser alta, según recuerda el exdirector del Instituto Departamental de Salud, Javier Prieto Peña, el panorama no fue mejor durante los cuatro años que el médico, especialista en gerencia y auditoría de calidad en salud, estuvo a cargo de la que un día fuera una de las más destacadas instituciones de su tipo en el país.

Irregularidades en la contratación, incumplimientos de pago y ofrecimientos de servicios que nunca llegaron a sus beneficiarios, al parecer, se convirtieron en la constante durante el paso de Luis Fernando Páez Carrascal por el Centro de Rehabilitación, tal y como lo dejan ver las investigaciones que adelantan la Procuraduría y la Contraloría y cuyos detalles conoció La Opinión.

Beneficiarios que no existían

En 2015, a la Contraloría de Norte de Santander llegó una queja contra el entonces gerente del Centro de Rehabilitación, por las aparentes irregularidades que rodeaban tres convenios suscritos entre la ESE y el municipio de Cúcuta, para la prestación de servicios a personas con discapacidad, adultos y víctimas. Sin embargo, la denuncia tuvo que afrontar un primer obstáculo, toda vez que la esposa de Páez, Ana María Díaz Espinel, fungía como contralora auxiliar delegada para auditorías, y en sus manos recaía la responsabilidad de hacer seguimiento a las presuntas irregularidades.

Ante su impedimento, la funcionaria le dio traslado del caso a la Contraloría General de la República, quien tiempo después lo devolvió a la Departamental, argumentando que no era de su competencia.

Una vez la queja volvió al ente de control fiscal del departamento, ese despacho inició una auditoría que arrojó 13 hallazgos de tipo disciplinario, los cuales fueron remitidos a la Procuraduría. Estos hechos han desencadenado ya varios pliegos de cargos contra el exgerente de la ESE.

En uno de esos procesos, la Procuraduría Regional, en un fallo  de primera instancia, ordenó la destitución e inhabilidad por 10 años de Luis Fernando Páez. La decisión se encuentra en apelación ante la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.

La auditoría hecha por la Contraloría detectó, igualmente, 18 hallazgos de carácter fiscal por un valor de  $1.338 millones.

Según conoció La Opinión, dentro de las pruebas que se recaudaron, existen evidencias de que muchos de los supuestos beneficiaros no eran en realidad los que firmaban o simplemente no existían. Otros eran fallecidos o militares que no estaban cobijados con el régimen subsidiado.

En una muestra aleatoria de 10 personas que figuraban en la lista de beneficiarios con los convenios suscritos entre la ESE y la Alcaldía de Cúcuta y quienes fueron llamados a declarar, ocho nunca habían recibido atención.

Los auditores también encontraron un caso en Chinácota en el que se suscribió un convenio para la atención de determinado número de abuelos que no existían en el municipio.

A pesar de que este informe ya estaba listo, una decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió que la competencia para conocer el caso era de la Contraloría Municipal, por lo que la Departamental tuvo que cesar sus actuaciones.

No obstante, al trasladar la queja se remitió también el documento con los hallazgos detectados. Este proceso está en marcha y se espera que esta semana esté listo el nuevo informe preliminar.

Adicionalmente, el contralor departamental, Silvano Serrano, le dio traslado a la Fiscalía de una denuncia por falsedad en documento, en vista de las firmas que se encontraron en el proceso de auditoría no corresponden a los supuestos beneficiarios que se reportaban como parte del convenio.

Gestión fiscal deficiente y desfavorable

Aunque a la Contraloría del Departamento le quitaron la competencia para investigar lo relacionado con los convenios entre el Centro de Rehabilitación y el municipio, el ente de control decidió iniciar una auditoría a la vigencia 2015, teniendo en cuenta que durante los últimos años, particularmente, nunca se adelantó este tipo de trámites y tampoco se registraron procesos sancionatorios, a pesar de las condiciones de la ESE.

En dicha auditoría se encontró un hallazgo fiscal por más de $73 millones que se originó a partir de  una demanda contra la entidad por el no pago de una deuda de $3,3 millones, la cual fue creciendo en vista de una presunta negligencia.

En la evaluación, la Contraloría concluyó que la gestión fiscal del Centro era desfavorable y deficiente, toda vez que la calificación recibida por el control de la gestión fue de 20,9 y el control de resultados cero.

