A las diferencias que rodean el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, se suman elementos relacionados al desarrollo de un eventual acuerdo final de paz. El primero cuestiona cómo se refrendarán los acuerdos de la mesa por los colombianos y el segundo cómo se van a implementar jurídicamente.

No en vano estos ingredientes han atizado el debate público, pues para algunos sectores aún no hay claridad en el mecanismo que se utilizará para dirimir ambos asuntos, aun cuando en voz del Gobierno la negociación de La Habana ya entró en su recta final. 

Además, ahora el presidente Juan Manuel Santos asegura que la refrendación “no tiene que ser un procedimiento con efectos legales, sino un procedimiento político”, lo que buscaría blindar los acuerdos de la mesa, al no tener vinculación jurídica en la refrendación, que ahora se acercaría más a ser una participación simbólica de los colombianos.

¿Ensillando antes de traer la bestia?

En opinión de la senadora Claudia López, el gobierno se ha precipitado abriendo el debate en un tema que fue bandera de la campaña reeleccionista, pues cabe recordar que al tomar posesión de su segundo mandato, el 7 de agosto de 2014, Santos se comprometió a que “serán los colombianos los que refrendarán el acuerdo final que allí se alcance”.

“Primero Santos dijo que la última palabra sobre esos acuerdos la tendríamos los colombianos en las urnas mediante un referendo y luego de que los colombianos aceptemos esos acuerdos, que son base de la legitimidad, ahí sí se podrían implementar. Entonces ahí pensaríamos en un mecanismo de implementación, pero por ahora el Presidente está ensillando sin tener las bestias”, dijo López.

De otro lado, David Barguil, presidente del Partido Conservador, dijo que se debe insistir en que el gobierno cumpla con lo que planteó inicialmente, por lo que reiteró “la necesidad de llevar esos acuerdos a un referendo y que los colombianos puedan decir si están o no de acuerdo con lo que se pacte”.

En cuanto a la implementación, etapa posterior a la refrendación popular, que implicará adoptar varias reformas constitucionales e institucionales, el dirigente rechazó la opción que planteó Santos sobre poner en marcha un “congresito” o una “comisión legislativa” transitoria, para que reglamente los posibles acuerdos de paz.

Aunque el gobierno insiste que esta no reemplazaría al Congreso, pues estarían los propios congresistas y delegados de las Farc que ellos determinarían, para el conservatismo es inconstitucional que existan dos cuerpos legislativos en el país.

“Además el tema de fondo es si aquí se está pretendiendo que miembros de las Farc hagan parte de un congreso o un cuerpo legislativo para que se aprueben ellos mismos los acuerdos, en virtud de lo que se firme en La Habana”, cuestionó el representante.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, un “congresito” rompería el orden constitucional vigente, por lo que la labor de la implementación deberá estar en manos del Congreso de la República.

Sobre la refrendación, el analista explicó que no existen mecanismos de participación en la Constitución Política que sólo tengan un fin político, como lo plantea Santos, sino para que el país se pronuncie sobre proyectos de desarrollo o reformas a la Carta Magna.

“La mejor manera en la que se podría adelantar un voto popular que tenga un efecto político es a través de presentarle lo pactado a los ciudadanos en el marco de una consulta popular, porque hay que recordar que estos acuerdos no solo tienen contenido político y de reforma legal, sino planes de desarrollo que cambian completamente el modelo de desarrollo del país”, señaló el experto.

Así las cosas, lo que requiera trámite constitucional podría evacuarse a través de los canales que la ley contempla en el Congreso, sin necesidad de acudir a los ciudadanos.

“Ahí se matan dos pájaros de un tiro, porque se puede consultar la opinión de los ciudadanos en lo político y también se puede generar un mandato en materia de planes y programas de desarrollo”, agregó Restrepo.

En ese punto, Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, considera que la salida que le queda al gobierno a una condición que se auto impuso, es una participación similar a la séptima papeleta, en la Constitución del 91.

“Sería una ‘papeleta por la paz’ o una especie de validación genérica, lo que la opinión pública podría sentir como un ‘conejo’ a su validación, porque no tendrá ningún efecto jurídico. Es decir ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ el acuerdo final”, explicó.

