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Viernes, 22 Mayo 2020 - 9:35am

Los sobrecostos en contratos superan los $400 mil millones

De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones.

Archivo Colprensa
Desde que se decretó la emergencia por la covid-19, los entes de control iniciaron una cruzada en el país, con el fin de que los dineros públicos no fueran malversados en la contratación para atender la crisis.
/ Foto: Archivo Colprensa

Un total de 512 procesos disciplinarios que involucran a 26 gobernaciones y 272 alcaldías, más de 3.000 contratos verificados y la alerta sobre unos $400.000 millones en aparentes sobrecostos, fueron algunos de los resultados presentados ayer por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo; y el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, como parte de  las investigaciones que adelantan por presuntos hechos de corrupción en la celebración de contratos durante la emergencia  por el coronavirus.

En el caso de la Procuraduría, el organismo de control informó que a la fecha tramita 999 controles preventivos, de los cuales en 512 ya ha habido una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos.

De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones: 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario. Entre tanto, hay 364 casos que involucran a 272 alcaldías del país.

Entre los funcionarios investigados por el Ministerio Público figuran la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y la secretaria de Salud de ese departamento, María Cristina Lesmes Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato para la compra de 400.000 tapabocas N95, 50.000 caretas de protección, 300.000 tapabocas 3 capas, 54.0000 polainas desechables, 50.000 batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy, por un valor de $15.132’829.976, para atender la emergencia por la COVID-19.

En la lista de mandatarios que está bajo la lupa del ente de control disciplinario también aparecen:

El gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y otros 11 funcionarios del departamento.

Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreep, y su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco Yepes.

Gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y los secretarios de Gobierno y Asuntos Sociales, Cristian Camilo Aldana Salazar; y de Educación, Víctor Manuel Mora.

Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Ya comenzó el juicio disciplinario en su contra, por presuntas irregularidades en un contrato por $570 millones.

El gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario por presuntas irregularidades con un contrato de compraventa por $1.714’041.000, 

El alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, fue citado a juicio disciplinario por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000.

El alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia.

Alcalde de Armenia, José Manual Ríos Morales.

En la Fiscalía

El fiscal general de la Nación, por su parte, anunció que ese organismo verificó más de 3.000 contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, adelantó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

Como resultado del trabajo adelantado hasta el momento, el ente acusador solicitó imputaciones y medidas de aseguramiento contra diez alcaldes del país por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.

Los 10 mandatarios municipales contra quienes recaen las medidas son:

Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.

Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.

Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.

Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.

Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.

San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.

San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.

Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.

Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.

Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados.

Otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados:  Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa; y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez.

En la contraloría

Por su parte, el balance presentado por la Contraloría muestra que los sobrecostos en los contratos firmados para atender la emergencia por el coronavirus ascienden a por lo menos $400.000 millones.

De 30 gobernaciones que se analizaron, solo seis no presentaron irregularidades: La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y Caquetá. Al menos el 21% de las compras de kits de alimentación y salud para entregar a población vulnerable presentaban sobrecostos.

Entre las investigaciones que adelanta la Contraloría figura la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra la Armada Nacional de Colombia, por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1’322.700 tapabocas convencionales.

Adicionalmente, el organismo de control abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales por casi $312 millones. Aquí aparecen: la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; el alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; el acalde de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y el alcalde de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

El organismo de control también anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contrataciones para atender la emergencia del coronavirus.

Contrato de Duque

La Procuraduría General también anunció que investigará si hubo o no irregularidades en el contrato suscrito por la Presidencia de la República, a través del Fondo Paz, con la firma Du Brands, para mejorar la imagen en redes sociales del presidente Iván Duque, por un monto de $3.350 millones.

Según el ente de control, de manera preliminar se pudo establecer que no es clara la conexidad del contrato con el objeto legal del fondo, y por esta razón se designó un equipo investigador que deberá evaluar tanto la legalidad como la oportunidad del contrato.

Tras el escándalo que se generó por este contrato, la Casa de Nariño argumentó que la estrategia de comunicación hace parte fundamental de la política de paz con legalidad del Gobierno.

Dijeron que la contratación se hizo en medio de la pandemia, debido a que ya existían recursos destinados a este fin desde 2019.

Colprensa

@Colprensa

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