Actualmente, en la Contraloría de Norte de Santander cursa otra queja por parte de un extrabajador de la ESE que asegura haberle prestado los servicios de vigilancia a la entidad, los cuales nunca le pagaron. Cuando fue a reclamar su dinero le respondieron que su cuenta ya había sido saldada, aunque a sus manos nunca llegó la plata.

Pagos girados que nunca llegaron a los proveedores

Y es precisamente esta última práctica la que también pareciera haber sido común durante el paso de Luis Fernando Páez Carrascal por el Centro de Rehabilitación y por la que hoy afronta varias investigaciones en la Procuraduría y la Fiscalía.

Recientemente, el Ministerio Público anunció la apertura de un nuevo pliego de cargos contra el exgerente porque, al parecer, incurrió en una falta disciplinaria al haber pagado obligaciones por un valor superior a los $70 millones, a personas que no tenían ningún vínculo con las empresas acreedoras del Centro.

Este caso guarda relación con una empresa proveedora de insumos ortopédicos con la que existía un convenio desde 2012 para el suministro de prótesis y ortesis, pero a la que en 2013 se le dejó de cumplir con los pagos.

Según el abogado de la compañía, Henry López, en vista del incumplimiento comenzaron a enviar derechos de petición exigiendo el pago pendiente de $54 millones y la respuesta era que estas acreencias ya habían sido canceladas.

“En el empalme (con Hernando Mora) decían que a todo mundo le había cancelado. En el libro contable aparecía eso, que a Ortopédica no le debían un solo peso, pero dónde están los soportes de pago, si en el convenio aparecía que la única forma de pago que existía entre la ESE es por medio de consignaciones y transferencias, a cuentas de Ortopédica y esos documentos no están”, contó el apoderado de la empresa proveedora.

Según el abogado, en una oportunidad, el pagador de la ESE, Jesús Antonio Jaimes Olivares, le manifestó que el último pago se hizo en septiembre de 2014 por $10 millones y que la plata había sido entregada al mismo Luis Fernando Páez para que se la pagara a Ortopédica Americana y por lo tanto, los recibos los debía tener él.

“Yo les manifesté que me parecía terrible esa situación, porque las entidades prestadoras de salud no depositan o entregan dinero en efectivo a la ESE, siempre es por transferencias, nunca por efectivo. Es ilógico saber que aquí existe una caja menor con tanto dinero les dije”, relató.

La Opinión se comunicó vía telefónica con el señor Jaimes Olivares para conocer lo sucedido con estos pagos, pero manifestó que esos asuntos los manejaba su abogado.

Por este caso, Ortopédica entabló una demanda ante un juzgado, puesto que además de los $54 millones, la empresa reclama el pago de una cláusula de incumplimiento por 200 salarios mínimos legales vigentes.

Una situación similar afronta hoy la Cooperativa de Servicios, Coopsercívicos Asociados, quien prestó servicios de vigilancia al instituto durante 2010 y 2011 y a los que les quedaron debiendo $60 millones.

“El año pasado quedamos dentro de un listado de saneamiento que iba a hacer el Centro de Rehabilitación, por intermedio del Ministerio. Nos pasaron el listado donde estábamos en la relación y que nos iban a pagar por medio de una fiducia. En junio preguntamos qué había pasado con eso, cuando nos dijeron que eso ya estaba cancelado”, contó Luis Fernando León Castro, gerente de la cooperativa.

Dijo que tuvieron conocimiento de que en septiembre y diciembre del año pasado se giraron los supuestos pagos a la empresa, pero esos dineros nunca llegaron a sus arcas.

“Los dineros aparecían girados a nombre de Wilson Pallares y Alfonso Rodríguez Ramírez”, señala León Castro, tras advertir que a estas personas no las conocen ni tienen relación alguna con la empresa de vigilancia.

La Opinión tuvo acceso a varios comprobantes de egreso con los que, aparentemente, se autorizaba y legaliza el pago a Coopsercívicos, pero los cuales no presentan las firmas de los encargados de la ESE. (Ver facsímil).

Por estos hechos, los abogados de la empresa de servicios de vigilancia entablaron una denuncia penal contra Páez Carrascal, por estafa y peculado por apropiación.

Adicionalmente preparan sendas quejas para ser radicadas en la Contraloría y la Procuraduría.