Fórmulas de la Justicia Transicional

Mientras en el terreno de juego se debate por la refrendación y la implementación de un eventual acuerdo, en la mesa las partes dirimen sus diferencias en torno a la justicia transicional y en cómo administrar el disenso en beneficio del proceso.

Precisamente, ante la pregunta de si el modelo que se aplique a las Farc también debería aplicarse a quienes han cometido crímenes de Estado, incluyendo a facilitadores civiles, Santos asegura que es un paso necesario para cerrar el conflicto definitivamente.

“Todos los que han cometido crímenes de guerra deben ser juzgados y acogerse a la justicia transicional”, dijo el jefe de Estado. Sin embargo, aclaró que las fórmulas podrían variar según los actores, pero serían aplicables a todos los que cometieron delitos en el conflicto.

Para Ariel Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, lo que busca la justicia transicional es encontrar a máximos responsables y luego, en materia punitiva, se le daría un tratamiento diferencial dependiendo de su culpabilidad.

“La justicia transicional es un paquete completo, no se trata de que sea igual o no con un actor u otro. Pueden variar las penas, pero debe haber verdad, justicia y reparación”, aclaró Ávila.

Ante este panorama, crece la expectativa por la ‘creatividad jurídica’ que empieza a cocinarse en la búsqueda de consensos tanto en la mesa, para que la justicia transicional reduzca al mínimo la impunidad, como en el país, para que no se desdibuje la promesa de que sean los colombianos, a través de su voto, quienes tendrán la última palabra en los acuerdos de paz.

A comienzos de mayo pasado y faltando tan solo unos meses para terminar su periodo de gobierno, el Consejo Nacional Electoral (CNE) profirió una resolución mediante la cual sancionó con la pérdida del cargo al alcalde de Cota (Cundinamarca), Campo Alexander Prieto García, avalado por el Polo Democrático Alternativo.

La razón: el exceso en los gastos de su campaña, que se hicieron evidentes en excéntricas actividades, como los grandes conciertos que ofreció a sus seguidores con reconocidos artistas como J Balvin y Jorge Celedón, entre otros.

Esto, por cuanto de $57,5 millones que el entonces aspirante podía usar para impulsar su proyecto político, pasó a $110, con lo cual infringió de manera desbordada los límites de ingresos y gastos establecidos en la ley.

Aunque tuvieron que pasar casi cuatro años para que se tomaran los correctivos del caso, hoy, cuando el país está ad portas de un nuevo proceso democrático, el máximo organismo electoral vuelve a llamar la atención frente a la necesidad de respetar los topes de campaña fijados y evitar que situaciones como la de Prieto García se repitan.

En ese sentido, como es habitual en cada elección, el CNE activó todas las herramientas con las que cuenta para evitar que quienes buscan llegar al poder y las corporaciones públicas, pasen por encima de la legislación y se burlen de los límites que se les exige como candidatos.

Freno a los dineros ilícitos

Una de las primeras medidas que se tomó para evitar que, como en otros años, los dineros ilícitos y de dudosa procedencia se infiltren en las campañas políticas, fue la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Esto, con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación prohibida de las campañas electorales.

“El convenio estipula que en adelante el CNE suministrará a la UIAF la información necesaria para llevar a cabo tareas de análisis financiero relacionadas con posibles operaciones sospechosas relacionadas con la corrupción y el lavado de activos en el ámbito electoral”, explicó el vicepresidente del órgano electoral, Felipe García Echeverry.

Esta alianza permitirá contar con diferentes recursos para hacer seguimiento al origen de la financiación de aquellas candidaturas sobre las que haya sospecha.

A poner las ‘cuentas claras’

La otra estrategia ampliamente conocida que ha implementado el Consejo Nacional Electoral desde hace varios años para ejercer un estricto control de los ingresos y gastos de las campañas, es el aplicativo ‘Cuentas Claras’.

De acuerdo con el vicepresidente del CNE, todas las campañas políticas están en la obligación de reportar sus movimientos económicos desde el mismo momento en que inscriben la candidatura, en esta plataforma.

