Varios problemas jurídicos y políticos son los que tendrá que resolver en los próximos días el Consejo Nacional Electoral, CNE, por los resultados y financiación que se dio en las diversas campañas que participaron en el plebiscito del pasado 2 de octubre, en donde se buscaba refrendar los acuerdos de paz a los que llegó el gobierno con las Farc.
Aunque ya han pasado dos semanas y el escrutinio formal del plebiscito – el procedimiento legal con el cual la autoridad electoral expide la validez de la elección- comenzó el 3 de octubre, hasta el pasado día 14 no se había terminado.
Esta situación se suma como una incertidumbre más al momento político que se vive en el país tras el resultado del plebiscito, en donde el presidente Juan Manuel Santos aceptó abrir un diálogo con todos los sectores que promovieron el No e incluso los abstencionistas para recoger sus recomendaciones y lograr cambios en los textos.
La demora, según informó el CNE, es que tan sólo habían llegado los formularios completos del 75% del exterior, es decir, no todos los países en donde se votó por el plebiscito han enviado los formularios E-14, la base para hacer el escrutinio.
Esta situación se ha interpretado como una demora legal que han dado en el CNE ante las demandas que analiza la Corte Constitucional sobre la legalidad del plebiscito, lo cual podría en cierta manera complicar más la situación política.
Sin embargo, se conoció que en sala plena del CNE, la semana que inicia, se avalará por completo la elección del 2 de octubre, ante la inminente llegada de los formularios que están pendientes del exterior.
De otro lado, el CNE tendrá que dedicar su trabajo en los próximos días al análisis de los recursos que se usaron en la financiación de las campañas del plebiscito, tanto de los promotores del No como los del Sí.
Si bien el CNE extendió hasta el 2 de noviembre la fecha para reportar los gastos, hay situaciones judiciales que le llevarían a anticipar pronunciamientos al respecto, luego de que el viernes pasado los senadores Claudia López e Iván Cepeda demandaron a uno de los comités promotores del No.
López y Cepeda citan el contenido del artículo “Los cuestionamientos a bananeros detrás del No”, publicado el pasado 13 de octubre por el equipo de investigación de Verdad Abierta, en donde se reveló los presuntos vínculos entre algunos financiadores del Comité Promotor “La Paz es de Todos” y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los congresistas relatan en su denuncia que la publicación indica que el exjefe paramilitar del Frente Árlex Hurtado (del Bloque Bananero de las AUC), Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, señaló a algunas de las personas y empresas aportadoras a la campaña del No como financiadores de ese grupo ilegal.
Los senadores le pidieron en concreto al Consejo Nacional Electoral que se abra “una investigación seria y urgente para que, dentro de su competencia, se revisen los ingresos, la contabilidad y el reporte de gastos del comité promotor ‘La Paz es de Todos’, con el fin de determinar si existe o existió alguna irregularidad en la procedencia y características de los recursos de esta campaña que pudiera constituir una financiación indebida”.
Igualmente, le pidieron a la Fiscalía General de la Nación el estado actual de las investigaciones que contra estas empresas y sus directivos e inversionistas han ordenado las autoridades competentes, tanto fiscales, como jueces y magistrados.
