Si el Clan del Golfo buscaba mostrarse como una organización política con el anuncio del cese de hostilidades para esta Navidad, es claro que, por ahora, sus únicos caminos son un sometimiento individual a la justicia o seguir escapando a las acciones de la Fuerza Pública, pues estas no se interrumpirán bajo ninguna circunstancia.
Aunque se ha rumorado sobre la posibilidad de agilizar el sometimiento mediante decreto, expertos en el tema no ven esta idea como una opción y señalan que el paso correcto es el mensaje de urgencia que se le dio al proyecto de ley de sometimiento, luego de que no prosperara por la vía del ‘fast track’.
Analistas consultados aseguran que es claro que el mensaje que da el Clan del Golfo es acertado de cara a la ciudadanía, en tanto que dicen estar “comprometidos con esfuerzos que nos permitan contribuir con una paz integral, total y duradera con el compromiso de no repetición”. Incluso, invitaron a disidentes de las Farc, a Los Pelusos y a Los Puntilleros, a sumarse y a detener la violencia.
El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, estima que ese cese de hostilidades es bastante positivo y “una muy buena noticia para (Juan Manuel) Santos y el país. Las Farc ya no existen como un grupo armado ilegal, el Eln está en un proceso de cese bilateral y ahora este anuncio del cese del Clan es muy productivo”.
No obstante, Ávila cree que para que el sometimiento se lleve a cabo todavía falta mucho. “Falta que el Congreso apruebe el proyecto de ley de sometimientos colectivos que tenía que haber pasado por ‘fast track’ y que no pasó (…) lo que significa es que el sometimiento no será ya. Eso tardará unos cuatro, cinco o seis meses al menos, mientras pasa el proyecto de ley”, considera Ávila.
El analista resalta que a pesar de este anuncio y de sus intentos de consolidarse como un grupo con ideología política y como Autodefensas Gaitanistas, el Clan “no tendrá negociación política. Recibiría beneficios como lo hace el gobierno de Estados Unidos, de poca cárcel, mucha información, entrega de algunos bienes y ellos se quedarán con algunos para poder vivir”.
El exfiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, enfatizó también en que actualmente la ley colombiana no contempla el sometimiento colectivo por lo que, en dado caso que quieran dejar ya las armas, el grupo ilegal tendría que hacerlo como personas que cometen actos relacionados con el crimen organizado.
“En realidad no hay normas que manejen esa figura del sometimiento colectivo. La persona que se quiera someter a la justicia tiene que presentarse ante la Fiscalía y plantear su deseo”, explicó Mendoza Diago.
Dicho esto, Otoniel tendría que someterse a la Ley 906 del 2004, que permite algunos beneficios judiciales como la rebaja de penas por aceptación de cargos y la posibilidad de llegar a preacuerdos o a principios de oportunidad a cambio de colaboración.
Para Mendoza Diago, el Clan del Golfo es una organización criminal que no debe tener hechos parecidos a una desmovilización o a una concentración en ciertas zonas. “Hay que separar muy radicalmente los episodios de las Farc, el M-19 y el Clan”, dijo.
En todo caso, los expertos consultados consideran que lo que se haga debe guardar proporción con el resto de la política criminal. Por ejemplo, el abogado penalista Francisco Bernate, si bien celebró el anunció de la organización criminal, cataloga como “incoherente” que se esté adelantando un nuevo proyecto de ley para favorecer a las bandas criminales.
“Debe haber una política criminal coherente; debe haber unas leyes que puedan resistir este tipo de procesos y no debe suceder que para cada tipo de desmovilización toque cambiar la ley colombiana”, manifestó el penalista.
La vía del sometimiento
El anuncio de Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, consiste en un cese unilateral “de acciones militares”, según el comunicado de prensa que publicaron el 13 de diciembre pasado, sin especificar cuánto tiempo va a durar, pero sí haciendo un llamado a la ciudadanía para que se haga una verificación del cumplimiento del mismo.
Citando el derecho a la paz consagrado en el artículo 22 de la Constitución Nacional e invitando a una Navidad tranquila y sin zozobra, el anuncio llega 18 días después de la muerte de Luis Orlando Padierna, Inglaterra, y en medio de una ofensiva de la Fuerza Pública que no da tregua. La misma que ha llevado al presidente Juan Manuel Santos a insistir en que “el camino que tienen es el sometimiento a la justicia”.
Precisamente, el jueves pasado, el jefe de Estado incluyó el proyecto de ley por medio del cual “se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”, dentro de un paquete de cuatro iniciativas más, para que el Congreso les dé trámite de urgencia, en marzo de 2018.
La iniciativa es la misma que se anunció hace algunos meses y cuya intención es adecuar los procedimientos penales existentes de investigación y judicialización, creando un sometimiento colectivo y diferenciado a los Grupos Armados Organizados (GAO) de los Grupos Delictivos Organizados (GDO).
Todo esto, con la posibilidad de una rebaja del hasta el 50 % de la pena en la investigación, pero teniendo en cuenta que seguirá tanto la extradición, como la extinción de dominio.