Estos informes deberán ser presentados dentro del mes siguiente a la fecha de la elección.

De la misma forma, a raíz de la polémica que se generó por el poco equitativo uso de recursos en que incurrieron los candidatos por firmas -que abundaron para estas elecciones-, en mayo pasado fue expedida una resolución en la que se estableció que los aspirantes respaldados por grupos significativos de ciudadanos también deben reportar los gatos en que incurrieron para este proceso.

Después de los plazos establecidos para entregar los reportes, el CNE se encargará de hacer el respectivo seguimiento, con el objetivo de determinar si la campaña pudo o no haber incurrido en una violación de los topes.

En caso de que se encuentre probado que el candidato cayó en un exceso, este podría ser objeto de la pérdida de la curul o del cargo respectivo. Entre tanto, el partido, como ocurrió en Cota, no podrá presentar aspirante a la siguiente elección en ese mismo municipio.

Actualmente, el CNE adelanta 18 investigaciones por publicidad electoral extemporánea en Norte de Santander, lo que representa necesariamente la inversión de recursos no autorizados para la financiación de las campañas.

Para tener en cuenta

¿Ante quién deben presentar los candidatos el informe de ingresos y  gastos?

Los gerentes de campaña, según el caso, y los candidatos inscritos por los partidos y movimientos políticos lo presentarán ante la respectiva organización política.

Cuando se trata de candidatos a cargos uninominales (alcaldía o gobernación) por grupos significativos de ciudadanos, lo presentarán ante la respectiva autoridad electoral encargada de realizar la inscripción.

¿Para qué rendir el informe de ingresos y  gastos?

Para dar a conocer la cuantía, el origen y destino de los  recursos recibidos.

Para  acceder a los recursos de reposición de gastos de campaña financiados por el Estado, en caso de lograr los porcentajes mínimos exigidos.

¿Cómo llevar las cuentas de la campaña electoral?

De todos los ingresos y gastos se debe levantar el respectivo soporte documental. Cada uno de los ingresos y gastos se debe asentar en un libro destinado para tal fin, el cual debe registrarse ante la autoridad electoral encargada de la inscripción del candidato o de la lista.

¿Qué ocurre con los ingresos y gastos en que incurrió la campaña con anterioridad al registro de los libros de contabilidad?

Se debe presentar por escrito la relación de los ingresos y gastos en que se haya incurrido hasta el momento del registro del libro y con posterioridad debe anexarse, por parte de los candidatos, al informe de ingresos y gastos de su campaña.

¿Qué sanciones se van a aplicar por la no presentación o presentación extemporánea del informe de ingresos y gastos de campaña?

Consistirá en multas cuyos mínimos y máximos se pueden consultar en la página web del Consejo Nacional Electoral.

Los topes

Tal y como lo establece la Ley, el Consejo Nacional Electoral es el encargado de fijar los montos de gastos que pueden usar los candidatos y sus campañas, para promover determinado proyecto.

Este año, en departamentos como Norte de Santander, a los candidatos a la Gobernación se les fijó un tope máximo de gastos de 1.751’791.712 millones y para la Alcaldía de Cúcuta, el límite está en 1.617’936.803 millones.

Según la Ley 1475 de 2011, también conocida como reforma política, los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a las siguientes fuentes para la financiación de sus campañas:

Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen.

Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares.

Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento.

La financiación estatal.

Frente a esta última posibilidad, para este año, el Gobierno Nacional destinó $30.000 millones para financiar el ejercicio de la política, los cuales, explicó el magistrado Felipe García Echeverry, se deben distribuir como anticipos entre las campañas que así lo quieran solicitar.

“Con la financiación estatal se busca generar un equilibrio que pretende evitar que quien tenga más plata, tenga más opciones políticas”, explicó el vicepresidente del CNE.

Como se recuerda, los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un 80% de anticipo de la financiación estatal para las consultas o las campañas electorales en las que participen.

Estos dineros se deducirán posteriormente de la reposición de los gastos de campaña que fija la ley para quienes participen en una contienda electoral.

*Bogotá (Colprensa)