No se redujo el riesgo

El exdirector del Instituto Departamental de Salud, Javier Prieto Peña y el exgobernador Edgar Díaz Contreras, coincidieron en que a pesar del compromiso que había por bajar el riesgo del Centro de Rehabilitación, como fue posible con las demás ESE del departamento, y de las recomendaciones que reiteradamente se le hicieron al gerente Luis Fernando Páez, los gastos se incrementaron.

“De $1.634 millones que recibimos en el año 2012 subieron los gastos a $3.625 millones. La cartera que recibimos en el 2012 era de $399 millones y subió a $674 millones y los pasivos de la ESE que recibimos en $314 millones subieron a $1.639. Eso llevó a que el mismo Ministerio de Hacienda enviara un delegado que se reunió con el gobernador y con el director del Instituto Departamental de Salud y ellos determinaron que la ESE en esas condiciones era inviable y que la mejor solución que se podía tomar era liquidar”, aseguró Prieto Peña.

Díaz por su parte recordó que durante dos años consecutivos la Gobernación invirtió $300 millones y $150 millones respectivamente, pero la gerencia del Centro no cumplió con la labor de buscar contratos y vender servicios.

“El Centro también es una empresa y no se hicieron bien las cosas. La Gobernación no podía seguir girando recursos a algo insostenible y en quiebra, sería irresponsable. El gerente pudo, al igual que otras ESE, recuperarse, pero faltó esfuerzo y en cambio aumentaron los gastos”, dijo.

Según conoció La Opinión, aunque las relaciones entre Luis Fernando Páez Carrascal con el director del IDS y el gobernador eran estrechas al momento de  llegar a la gerencia, estas terminaron rotas.

Reposición de dineros

Recientemente, un hecho llamó la atención en el caso de Luis Fernando Páez y del cual ya tiene conocimiento la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

Según relató el abogado de la empresa Ortopédica Americana, Henry López, en septiembre pasado, Páez Carrascal se acercó a su oficina a cancelarle parte de la deuda que la ESE tiene con esa compañía.

“Me dice que no se tomó los $54 millones y que lo que hay es un desvío por culpa del pagador. Me entregó la plata y yo le dije que no le podía recibir el dinero. Le dije que hiciera un depósito judicial sobre ese dinero o fuera a la ESE”, aseguró López.

Finalmente, el exgerente del Centro de Rehabilitación hizo un documento dirigido al encargado de la entidad, Hernando José Mora, en el que le informa de la consignación hecha el 14 de septiembre por $30,7 millones a la cuenta de Ifinorte, que servía para los depósitos de la ESE.

En el documento asegura que la suma corresponde a la deuda que existe con la empresa proveedora de insumos ortopédicos y cuyos pagos figuran girados erróneamente “lo cual y obrando en mi buena fe, hago reposición de dicha suma y solo con el fin de evitar inconvenientes que perjudiquen mi buen nombre”.

“Yo no quebré el lugar”

Luis Fernando Páez, gerente de la ESE en el período 2012-2016, indicó que al momento de tomar las riendas de la entidad, de manos de Hernando Mora, esta ya se encontraba en alto riesgo. Aseguró que el centro quebró por falta de apoyo de la gobernación de Edgar Díaz Contreras.

“Recibí la ESE con $1.000 millones de pasivos. El lugar no sobrevive con la venta de terapias y si no hay convenios o inversión del gobierno departamental, es imposible  sostenerlo. Los convenios con la Alcaldía fueron de las únicas entradas que recibimos y con esos recursos se pagaron los servicios del personal. Todo se ejecutó”. El valor de los convenios con la Alcaldía fue de $3.800 millones.

“Yo no quebré el lugar, eso no es verdad. Mi defensa está trabajando para responder a los organismos de control con los soportes correspondientes”, dijo.

Reconoció que al finalizar 2015 quedaron pasivos por $1.600 millones que se fueron pagando. Eso sí, advierte que “existían deudas con proveedores desde mucho antes de recibir la gerencia. Reitero, recibí la ESE con pasivos de $1.000 millones”.

La Opinión intentó comunicarse nuevamente con Páez Carrascal para preguntarle por los casos específicos conocidos por el diario,  en los que se reclama el no pago de dineros que aparecen, presuntamente, girados, pero no respondió las llamadas.