La corrupción en América Latina y particularmente en Colombia es un fenómeno de alta gravedad e impacto, que deslegitima las instituciones y al minar la confianza ciudadana, pone en riesgo inclusive la democracia, generando enormes daños a la sociedad, especialmente porque afecta de manera directa a los ciudadanos menos favorecidos, pues les quita recursos y posibilidades para su desarrollo.
Muchas han sido las iniciativas y acciones que se han avanzado en Colombia para la erradicación de este problema. Sin embargo, aún persisten síntomas que muestran, de manera preocupante, que esta práctica sigue presente y que aún pervive la cultura de la ilegalidad, bajo el entendido de que obrar sin aplicar las normas, mediante conductas corruptas, genera réditos.
Tenemos que poner en el primer plano de la agenda nacional, la defensa de la ética y por ella, la promoción del interés superior de la sociedad y el cumplimiento de la Constitución Política.
‘La corrupción no muere; muta y se tecnifica’
Como he dicho en distintos escenarios, la corrupción nace, crece, se reproduce, no muere, muta y se tecnifica. La tragedia que vivimos con los fenómenos de corrupción comenzó siendo una especie de endemia, que tenía corto alcance, pero mutó en una epidemia, creció y pasó a ser pandemia de carácter global que se transmite fácilmente.
Existe una macro-corrupción interna, en la cual las grandes empresas multinacionales venían y le entregaban coimas a los funcionarios públicos colombianos; lo que hoy se vive es mucho más grave porque se pasó a esquemas de crimen organizado transnacional, que compromete estructuras en varias naciones, flujo internacional de recursos y afectación a proyectos de alto impacto para el desarrollo de los países.
La cultura de la trampa a la ley se presenta en todos los niveles. Empiezan por los casos de quienes en el servicio público esquivan los controles de acceso a las estaciones de bus o metro para no pagar el costo del pasaje, o frente a quienes evaden el pago de sus impuestos, así como en el caso de servidores que no cumplen con sus obligaciones laborales o del candidato y el elector que negocian votos en las elecciones, quebrantando las reglas de la democracia.
Pae, Odebrecht, y carteles, entre los más relevantes
La alimentación escolar de niñas, niños y adolescentes, a quienes les debemos todo en el presente y de quienes depende el futuro de nuestro país, ha sido uno de los fortines más deseados por los corruptos; contratistas inescrupulosos, en su afán de enriquecerse y llenar sus arcas, desconocen los principios de la contratación pública, admiten la facturación de alimentos por valores superiores a su costo real, suministran alimentos de mala calidad, que son cobrados a costos elevados, ocasionando daños irreparables a los menores, entre otras prácticas ya identificadas y sancionadas por la Procuraduría General de la Nación.
Y ni qué decir de los grandes actos de corrupción respecto del manejo de los recursos públicos, de las contrataciones y de la ejecución de proyectos de infraestructura, como los tristemente célebres casos de Odebrecht, la empresa de servicios públicos Triple A, el cartel de la contratación de la ciudad de Bogotá, la construcción de la Refinería de Cartagena, el Programa de Alimentación Escolar PAE en algunas ciudades y municipios del país, en los que han resultado involucrados personas con altos cargos, en las diferentes ramas del poder público en Colombia.
La salud tampoco ha sido ajena al insaciable apetito de los corruptos.
Por ejemplo, los carteles del VIH - SIDA, de la hemofilia, del bastón y los relacionados con la operación de la red pública de atención y la transición de Saludcoop, entre otros, son claras muestras de los enormes daños que este fenómeno causa a la población de nuestro país, en la medida en que importantes y escasos recursos se van a las arcas de algunos administradores y funcionarios de turno.
Más allá de generarse un detrimento al erario, se está atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y ciudadanos en general.
En Colombia, la corrupción consume el 5% del PIB
Las cifras son alarmantes. La corrupción en Colombia se come hoy el 5% del producto interno bruto, el 15% del presupuesto nacional y más del 18% de toda la contratación pública, datos que si bien son desesperanzadores, nos obligan a tomar decisiones de fondo y actuar mucho más rápido.
Han sido muchos los esfuerzos normativos que se han realizado en el país para buscar eliminar la corrupción: se han incrementado las penas en el ordenamiento penal, creado nuevos delitos, generado políticas de contratación transparente en las entidades del sector público, entre otras. Sin embargo, dichas medidas no son suficientes, porque los corruptos, todos los días están creando novedosas modalidades y estrategias de desfalco. Ello obliga al Estado y sus instituciones, incluidos los organismos de control, a diseñar nuevas herramientas que les permita perseguir de manera efectiva a todos aquellos que tienen como finalidad apropiarse de los bienes públicos.
Desde que asumí el liderazgo de la Procuraduría General, hemos realizado importantes esfuerzos para contar con una entidad moderna, fortalecida y con herramientas tecnológicas que contribuyan y faciliten la identificación e investigación de los actos de corrupción y que llegue a todos los rincones del país; así mismo radicamos en el Congreso de la República un proyecto de ley de probidad, que busca fortalecer la acción preventiva del Ministerio Público, actualizar los mecanismos de control, en especial los tecnológicos, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer las sanciones para quienes incurran en actos de corrupción.
Esta tarea es de todos. Continuemos colectivamente en su ejecución, pues el desarrollo y perspectiva de una Colombia democrática y en paz, depende de que logremos los resultados que esperamos.
1.500 sanciones en 2018
Nuestro compromiso con el país en la lucha contra la corrupción, se ve reflejado en las más de 1.500 decisiones sancionatorias que hemos proferido en lo corrido del año contra servidores por faltas disciplinarias, las cuales han generado multas, que en algunos casos superan los treinta mil millones de pesos.
La Procuraduría ha tomado decisiones contundentes y hemos avanzado en una política de cero tolerancia con la corrupción. Estamos liderando esfuerzos para enfrentar problemas en materias como salud, planes de ordenamiento territorial y urbanismo, medio ambiente, procesos electorales, infraestructura, teniendo por prioridad la defensa del ciudadano y de la moral pública.
*Por: Fernando Carrillo Flórez - Procurador general de la Nación
