Esta tarde se escribirá un nuevo capítulo en la larga y enredada novela en que terminó convertido el proceso para elegir contralor de Cúcuta para el periodo 2016-2019.
Mientras en el Concejo, por tercera vez fueron convocados sus integrantes para proceder con la votación y en los estrados judiciales avanzan incidentes de desacato, impugnaciones, nulidades, entre otros recursos, ayer se conocieron nuevos datos sobre la única candidata a ocupar el organismo de control fiscal, Alix Yirley Vargas Torrado, esposa del excandidato a la Alcaldía, Jorge Acevedo Peñalosa.
Además de la demanda penal que días atrás fue instaurada en su contra por el presunto delito de falsedad en documento privado y que actualmente es analizada por la Fiscalía 15 Seccional de Fe pública y Patrimonio Económico, La Opinión conoció que la ingeniera agrícola está involucrada en otros tres procesos en la Contraloría, la Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En el proceso que cursa en el organismo de investigación, a Vargas Torrado se le achaca el haber manipulado, en compañía de Viviana García Martínez, su compañera de tesis y otra de las concursantes a contralora que terminó finalista, pero renunció, documentos de la Fundación Promover Desarrollo Social y Humanitario, de la que eran socias, “para nombrarse y nombrar a terceros en la junta y adquirir millonarios contratos con el municipio de Cúcuta”.
Este hecho ha sido negado por la candidata a contralora, quien asegura que aunque sí hizo parte de dicha fundación, renunció a ella hace varios años. “Hasta ese entonces, los denunciantes nunca aparecieron como socios activos de la entidad ya que no realizaban ningún aporte profesional ni económico como lo dicen los estatutos y las actas”, declaró Vargas. No obstante, el proceso seguirá activo hasta que la Fiscalía pueda confirmar o desvirtuar las acusaciones.
Desempeño como directora de Bienestar Social
Contra Alix Yirley Vargas Torrado, a quien esta tarde, a las 5:00, los concejales deberán decidir si respaldan o no para que se convierta en la próxima contralora de Cúcuta, también cursa un proceso de responsabilidad fiscal en la misma Contraloría que aspira a dirigir y uno disciplinario en la Procuraduría Provincial, por hechos relacionados durante su desempeño como directora de Bienestar Social del municipio, en la administración de Donamaris Ramírez.
En el primer caso, se busca determinar si Vargas Torrado es responsable en las aparentes irregularidades que rodearon la celebración del convenio 1146, firmado entre Bienestar Social y Cooguasimales, así como el contrato 1185 suscrito con el consorcio Club del Adulto Mayor (considerado el otro elefante blanco de la ciudad) y que generaron un presunto daño fiscal por casi $297 millones.
A este proceso, que se encuentra en etapa probatoria, también está vinculado su esposo Jorge Acevedo, y otros exfuncionarios de pasadas administraciones.
En la Procuraduría Provincial de Cúcuta, a la candidata a contralora le fue abierto un pliego de cargos por las presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para el suministro de desayunos y almuerzos a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Cúcuta, dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Entre tanto, en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander cursa una demanda de nulidad, en la que se pide dejar sin piso los actos administrativos que sustentan la convocatoria pública para elegir contralor de Cúcuta, entre ellas la lista de seleccionados que encabeza Alix Yirley Vargas Torrado y que fue elaborada por la CUN.
Concejales destapan votos
Un día antes de la nueva jornada de votación que tendrá lugar en el Concejo de Cúcuta para intentar elegir contralor, cuatro de los 19 concejales hicieron pública la forma en la que procederán en la plenaria convocada para esta tarde a las 5:00.
Se trata de Carlos Eduardo Camero, Yilmar Antonio Gerardino Ramírez, Juan Carlos Capacho y Oswaldo Rincón Uscátegui, quienes dejaron constancia desde ayer que su voto será por Alix Yirley Vargas Torrado, toda vez que es la única candidata de la lista “vigente y válida”, publicada por la corporación.
Estos mismos concejales son los que insisten en que sus demás compañeros no cumplieron con la orden impartida por el juez de tutela de “realmente elegir contralor municipal” y cuyos argumentos fueron tenidos en cuenta por el funcionario judicial para dar apertura al incidente de desacato en contra de los integrantes del cabildo.
Otros concejales, aunque no quisieron revelar cuál será su posición, también dejaron constancia de que asistirán a la plenaria de hoy para cumplir con la orden impartida por el juez.
*La Opinión
